Gobierno Santos improvisa política de drogas

Si bien en todos los gobiernos de Colombia se han dado importantes avances en materia de lucha contra las drogas, no podemos desconocer que en los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez se hicieron más notorios, contundentes y efectivos. Se demostró que sí se podía reducir la extensión de cultivos de coca sin posibilidad de resiembra, comenzando en 2002 con  102.000 hectáreas y terminando en 2010 con 62.000 hectáreas. 

En aras de una política integral, se realizó en el 2009 la gran encuesta de hogares, que permitió determinar cómo estaba el consumo y por ende que acciones se requerían en esta materia, entre ellas, se lanza la campaña “territorio libre de drogas” la cual sigue vigente, que tenía como objetivo acabar con el consumo de droga en todo el territorio colombiano. El mensaje era tolerancia 0 a la droga. Esta campaña incluía la visión de combatir la criminalidad disminuyendo el consumo, se tenía claro que gran parte de los delitos, se cometían bajo el dominio de la droga.

Se formula por primera vez un enfoque de salud pública frente al consumo, se diseñó una estrategia mixta que incluía la criminalización del distribuidor y la rehabilitación del adicto, esto se evidenció en el acto legislativo 2 del 2009. Aprobado en el Congreso de la República con una voluntad mayoritaria, se prohibía el porte y consumo de la dosis mínima (constitucional desde 1994). Este acto era el gran avance a través del cual el Estado asumía por primera vez que el adicto era un paciente y no un delincuente, y lo más innovador, la responsabilidad de los tratamientos.

Al terminar el gobierno de Álvaro Uribe el 7 agosto del 2010, queda en trámite ante el Congreso de la República la reglamentación de tan importante Acto Legislativo, la cual nunca se completó. Así las cosas, comienza el nuevo gobierno con ideas distintas, se pone sobre la mesa la legalización de la droga y se suspenden las acciones de erradicación de los cultivos de coca, que se evidencia en 2011 con 64.000 hectáreas aumentando en 2000 hectáreas respecto a 2010.

La política de drogas se comienza a improvisar, se continúa con la criminalización de los distribuidores pero en escenarios internacionales hablamos de legalización (Cumbre de las Américas, Cartagena 2012). Se erradica de afán durante los últimos tres meses del 2012 para mostrar un indicador bajo, en  el reporte de monitoreo del SIMCI, dando como resultado una erradicación de 48.000 hectáreas. La semana pasada nos informan en medios de comunicación que estas hectáreas tienen un alto riesgo de resiembra porque no se brindaron alternativas a los cultivadores, por improvisar y no tener un plan de largo alcance.

En cuanto al consumo también se ha improvisado, vemos según el Estudio de la Comunidad Andina de Naciones 2012, que somos el primer país consumidor de droga en Universidades, en el  Estudio 2011 del Ministerio de Educación y Salud observamos que se inicia  el consumo de droga a muy temprana edad entre estudiantes de colegio de 11 a 17 años.  Ante estas cifras la respuesta del gobierno fue la ley 1566 el 31 de julio de 2012 que repetía del acto legislativo 2 del 2009 que las drogas eran un asunto de salud pública. A través de esta ley que sí quisieron reglamentar, impulsan en marzo de 2013 el Estatuto de Drogas, que permitiría la dosis mínima de marihuana y cocaína, y posteriormente de drogas sintéticas. La presión política es tal, que no se radica después de defenderse radicalmente por el gobierno. 

Ante esta situación no se cambia de posición, no se reflexiona, seguimos por el mismo camino sin reglamentación.  Se mira para otro lado mientras se  concede espacio a los voceros de las FARC en La Habana de proponer cómo sería el consumo de coca en Colombia. Las FARC comienzan en septiembre 2013 a decir que no son narcotraficantes (igual que en el Caguán), además hacen propuestas de cómo debe ser la política de drogas contrariando todo el consenso internacional. Así las cosas, las FARC son quienes proponen política pública mientras el gobierno es un mero espectador.

Sin dejar lo anterior, el fin de semana del 14 de diciembre, vemos en el periódico El Tiempo como el Viceministro de Justicia reporta los resultados de los paneles de discusión de la semana anterior respecto al consumo de droga, plantea como el 56% de la población carcelaria delinque bajo dominio de la droga y el 59.6% en el caso de los menores.  Dice también como gran avance que se retomarán los tribunales de tratamiento, que eran estructuras institucionales propuestas por el gobierno Uribe en la reglamentación que nunca se hizo del acto legislativo 2 del 2009.

Como pueden ver, el gobierno ha improvisado a diestra y siniestra, se ignoraron propuestas valiosas que venían del gobierno Uribe, mientras tanto crece el consumo,  la erradicación no es permanente sino de afán para mostrar reducción de resultados, no se dan alternativas a los cultivadores cuando se erradica, mientras las FARC atacan los aviones de fumigación. (Tal y como se publicó en medios el 17 de diciembre). 

No podemos ir en contra del consenso internacional porque nos convertiríamos en el segundo paraíso de las drogas latinoamericano, como ya lo hizo Uruguay hace quince días. Las drogas deben ser combatidas como parte de una política de Estado y no de gobierno. 

En resumen, hemos perdido tres años, en los que nuestros jóvenes se consumen por la droga,  mientras las FARC ganan espacio y tiempo haciendo propuestas de política de drogas ante un gobierno flexible, permisivo e improvisador.

*Directora Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas 

Universidad del Rosario, Bogotá-Colombia