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Opinión

  • | 2017/06/03 08:25

    ¿Tanto bombo para eso?

    El Decreto 902 de 2017 no es más ni menos potente que muchas de otras leyes expedidas por el gobierno en condiciones de excepcionalidad. Pero está muy lejos de ser el corazón proyecto reforma rural que inicialmente se puso sobre la mesa e hizo crujir el establecimiento agrario y empresarial del país.

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Muy rápido le han medido el aceite a los Acuerdos con las FARC. Las presiones ejercidas por los empresarios y algunos sectores políticos y sociales (no uribistas) preocupados por el rumbo que estaba siguiendo el gobierno en el desarrollo de los acuerdos, se hicieron sentir.

Un repaso a los 34 decretos expedidos con fuerza de ley expedidos el fin de semana anterior, muestra que el gobierno no tiene el poder suficiente para imponer los acuerdos con las FARC, y los negociadores de la guerrilla, si quieren seguir en el proceso, también van a tener que tragarse uno que otro sapo. Porque tampoco tienen el poder de presión que creen tener.

Basta ver el Decreto 902 de 2017, sobre acceso y formalización de tierras, que se constituía en el motor de la reforma rural integral, comprometida por el gobierno Santos con las FARC. Lo que en principio parecía una norma que cambiaría de fondo la estructura agraria del país, y frente a la cual los voceros de la guerrilla habían sido reiterativos sobre su inmodificabilidad, terminó siendo una norma más o menos inocua que cumple con los compromisos, pero no tiene los instrumentos para garantizar su ejecución.

¿Qué explica ese cambio? Sin duda, el gobierno se dejó desbordar por la negociación de los textos. Sobre todo cuando vio que las tensiones alcanzaban niveles que los propios involucrados ni siquiera habían imaginado. De un lado, fueron apareciendo cada vez más empresarios y expertos que, ante los alcances del proyecto de Ley acordado con las FARC, comienzan a comprender la dimensión de los problemas que se podían venir, si no de hacían “propuestas de fondo al proyecto”. Y del otro, estaban las FARC que, ante la debilidad gubernamental frente las presiones empresariales, aumentaba sus exigencias por el cumplimiento de los acuerdos, llegando incluso a exigir tierras para sus guerrilleros. En la medida en que el tiempo más acosaba, mayores eran las exigencias de conciliar las propuestas de uno y otro lado.

Pese a que, una y otra vez el gobierno dijo que se trataba de un proyecto que había sido socializado y nutrido por “amplios sectores de la sociedad”, el ambiente de tensión demostró lo contrario. Ni el gobierno ni las FARC, habían promovido una discusión real y abierta de los acuerdos. Ni los empresarios y expertos habían estudiado y dimensionado el alcance de los compromisos adquiridos por los negociadores en la Habana. Y solo ahora que comienzan a entender lo que sucede, pone el grito en el cielo.                                     

Cada vez fue más evidente que el gobierno había manejado la negociación, a la manera de su tradicional manejo de los paros cívicos. Con tal que las FARC se desmovilizaran y entregaran las armas, se comprometió recursos que no tenía y utilizó facultades que no le habían sido concedidas. Todos sabían que la obligación de entregar 3 millones de hectáreas y formalizar 7 millones de hectáreas más, además de desbordar la capacidad que históricamente había tenido el Estado colombiano para tramitar entrega de tierras o su formalización, iba a poner al Estado ante una presión política y social por recursos para desarrollo productivo, obras de infraestructura que superan ampliamente la capacidad fiscal del país. Y sin embargo firmó. Pero a diferencia de los paros cívicos, las FARC no solamente tienen como presionar el cumplimiento de los acuerdos, a través de la comunidad internacional, sino también movilizando comunidades en los territorios o en las mesas de negociación en los territorios. Y el gobierno ya esta notificado.   

Por esa razón, aún cuando no se trataba de dos proyectos antagónicos, las diferencias entre uno y otro se hacían sentir cada vez más. Si el gobierno cedía a las presiones de los empresarios, las FARC reaccionaban haciendo ver que se podía romper el proceso; pero optaba por cumplir lo acordado en la Habana, entonces eran los empresarios los que apretaban al gobierno amenazando con retirar el apoyo que tanto necesitaba.

El pulso que se produjo por fuera de los canales “formales” establecidos por gobierno y FARC, asustó a los negociadores y al propio Presidente Santos. Y si además la Corte Constitucional se había atrevido recortando los atributos procedimentales del Fast Track, pues para las partes el riesgo de que la negociación fracasara se hizo sentir por primera vez.

Por eso, de manera discreta, casi por debajo de la mesa, el gobierno optó por pasar la pelota de los asuntos polémicos de la reforma rural integral al Congreso para que sea en ese escenario en donde se discutan y aprueben por la vía legislativa. Por la gubernamental quedó claro que no tiene la fuerza política ni el poder institucional para sacar adelante la reforma que soñaban las FARC.

Así, la que el gobierno proclamaba como el eje de la gran reforma rural integral, terminó reducida a un frágil Decreto-Ley (902 de 2017), exhaustivo en medios pero no en fines. Es decir, una norma que después de  14 páginas de considerandos, define quienes son los sujetos para acceso y formalización de tierra, y las condiciones requeridas para tal efecto; crea el sistema de registro, que identifica a los beneficiarios y ordena los procesos de acceso y formalización; Y crea el Fondo de Tierras para la Reforma Integral Rural, como un fondo cuenta para facilitar el acceso de la población a la tierra. Que hay mecanismos muy poderosos, que podrían ser utilizados para acelerar la reforma soñada, es cierto. Pero institucionalmente la Agencia Nacional de Tierras no tiene la fortaleza política, técnica, instrumental y presupues-tal necesaria para cumplir con el enorme poder que le confiere la Ley. Y pasarán muchos años, para que pueda tenerla.

Es evidente que en el Decreto 902 de 2017, no es más ni menos potente que muchas de otras leyes expedidas por el gobierno en condiciones de excepcionalidad. Pero está muy lejos de ser el corazón proyecto reforma rural que inicialmente se puso sobre la mesa e hizo crujir el establecimiento agrario y empresarial del país. ¿tanto bombo para eso?

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