¿Se justifica un apoyo sin reserva al Gobierno?

No tiene nada de extraño pertenecer a una coalición de Gobierno. Si ningún partido detenta mayorías en el Congreso o en el Parlamento, las coaliciones vienen como anillo al dedo. 

Pero apoyar a un gobierno, no significa aprobar de manera absolutamente incondicional e irreflexiva todas sus políticas, así algunas de ellas sean manifiestamente erróneas y perjudiciales para el país. Me referiré a dos casos:

a) ¿Cómo respaldar la conducta gubernamental de no comparecer ante la CIJ en la demanda de Nicaragua contra Colombia sobre la Plataforma Continental Extendida? Es pertinente preguntarse qué implica no comparecer. Nos lo dice nuestra Canciller Holguín: “No comparecer incluye medidas como no participar en las reuniones con el presidente de la corte y el agente de Nicaragua, no entregar alegatos escritos formales, y no tomar parte en las audiencias públicas”.

(Semana, edición 1.770, p.42) Enumeración a la cual podría agregarse que tampoco se participaría en el debate probatorio. Si además tenemos presente que “Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor” (Numeral 1, a.53 del Estatuto de la Corte), es indiscutible que los intereses nacionales quedan, así, gravemente comprometidos. Todo esto es más insensato si se tiene en cuenta que posiblemente contamos con ocho votos de 16, que se inclinan a favor de la tesis de Colombia en esta materia, hasta el punto de creer que ya es cosa juzgada.

b) Desde otro punto de vista ¿cómo apoyar que se someta el disfrute de los derechos constitucionales fundamentales como el de la paz, a la voluntad de los electores, por ejemplo, en el “Plebiscito por la Paz”, así llamado por el proyecto de ley estatutaria respectiva? ¿Cómo estar de acuerdo en que los derechos de las minorías, por ejemplo, el de la igualdad en materia de contratación matrimonial, queden en manos de las mayorías expresadas en las urnas?

¿Por qué no explicarle al Gobierno que las mayorías en una democracia tienen como límite el respeto a los derechos constitucionales fundamentales? ¿Las mayorías no pueden disponer de los derechos de las minorías en un estado social y constitucional de derecho? ¿Estas pueden sucumbir a la tentación de levantarse en armas al ver cerrados todos sus caminos? Exactamente eso fue lo que sucedió a propósito del llamado “Plebiscito de 1957”, que excluía a quienes no fueran liberales o conservadores del derecho fundamental al desempeño de funciones públicas. Esos que pensaban diferente no podían ser ni magistrados ni auxiliadores de juzgados, ni ministros ni porteros, ni embajadores ni cónsules, ni senadores ni concejales, etc. Ello fue posible bajo la Constitución de 1986, pero no lo es bajo la de 1991.

¿Será que las fuerzas que apoyan al Gobierno tampoco quieren oír ni entender? ¿Por qué no toman conciencia de la pretensión de éste de estar por encima de la Constitución en materia de derechos; y del orden jurídico internacional en cuanto a los fallos y competencia de la CIJ?

El esfuerzo nunca bien ponderado del Gobierno por conseguir la paz para los colombianos demuestra de su parte una gran sensibilidad y responsabilidad con el futuro del país y con las presentes y próximas generaciones. Ese esfuerzo merece que las fuerzas que lo apoyan le hagan caer en cuenta de sus errores. Repitamos una vez más la frase de Bolívar: “Sólo es amigo del gobernante el que le dice la verdad”.

*Constituyente 1991