Golpe histórico

Auacia y coraje. Se necesitaban ambas virtudes para extraditar de una sola vez a 14 de los más importantes jefes paramilitares. El golpe de opinión fue contundente y devolvió la iniciativa política al Presidente. De paso, cerró la boca a quienes sostuvieron que el proceso de paz con las autodefensas no era cosa distinta a un pacto de "yo con yo" en virtud del cual los paras gozaban de penas ínfimas y evitaban la extradición, como se atrevieron a decir algunos.

Con la decisión, la estructura del narcotráfico sufre un nuevo y serio revés. Y las bandas emergentes, que ya habían sido atizadas con la captura y la muerte de los mellizos Mejía Múnera, quedan huérfanas de sus más importantes referentes.

De carambola, Uribe consigue también eliminar otro de los argumentos de sus contradictores en el partido demócrata y da una puntada más a favor de la firma del tratado de libre comercio.

Los extraditados pagaron caro su burla al proceso. Ya están en Estados Unidos y esperan sentencias de 15 años de prisión como mínimo. Y ello siempre que negocien con las autoridades norteamericanas, para lo que, por cierto, tienen poco margen. Si les va bien, tendrán que pasar en prisión el doble del tiempo que el que les esperaba en Colombia.

Más aun, contrario a lo que se ha dicho, la extradición no los pone a salvo de sus obligaciones en nuestro país. Si bien es verdad que no podrán ser juzgados de nuevo por estos delitos del narcotráfico, sí pueden serlo por los crímenes de lesa humanidad y de guerra que han cometido. Crímenes que, no sobra recordarlo, son imprescriptibles. En otras palabras, si los extraditados no cooperan con las investigaciones que sobre esos delitos se realizan en Colombia, se exponen a que después de que cumplan sus condenas en el norte sean deportados a nuestro país para cumplir con sus otras obligaciones judiciales.

Así que se preocupan en vano quienes creen que la extradición sólo sirve para privilegiar la lucha contra el narcotráfico y deja en impunidad delitos más graves. Y se equivocan de manera grave quienes creen que con ella se puso fin a los procesos que se seguían en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

En la peor de las hipótesis para los extraditados, después de las condenas allá, vendrán a cumplir sus sentencias acá. Y si quieren evitar que las penas sean las prescritas en el Código Penal, es decir, si pretenden mantener las establecidas en la Ley de Justicia y Paz, tendrán que cooperar. No tienen otro camino.

Por lo mismo, es previsible que, ahora sí, los extraditados entreguen sus bienes. De manera que reparación a las víctimas va a haber. Primero, porque en cualquier caso, es una obligación que el Estado ha asumido con independencia de los dineros, inmuebles y muebles de los paras. El gobierno ha anunciado contar con siete billones de pesos para eso. Segundo, porque el Estado puede ir por las riquezas de los extraditados a través de la extinción de dominio. Después, porque la extradición va a hacer eficaz el incentivo de la entrega voluntaria de bienes, tanto para los extraditados como para los que aun están acá. Finalmente, porque por fin hay un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que algunos habíamos pedido con obstinada insistencia, para que los bienes que ofrezcan los extraditados allá vengan para la reparación aquí.

Y también habrá verdad. Hasta hoy, las declaraciones habían sido a cuentagotas y llenas de medias verdades y mentiras. Los paras han dosificado su "verdad" de acuerdo con lo que consideraron política y judicialmente conveniente. Y usaron la "información" para venganzas personales, afectar a enemigos políticos y hacer toda clase de chantajes. Ya no podrán seguir con la estrategia de salpicar a todos para buscar una ley de punto final. Ahora deberán contar lo que saben y no podrán ponerse de acuerdo entre ellos Además, se ha garantizado el acceso del sistema judicial colombiano a los extraditados. El subsecretario Shannon y el embajador Brownfield han dado toda clase de declaraciones en ese sentido y no veo por qué no hay que creerles.

Finalmente, el antecedente pondrá presión en los jefes paramilitares no extraditados para que no dilaten más el cumplimiento de sus obligaciones en el proceso de paz. Para los que se quedan, el mensaje es contundente: si siguen en la tónica de tomar del pelo, manipular la verdad, negarse a reparar o continuar delinquiendo, corren el riesgo de seguir a sus camaradas.