En la idea liberal del mundo, la humanidad no sigue un curso predeterminado. Si los seres humanos somos distintos, como individuos e integrantes de grupos y comunidades, el ejercicio del bien supremo de la libertad nos puede conducir a planes de vida disímiles. De allí que el papel del Estado consista en ser árbitro de los conflictos inherentes a la vida social y en proveer bienes y servicios básicos. No existe un inventario definitivo sobre qué se entiende por tales.
El liberalismo moderno es constitucional. Se inspira en un conjunto de valores (libertad, pluralismo, tolerancia) y en una arquitectura institucional diseñada para impedir que cualquier actor —mayoría electoral, gobernante, partido, facción— pueda concentrar el poder y usarlo arbitrariamente. Es la respuesta liberal a la pregunta: ¿cómo convivimos en una sociedad naturalmente conflictiva sin destruirnos?
En términos ideológicos, el “socialismo científico”, tal como lo concibió Karl Marx, se encuentra en la orilla opuesta. La historia tiene una lógica interna: avanza por etapas impulsadas por la lucha de clases hasta que, en un tiempo indeterminado o mítico, ellas desaparecen. Llegamos así al reino de la abundancia, una suerte de paraíso terrenal judeo-cristiano…
De esta premisa surgen importantes corolarios: 1) El conflicto social es transitorio: desaparecerá cuando se elimine la propiedad privada de los medios de producción; 2) La humanidad se dirige hacia un estado final de armonía; 3) La política es el instrumento para acelerar la transición hacia el comunismo; 4) La libertad plena solo existe cuando cesa la explotación. Esta es la formulación teórica que sirvió de base a los estados totalitarios de la Unión Soviética y sus satélites, y ha conducido a la ruina absoluta de Cuba y Venezuela.
Para el liberalismo, el conflicto es constitutivo de la libertad. Para el marxismo, el conflicto es síntoma de la explotación y debe desaparecer. Para el liberalismo, la historia es abierta. Para el marxismo, la historia tiene un fin. Por este motivo, la Constitución de Cuba afirma que esa gran nación “no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre, y que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”.
Para nuestros adversarios, la demolición de las constituciones liberales es un objetivo necesario. La dialéctica amigo-enemigo exige la concentración del poder en el Estado. Cuando estos intentos fructifican, como lo logró Chávez, usualmente la fachada de la democracia se mantiene, pero su contenido se esfuma. Tal es la paradoja de estos tiempos: las democracias colapsan o se deterioran por medios democráticos. Soldados y tanques en las calles pasaron de moda.
Derrumbar las instituciones constitucionales es el propósito que siguen persiguiendo Petro y Cepeda. Inicialmente, dijeron que la Constitución actual debería preservarse por su inspiración social, aunque reformándola para que, de facto, el gobernante sea una suerte de monarca dotado de amplísimos poderes y reelegible per secula seculorum (recuerden a Fidel y a Raúl). Ya sin ataduras jurídicas y temporales, se podría estatizar la economía, como Petro lo ha intentado de diversas maneras. No pudo. Los mecanismos de control judicial se lo impidieron. Lo que él llama “los herederos de los esclavistas”.
Durante la campaña presidencial promovieron una asamblea constituyente sin limitaciones, integrada por sus colectivos étnicos y sindicales y por funcionarios públicos contratados con fines electorales. Luego desistieron de esa iniciativa por razones tácticas, la que ahora relanzan de modo oblicuo mediante un ultimátum al presidente electo, que este debe acatar antes de su posesión; de lo contrario, se declararán en “desobediencia civil”, conducta que también recomendarán a los ciudadanos que los respaldaron en las urnas.
Esas órdenes del futuro presidente, que Cepeda, transfigurado en revolucionario al mejor estilo de Lenin, pretendería desafiar, se materializan en múltiples decretos: los que definen las fechas para pagar impuestos, designan los funcionarios de libre nombramiento y remoción, fijan el salario mínimo, ejecutan el Presupuesto Nacional, regulan los servicios públicos, convocan a las cámaras a sesiones extraordinarias, declaran los estados de excepción, efectúan cambios en los escalafones castrenses y policiales, y un largo etc.
Para conjeturar las consecuencias de lo que puede suceder, es preciso examinar las opciones extremas. La primera, que el reto de Cepeda es acatado por una amplia masa de ciudadanos. En tal caso, el gobierno colapsa y, por ende, el Estado. De este modo, llegamos a un momento refundacional o revolucionario cuyos alcances son imprevisibles. La segunda, que la petición de Cepeda tenga una lánguida respuesta y solo unas cuantas personas, por ejemplo, se abstengan de pagar sus impuestos. A esos rebeldes, incluido el líder de la desobediencia, la DIAN les cobraría sus impuestos y las sanciones de mora por medios coactivos. Creo que esta es la opción más probable y que Cepeda comenzaría debilitado como jefe de la oposición en el Congreso.
A mi modo de ver, el curso de acción que conviene a las huestes del Pacto Histórico no es incitar a la desobediencia civil, sino, por el contrario, usar las múltiples herramientas que la Constitución y las leyes establecen para el ejercicio de la oposición. Fue lo que hicieron los sectores políticos que se opusieron al gobierno de Petro, como él mismo lo ha señalado: “No me dejaron gobernar”. Este cambio de actitud ayudaría a mitigar el clima de crispación y pugnacidad que tanto daño hace. Y le permitiría a la izquierda consolidarse como una fuerza reformista, capaz de jugar el juego de la democracia con otras formaciones políticas. Es lo que hacen los partidos socialistas y comunistas europeos, y lo que hizo Gabriel Boric recientemente en Chile.
De la Espriella también debe hacer un esfuerzo de moderación y prudencia. Ya no se encuentra en el fragor del combate, sino preparándose para gobernar un país partido por mitades. La enorme distancia existente entre su proyecto político y el adelantado por Petro y Cepeda, por sí sola es fuente de fricción y conflicto. No hay necesidad de poner sal en la herida de los vencidos.
Es inútil decir que extraditará a Petro cuando no existe una solicitud en ese sentido; bastaba decir que si esa situación llegara a presentarse, tomaría su decisión con base en las normas pertinentes y las conveniencias nacionales. También lo es proclamar que las tareas de empalme implican una auditoría forense. Basta hacerla para luego comunicar los hallazgos, que imagino gravísimos.
Y lo más importante: debería renunciar de inmediato a la nacionalidad de los Estados Unidos, como la generalidad de los observadores, incluidas personas cercanas a su proyecto, se lo han solicitado. La política de seguridad nacional promulgada en noviembre pasado por la Administración Trump es de clara estirpe imperialista frente a América Latina. Con este fundamento invadieron a Venezuela, se llevaron a Maduro y convirtieron a nuestro vecino en una colonia. El conflicto de intereses es evidente y de enorme gravedad.
Briznas poéticas. Un inefable poema de Darío Jaramillo:
Fibras enredadas entre la dentadura,
Dulzor definitivo, azúcar que es agua, agua que es azúcar,
jugo entre los hilos, pequeño planeta entre rojo y amarillo,
fruta que se desprende segregando una goma,
fruta amarilla que se sonroja
disculpándose de su propia perfección.
El mango es una prueba
de la existencia de Dios.