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Opinión

  • | 2011/03/25 00:00

    Guerra en Libia: vacíos, interrogantes y lecciones preliminares

    La discusión sobre si Gadafi es o no objetivo militar implicó obviamente determinar si su salida es un propósito de la comunidad internacional.

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Sin duda, la situación en Libia es cada vez más compleja. Lo que inició como el contagio de un clamor de la sociedad civil de varios países árabes por lograr – desde la visión de occidente –cambios democráticos en sus gobiernos, pronto se transformó en una sangrienta guerra civil. Entender el origen y la explicación de estas demandas es difícil y tanto más lo es categorizar los conflictos que se están presentando. Libia pasó del común denominador de protesta pacífica a insurrección armada, luego, a conflicto armado interno y ahora ni siquiera sabemos si es conflicto internacional.
 
La respuesta militar de Gadafi a la oposición ha sido desbordada y calificada por la comunidad internacional como una grave violación a los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 26 de febrero aprobó la Resolución 1970 en la que condenó la violencia desatada en ese país, demandó su fin y remitió el caso al Fiscal de la Corte Penal Internacional. Como puede advertirse en el texto de esta resolución, el llamado a la protección y al respeto de la población civil al gobierno libio implicó, tácitamente, cobijar dentro de este concepto a las personas que se estaban sublevando contra el régimen.

Ante la continuación de los ataques de Gadafi, el 17 de marzo el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1973, no obstante la abstención de cinco de sus miembros, valiendo resaltar que contó con el voto favorable de Colombia. En ésta determinó que la situación en Libia era una “amenaza contra la paz y la seguridad internacionales” y entre otras medidas decretó la zona de exclusión aérea para “proteger a la población civil”.

La puesta en marcha de la Resolución 1973, en la denominada “Operación Amanecer de la Odisea”, dejó en evidencia no solo las dificultades en la coordinación militar entre los Estados comprometidos, sino el vacío conceptual en el alcance legal de la referida resolución. El primer efecto de este vacío giró en torno a la justificación de la intervención. Si en teoría era “proteger a la población civil”, ¿cómo deben entenderse los miembros de los grupos armados de oposición? ¿Son civiles o combatientes? ¿Hasta dónde es legítimo apoyarlos?

El anterior interrogante creció cuando se formuló frente a la figura de Gadafi. La disímil respuesta entre altos funcionarios evidenció la gravedad del vacío conceptual. El ministro británico de Defensa, Liam Fox, declaró a la BBC que Gadafi podía ser un objetivo legítimo militar, lo cual causó controversia. Por su parte, el Jefe del Pentágono, Robert Gates, expresamente manifestó que era insensato dar de baja al hombre y situar su muerte como un objetivo militar.

La discusión sobre si Gadafi es o no objetivo militar implicó obviamente determinar si su salida es un propósito de la comunidad internacional. Mientras que el primer ministro británico, David Cameron, señaló que el dictador tenía que salir, miembros de su gobierno aclararon que éste no era el objeto de la intervención en Libia.
 
Aun cuando el general Carter Ham, Jefe del Mando Unificado Africano de los Estados Unidos, clarificó que el propósito de la misión no es destruir a Gadafi sino evitar ataques contra la población civil, en la medida en que gran parte de los que se protegen son rebeldes, el discurso carece de coherencia a menos que se replanteen los paradigmas del Derecho Internacional de no intervención y en particular los del Derecho Humanitario (DIH) sobre la determinación de los combatientes y su aplicación preferente o especial frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior nos lleva a revisar cómo entiende el DIH a los miembros de grupos armados. En los conflictos que tienen carácter internacional, es claro que las fuerzas militares de cada parte son combatientes. No es así en los casos de conflictos armados internos como el de Libia o Colombia. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, que reconoce las dificultades en la determinación de los combatientes en este tipo de conflictos, sólo aquellos individuos, miembros de un grupo armado organizado, que tienen lo que denomina “función continua de combate”, carecen de la inmunidad que poseen los civiles y en tal virtud pueden ser atacados en cualquier momento.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los miembros de los grupos armados irregulares, dentro de los conflictos armados internos, tienen la condición de “civiles” y solamente pueden ser atacados en la medida en que tengan una participación directa en las hostilidades. En otras palabras, son civiles que pierden el derecho a la inmunidad y a la protección. En similar sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de Israel, al evaluar la legalidad de la práctica de asesinatos selectivos de líderes de grupos reputados como terroristas por parte del Ejército de dicho Estado y negar la existencia jurídica del concepto “combatiente ilegal” -que pretendía sustentar el gobierno israelí-.

Si seguimos el criterio del CICR, los sublevados armados de Libia son combatientes y el gobierno de Gadafi puede considerarlos como tal y proceder de conformidad (obviamente dentro de los límites del DIH). Si seguimos los demás criterios, son civiles que sólo pierden el derecho a la protección en caso de participación en las hostilidades.

Pareciera que calificar de “civiles” a quienes se sublevan, mediante el uso de la violencia - con justificación o sin ella-, es la mejor manera de garantizar los derechos humanos, en la medida en que solo así se le puede exigir al gobierno el respeto de sus vidas. Si por lo contrario, se les considera combatientes, legalmente sería legítimo “darles de baja” en cualquier momento.

Uno de los pilares del Derecho Internacional es el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Este, con el paso del tiempo, ha cedido frente a la universalidad de los derechos humanos y el deber de garantía que le asiste a la comunidad internacional.
 
Si lo anterior es así y teóricamente partimos de la buena fe de quienes se han comprometido con la defensa de los derechos humanos en Libia, debería aplicarse en su integridad el documento de las Naciones Unidas que establece los principios básicos para el uso de la fuerza y que la limita a lo estrictamente necesario para proteger el derecho a la vida.

En consecuencia, al margen de la absurda lógica de la guerra y su regulación en materia de estatus de combatiente, proporcionalidad, daño colateral y necesidad militar, cuya aplicación carece de coherencia en Libia, el objetivo debería ser el enjuiciamiento de los responsables a quienes también se les debe respetar la vida. Sin duda, esta podría ser una buena oportunidad para que la Corte Penal Internacional logre enderezar el norte del Derecho Internacional, no solo en pro de la Justicia, sino de la paz. Habrá que ver si esto es una utopía, pero por lo pronto conformémonos con que también se busque proteger el derecho a la vida de los sublevados – llámensele civiles o combatientes-.

*Caterina Heyck Puyana es experta en asuntos de paz.
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