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Guerra de perdedores

Las Farc jamás verán su sueño de una guerra popular y nacional. Pero podrían empujarnos a una especie de dictadura civil

Semana
23 de febrero de 2003

Quedan por ahI distintas conjeturas sobre porqué las Farc decidieron atentar contra El Nogal. Algunas son bastante puntuales, como aquella de que Mancuso lo hubiera usado como sitio de encuentro con "sus" congresistas o aquella de tener como ruidoso ex presidente a Min-Londoño. Otros se inclinan por ver ahí el comienzo de la guerra directa contra la burguesía de la guerra campesina contra la ciudad o, peor, del terrorismo puro que golpea al azar.

Tales hipótesis no son del todo excluyentes, pero cada una implica una lectura distinta de qué pasa en las Farc y, sobre todo, de cómo seguirán su guerra: ¿atentados contra personalidades? ¿Bombas en el norte de Bogotá? ¿Ataques indiscriminados?

En el terreno puramente militar, el cálculo de las Farc parece obvio. La nueva táctica obliga a concentrar tropa en las ciudades, quizás al punto de anular el aumento del pie de fuerza que con tanto trabajo se está haciendo. Y el impacto de un solo golpe al centro del país vale por el de muchos golpes en la periferia.

El cálculo político podría ser igual de elemental: la gente acabará por pedir que haya diálogo para parar las bombas. O, fieles a su credo marxista, es mucho más creíble que las Farc le estén jugando a lo que llaman "agudizar las contradicciones".

O sea: las Farc creen que nos están metiendo en una guerra de liberación popular y nacional. De liberación, porque el régimen se irá volviendo más y más dictatorial. Popular, porque el ajuste económico y el hambre llevarán al alzamiento. Nacional, porque los gringos tendrán que intervenir con más descaro (y aquí cayeron de perla los de la DEA que cayeron del cielo).

La respuesta del gobierno tiene también varios planos. El más inmediato y obvio es extremar las medidas de seguridad y la alerta ciudadana hasta la paranoia que se apoderó de todos y ojalá nos dure. Lo menos obvio y de mayor calado es preparar un giro adicional a la derecha.

Ese giro no es difícil de entender. Como es infortunadamente previsible, el horror de El Nogal o el de Villa Magdalena podrían repetirse varias veces. Entonces vendrá un clamor general de que el gobierno haga lo que tenga que hacer para extirpar el cáncer. Y el gobierno girará a la derecha.

Ya en su discurso a raíz del carro bomba, el Presidente culpó sin rodeos al "discurso cómplice y el escrito arrodillado de muchos demócratas". Y anunció, como única medida novedosa, una campaña diplomática contra las Farc. Pero el propósito de tales campañas no es obtener declaraciones retóricas -como las que en efecto se obtuvieron- sino advertirle a la comunidad internacional que Colombia lucha contra un monstruo y no está bien pedirle que se ande con melindres.

Luego viene el "acuerdo contra el terrorismo" que suscribirían los partidos y cuyo único uso previsible es asegurar el trámite de proyectos en el Congreso. El contenido de los proyectos está por verse, pero sabemos que a Londoño le gustaría desmontar la Carta del 91, comenzando por la Corte Constitucional y los estados de excepción. Se conoce también un borrador conjunto de Mindefensa y Mininterior, que vale reseñar porque ilustra el contenido, límites y riesgos de otro "estatuto antiterrorista".

El proyecto dedica 32 de sus 40 artículos a aumentar la pena por delitos que ya existen, lo cual vendría muy bien si antes alguien captura a los culpables. Y sin querer queriendo los otros artículos acaban por encarcelar al tendero que le venda un pan a un guerrillero ("apoyo logístico"), por prohibir las marchas o manifestaciones ("perturbar el transporte colectivo u oficial"), por impedir la deserción de guerrilleros (cinco a 10 años de cárcel por "pertenencia a organización terrorista") y, claro, por callar la prensa ("mejorar la imagen del enemigo").

Estas medidas inútiles o nocivas prueban el punto esencial: la limitación para enfrentar el terrorismo no son las leyes sino la poca capacidad del Estado. Por eso el endurecimiento no llevaría al modelo de "autoritarismo integral" que funcionó en sociedades estatizadas como el Chile de Pinochet, sino a una guerra revuelta, ineficiente y enredada en las pitas del narcotráfico, el paramilitarismo y sus ramificaciones.

Jamás las Farc verán su sueño de una guerra popular y nacional. Pero en cambio podrían empujarnos a una especie de dictadura civil. Habrían ahogado nuestra democracia, igual que ahogaron nuestra economía.

Y es porque cada paso de uno de los bandos obliga al otro a dar el paso que se sigue. Perderemos todos.