Guerra y política

Las más recientes acciones del presidente Álvaro Uribe han dejado al país desconcertado. Para los acérrimos defensores del Presidente, hay que confiar en esta nueva estrategia que –ahora sí– arrinconará a las Farc y desenmascarará la falta de voluntad de este grupo guerrillero. Para sus críticos, en cambio, de lo que se trata es de una inmensa maniobra para poder excarcelar a sus amigos presos como resultado de la para-política.

Estas interpretaciones apelan a un análisis de las razones del Presidente, más que a una evaluación realista de lo que implican los hechos. La pregunta entonces es: ¿qué significa la decisión unilateral de excarcelar a 190 ex guerrilleros y al jefe de relaciones internacionales de las Farc? Pues ni más ni menos que el agotamiento de la vía exclusivamente militar para avanzar en un proceso de paz.

Hasta ahora, el presidente Uribe había basado su estrategia política en el uso de la fuerza armada para obligar a las Farc a una negociación aceptando sus condiciones, las cuales incluyen, principalmente, su negativa al despeje del territorio. La política de seguridad democrática fue altamente efectiva en sacar a la guerrilla de los corredores productivos del país y asegurar así la reactivación económica. Estos dos logros sustentan la popularidad presidencial, sin embargo, la Seguridad Democrática no ha derrotado a la guerrilla, aunque sí le ha minado su capacidad operativa y militar.

A estas alturas resulta claro, incluso para los más optimistas defensores de la seguridad democrática, que la derrota militar de la guerrilla no es viable. Ya no se escuchan, como en el pasado, voces que señalen falta de voluntad para derrotar a la guerrilla. Y peor aun, los supuestos derrotados parecen estar pasando a una contraofensiva, dentro de las limitaciones en las cuales ahora actúan. La opinión ha regresado a los 70 y 80, época en la cual se veía a la guerrilla por televisión, pero se consideraba como un fenómeno aislado. Cuando la opinión urbana retorne a la realidad y tenga que reconocer la existencia y las implicaciones de la guerrilla, entonces volverá el péndulo a girar en favor de una negociación. Mientras tanto, el Presidente seguirá apoyado en los gritos de guerra.

Las concesiones unilaterales del gobierno significan que la vía militar para obligar a la guerrilla está agotada y que ahora es necesario pasar a la política. Clausewitz decía que la guerra es la política por otros medios, pero también al revés, la política es la guerra por otros medios. Si no es posible llegar al escenario deseado: una negociación con una guerrilla militarmente derrotada, habrá que llegar a ella con una guerrilla políticamente asfixiada. Esto no significa que el gobierno vaya a ceder en sus tácticas militares o en su política de seguridad democrática. Significa que la vía militar ya dio lo que podía.

El problema del nuevo matiz de la estrategia presidencial es que no es un cambio de rumbo, sino una búsqueda de complementariedad entre la acción militar y la presión política. Por esta razón, el Presidente persiste en las mismas premisas que han impedido y que impedirán que se avance en una negociación con las Farc. Primero, el Presidente quiere aplicar un modelo similar de negociación a la guerrilla al que usó con los paramilitares, esto es, ausencia de concesiones políticas, pero disposición para concesiones judiciales. Mientras Uribe no reconozca que la naturaleza de los dos fenómenos es distinta, no podrá avanzar en el diseño de una estrategia realista. Segundo, el Presidente se niega a conceder lo que el enemigo pide, otorga lo que no ha solicitado (excarcelación) como un gesto que espera que la opinión juzgue como magnánimo, pero las guerras no se ganan con actos simbólicos, sino reconociendo las intenciones y las valoraciones del otro. Si las Farc quieren un despeje, no cesarán hasta lograrlo, sea con este Presidente o con el próximo. La lógica de su apuesta es que ellas no van a empezar desde una posición de derrota, sino desde una posición de iguales.

Mientras la estrategia gubernamental no corrija estas dos premisas fundamentales, ninguna de sus acciones tácticas logrará el objetivo buscado: iniciar una negociación que conduzca a la paz.

Ahora bien, en este escenario, cabe preguntarse, ¿cuál pudo haber sido la verdadera razón de Estado que el Presidente no contó? Pues la amenaza del gobierno francés de reconocer el carácter de beligerancia de las Farc para entablar una negociación directa conducente a la liberación de Íngrid y otros secuestrados.

Lo que realmente hizo la magnanimidad presidencial fue cerrar la puerta al reconocimiento internacional de las Farc como un actor político, porque una posibilidad de esta naturaleza cambiaría gravemente la ecuación en la cual se mueve el Presidente. También las Farc saben que la política es la guerra por otros medios.