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Opinión

  • | 2015/02/05 03:00

    Guerra sucia a la paz

    La realidad presente y a futuro inmediato es alarmante. El hecho de que esta nueva arremetida feroz aparezca en el mismo año de serias expectativas de paz deja entrever un plan premeditado y meticulosamente estructurado.

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Lo que está ocurriendo hoy no es que no haya ocurrido siempre, al menos y que recuerde, desde mi más remota infancia. Es la violencia social del día a día sin pausa ni tregua, la misma que yo también sufría, primero, con el asesinato de mi padre, desmembrado su cuerpo en medio de un cafetal de su finca de Caicedonia (Valle) en los tiempos de la barbarie de los 50, y después, yo mismo en carne propia hace menos de dos años cuando en mi finca de Subachoque en donde vivía, y la que debí abandonar, fui atacado, encerrado, amarrado y golpeado brutalmente entre amenazas de muerte por desconocidos que me dejaron como recuerdo, aparte de la cabeza sangrante y las costillas lesionadas, una desconcertante pañoleta dentro de la boca con los colores y las insignias de un Batallón Contraguerrilla del Ejército.   

Y es también esta violencia la que campea y se vanagloria del eterno reinado de la impunidad que sin duda la alienta. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, identificándola como "tendencia histórica de impunidad", acaba de clamar por un mayor esfuerzo de las autoridades para combatirla, al tiempo que condena con vehemencia el asesinato de Carlos Alberto Pedraza Salcedo (29 años), defensor de derechos humanos, líder del magisterio, integrante del Proyecto Nunca Más y dirigente del movimiento Congreso de los Pueblos, perpetrado el pasado 21 de enero. Al calificar el crimen como de gran "impacto intimidatorio" para la ciudadanía y los movimientos sociales y de derechos humanos, la oficina de la ONU expresó: “En el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz, el asesinato de Carlos Alberto pone de relieve que persiste la vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos humanos y que apuestan por construir un país en paz".

En igual sentido se manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo el esclarecimiento de este crimen y denunciando la "persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos" en contra de los mismos activistas.

La relevancia de este hecho, por alguna extraña razón, no ha tenido la resonancia que amerita dentro de los medios de mayor calado en la opinión y todavía no sabemos cuál ha sido en concreto el impacto directo en el gobierno nacional.

Premonitorio no es decir mucho cuando se conoce con qué fuerzas oscuras y cuán implacable y extendido está el brazo que sostiene a la mano negra de la ultraderecha colombiana, ya que el mismo Pedraza lo advirtió en unas declaraciones aterradores:

“Yo sufrí un atentado el 16 de mayo del año pasado, cuando me desplazaba en un carro que me facilitó un amigo, los sicarios me seguían sin que yo me diera cuenta, y fueron seis impactos que recibió el carro. Gracias al escolta que dio de baja a un sicario e hirió al otro, hoy estoy contando la historia... no sé qué pueda pasar porque en Colombia hay un principio en los paramilitares, cuando el trabajo no se hace completo, tienen que terminarlo, porque para eso se paga, y según informaciones fueron 40 millones que pagaron por mi asesinato”.

Y así tenía que ser. A las las 3 p. m. del lunes 19 de enero, Carlos Alberto Pedraza partió de su casa, ubicada en el barrio Molinos II en Bogotá, con el fin de atender una cita de trabajo en la Comercializadora Agropecuaria El Zipa. Allí lo vieron por última vez y sólo dos días después, el 21, se supo de su paradero cuando se le encontró muerto de un tiro de gracia y con signos de tortura en la vereda San Bartolomé, en el vecino municipio de Gachancipá.

Pese a que al presidente Santos le oímos reconocer que la oleada de terror contra los defensores de derechos humanos y activistas sociales, todos ellos simpatizantes de la paz que se negocia en la Habana, iba “in crescendo”, ello no nos garantiza un accionar prioritario y contundente de parte del Gobierno para enfrentar esta renovada embestida de las fuerzas de extrema derecha que, con atentados contra la integridad personal de los dirigentes populares, busca torpedear el proceso de paz. No obstante, son oportunas las preocupaciones que se desprenden de las palabras del jefe de Estado al señalar la semana pasada que queriendo saber quién está detrás de las innumerables amenazas recientes, él las considera "bastante dirigidas y concretas", puesto que le parecen "una cosa sistémica, organizada", interpretándose en tales amenazas "algo organizado, con intenciones muy claras".  

La realidad presente y a futuro inmediato es alarmante. El hecho de que esta arremetida aparezca con características parecidas en el mismo mes de enero del 2015, año con serias expectativas de un acuerdo final de paz, y simultáneamente en todas las regiones del país, dirigida supuestamente por la banda paramilitar denominada “Autodefensas Gaitanistas”, deja entrever un plan premeditado y fina y fríamente estructurado por un eje único con comando central en cabeza de vaya uno a saber de cuál o cuáles personajes siniestros de nuestro acontecer nacional.      

En Bruselas, el pasado 15 de enero, los dirigentes sindicales Luis Plazas Vélez (CUT), Félix Joaquín Berrío y Jimmy Ortiz entregaron una relación de los graves fenómenos de criminalidad e injusticias que se vienen presentando en Colombia en contraposición a lo divulgado por el gobierno. Desde 1986, hasta el 2014, fueron asesinados más de 3.500 sindicalistas, la mayoría de ellos ejecutados durante las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez, según lo manifestaron.  

Resulta a todas luces evidente que el ensañamiento con los líderes sociales que promueven una profundización de la democracia, aliados todos ellos de un proceso de paz que redunde en la concreción de reformas políticas, económicas y sociales, tiene como objetivo mantener a través de la intimidación y el terror los privilegios y el control ejercido por el poder dominante, impidiendo que sean alterados y que la lucha contra la desigualdad prospere. Y la herramienta para ello, claro está, no es otra que el paramilitarismo regado en 27 departamentos y activo en ciudades tales como Sincelejo, Medellín, Santa Marta, Bogotá, Pasto, Quibdó y Barranquilla entre muchas otras.

Las cartilla ideada por los señores de la muerte con sus minuciosas instrucciones orienta a estas bandas criminales en los mecanismos que deben utilizar para el preciso cumplimento de sus deberes que no son otros, y digámoslo con toda claridad, que el comienzo de una guerra sucia al proceso de paz: amenazas, asesinatos, torturas, extorsiones, desapariciones forzadas, acciones terroristas indiscriminadas, extorciones, desplazamientos forzosos, etc.

Sí, señor presidente Santos, in crescendo, y al parecer, sin remedio alguno a la vista. Estamos en manos de una desbocada y demencial ultraderecha política que le ha declarado la guerra a la paz que queremos la gran mayoría de los colombianos.  

guribe3@gmail.com
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