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GUERRA SUCIA

Semana
8 de julio de 1996

Entre los ciudadanos de bien, que cada día amanecemos con la sensación de que el país está peor que anoche; entre quienes creemos abiertamente que el Presidente es culpable de haber vendido su presidencia a los narcotraficantes; entre quienes observamos con incredulidad su peligroso aferramiento al poder; entre esos ciudadanos que sumamos la mitad de los colombianos, y que estamos moral y mortalmente derrumbados, ha venido a sembrarse la preocupación adicional de la guerra sucia que está patrocinando el gobierno, y que pasa ante nuestros ojos como una auténtica película de terror. El oscuro operativo arranca con una premisa: como no se puede probar la inocencia de Samper, hay que acabar con sus enemigos, esculcándoles los closets. Para ello, entre otras cosas, se creó en el DAS una división llamada URI. Se han adquirido costosos sistemas de intercepción telefónica que produce escalofríos pensar hacia cuáles teléfonos va dirigida. Y paralelamente se ha iniciado un sistema de espionaje selectivo de la vida privada de los enemigos del Presidente, que hasta el momento arroja resultados tan concretos, como el de un pasquín que anda circulando en el país para demostrar que el dignísimo monseñor Pedro Rubiano, arzobispo primado de Bogotá, tiene un hermano y un sobrino que han enfrentado problemas con la justicia, con la tesis de que esto lo desautoriza como vocero moral en medio de la hecatombe nacional. Es como si el periodista Daniel Samper, a quien todo el mundo le reconoce su estricto sentido de la ética, quedara aniquilado por cuenta de ser hermano de Ernesto Samper. Yo, desde luego, no tengo pruebas de cuál es el funcionario que está detrás de la redacción del pasquín contra monseñor Rubiano, ni de quién lo repartió en los pasillos del Congreso y lo filtró al diario de los Cano. Pero de lo que sí estoy segura es de que esta información que salpica al prelado no provino de un descubrimiento espontáneo de la unidad investigativa de El Espectador. También está confirmada la guerra sucia en otros episodios. La representante Martha Catalina Daniels presentó ante la Cámara, para la defensa del Presidente, el fólder con la información completa del contenido de los disquetes de computador incautados a la asesora gringa de Fernando Botero. ¿Quién si no el DAS, al servicio de la defensa personal del Presidente, se lo pudo haber entregado? También alguna mano invisible _porque Marta Catalina no es espía_ le aportó información para anular a la representante María Paulina Espinosa, virulenta crítica del Presidente, por actuaciones de su ex marido Byron López, con el argumento de que haber estado casada hace años con un hombre controvertido la inhabilita para acusar al Presidente. Al doctor Hernán Echavarría Olózaga lo tienen loco investigándole la trayectoria de su vida. Andan buscándole a su hijo, como aguja en un pajar, si en su actividad en la venta de aviones privados pudo haber existido alguna transacción digna de figurar en algún pasquín anónimo. Contra el director de la Policía, general Rosso José Serrano, mirado con recelo desde la cúpula presidencial por su independencia y verticalidad, se han puesto a rodar versiones sobre la relación de uno de sus hijos con los dueños de la tristemente célebre joyería Andy Ross. Contra los empresarios de Cali, que han asumido sin reservas su responsabilidad patriótica frente al tema del Presidente, se ha recrudecido la inquisición fiscal. Contra el ex candidato Andrés Pastrana, examinado hasta la saciedad, se expresa en los círculos de Palacio la exaltada satisfacción de que uno de sus mejores amigos y financistas resultó vinculado en un escándalo de lavado de dólares. Y no sólo eso. Se aporta desde Palacio información para desprestigiarlo. Hasta el momento, las acusaciones de las autoridades comprometen al señor Harry Beda solamente en sus últimos ocho meses de actividades. Con respecto a él, Pastrana emitió un franco comunicado donde acepta los vínculos de amistad y expresa su aspiración de que pueda entregar a las autoridades explicaciones satisfactorias sobre su conducta. Y para qué volver sobre los falsos testigos de la Procuraduría sacados del cubilete para manchar el nombre del Fiscal. Solamente es útil recalcar que desde la Secretaría General de la Presidencia se le dio a uno de ellos una ayuda monetaria clandestina, que al ser descubierta fue explicada en forma inaudita como "una labor humanitaria" que es lo que quisieran obtener de la Presidencia más de 10 millones de colombianos, que lamentablemente no cumplen con el requisito de tener información que pueda perjudicar al Fiscal o a algún otro enemigo del Presidente. Y como si lo anterior fuera poco, el propio embajador de EE. UU., Myles Frechette, fue víctima hace una semana de la vigilancia secreta de agentes del DAS, enviados para espiar todos sus movimientos durante una visita a Medellín. El Embajador se quejó de este espionaje ante el director de la Policía y ante el canciller Rodrigo Pardo, y llamó personalmente al director del DAS para protestar por el mismo hecho. De esta última conversación Frechette recibió la confirmación de la existencia del URI. No se descarta que en un próximo informe sobre derechos humanos, el embajador incluya al URI a manera de prueba de cómo se violan los derechos de la oposición en Colombia. Con estos y otros ejemplos es evidente el propósito del gobierno de chantajear a los colombianos que no están con Samper. El objetivo es salvar al Presidente, argumentando que todos en Colombia estamos untados y que nadie puede tirar la primera piedra. n n La guerra sucia consiste en que como no se puede probar la inocencia de Samper, hay que acabar con sus enemigos

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