Guerrilleros presos: ¡a la calle!

El gobierno Santos pasará a la historia como el mayor promotor de beneficios para los criminales. No le bastó incorporar a la Constitución el llamado “Marco Jurídico para la Paz”, con el fin de renunciar a la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (que no adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y de guerra), sino que ahora mediante una ley abre paso a la excarcelación de cerca de 7000 delincuentes  responsables de supuestos “delitos menores”. 

En algo tiene razón el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, al decir que “el país ha entrado en un proceso incoherente de estar aumentando las penas, casi que a la loca”. Lo que no reconoce es que se refiere a dos leyes propuestas por el gobierno Santos: el Estatuto Anticorrupción y la  de Seguridad Ciudadana que elevaron en los dos recientes años el número de reclusos en 16.007. El gobierno improvisó y no tomó las decisiones orientadas a aumentar la capacidad del aparato judicial ni a albergar nuevos internos en los centros de reclusión. 

El resultado no podía ser diferente. El hacinamiento pasó de 24,42% en 2010 a 57.9% en 2013,  los internos aumentaron en el mismo periodo de 84.444 a 118.474 y la sobrepoblación de 16.479 a 42.748. Ahora quieren deshacer el entuerto abriendo las puertas de las cárceles.

A pesar de que el ministro en Blu Radio aseveró que los guerrilleros están “expresamente excluidos” de la excarcelación masiva, la verdad es que respecto a aquellos que estén condenados en las cárceles, el nuevo artículo “38G” ordena que se vayan a la casa una vez cumplan la mitad de la pena, aporten una “caución” y demuestren arraigo familiar y social.

¡Sí! La norma establece que la “ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en  el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena”, con excepción de una serie de delitos, verbigracia, el secuestro, la tortura, el desplazamiento forzado y otros de notable gravedad, pero, extrañamente, no excluye de esa posibilidad a los sentenciados por rebelión, delito que tiene una pena mínima de 8 años, requisito que lo habilita para ser objeto de esa modalidad de prisión domiciliaria. 

Pero además de salir a sus casas o cambuches, tales antisociales podrán redimir su pena con trabajo y estudio, es decir, sólo cumplirán efectivamente la pena de prisión domiciliaria cuando decidan ir a dormir. Igual ocurre con los que cultivan, conservan o financian cultivos de marihuana o plantas de las que se pueda producir cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga. Cabe interrogarse: ¿El gobierno está cumpliendo desde ya las exigencias de FARC de excarcelar a sus camaradas y a los vinculados a esas actividades?

Santos debe ser transparente y revelar al país cuántos terroristas van a ser excarcelados. ¿Para cuántas columnas o frentes alcanzarán? ¿En cuánto se acrecentará potencialmente el pie de fuerza de las FARC y del ELN con esa decisión?

¡Militares y policías deben sentir profunda frustración! Su esfuerzo por capturar guerrilleros es todo un fiasco. Según el Ministerio de Defensa durante 2012 se capturaron 3133 miembros de esos grupos, pero de acuerdo al INPEC sólo ingresaron a las cárceles en ese año 712, cerca del 22.7% del total. ¡Un desastre absoluto! ¿A qué se debe? ¿Falta de pruebas? ¿Errores de procedimiento? ¿Ineptitud de fiscales y jueces? ¿O falsas cifras del gobierno? Y para colmo, mediante una ley van a excarcelar un número aún no determinado de guerrilleros. Pensarán si vale la pena el esfuerzo de capturarlos.

En seguridad ciudadana el efecto no es menos peor y es natural que los ciudadanos lo teman. El ministro confesó que el robo de celulares no tendrá cárcel cuando se haga sin violencia, olvidando que muchos de los ladrones iniciaron así y terminaron asesinando por un teléfono. Los que hacen fiesta son los cacos. 

¡Finalmente, el ministro ya les dio licencia! “Hurtos que no han implicado violencia contra las personas, pueden estar afrontando un proceso por fuera o en la casa”, afirmó. ¡Lindo así! La misma suerte gozarán aquellos que superen en número de papeletas y gramos la dosis personal de droga. ¡Felices los jíbaros! La razón estriba en que  todos los delitos con penas mínimas de 8 años o menos tienen derecho a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión en centro penitenciario. Ahí también cabe “el aborto sin consentimiento” que le practican en las FARC a las niñas y hasta la falsedad en documentos. 

Otro fracaso. Más de tres años y medio y les quedó grande definir una política criminal y fortalecer la justicia. ¡Todo han sido desatinos! La reforma a la justicia la hundió Santos cuando el país lo cogió con las manos metidas en el esperpento aprobado y que favorecía con impunidad a los congresistas. En el caso de la justicia penal militar la calamidad fue igual. El Ministerio de Defensa salió con un chorro de babas, hizo mal las cosas y la Corte Constitucional cumplió su tarea al declarar inexequible esa reforma. Curiosamente nada que apunte a fortalecer la lucha contra el crimen, proteger a los ciudadanos y otorgar garantías ciertas a los miembros de la fuerza pública le sale bien a este gobierno.

¡Y se esfuerzan en ratificarlo! Mientras el ministro de Justicia ataca el populismo punitivo, el ministro Juan Carlos Pinzón propuso proyectos de ley que aumentaban algunas penas. La coherencia en esa materia en el gobierno simplemente no existe. Son hasta incapaces de ponerse de acuerdo para presentar los proyectos de ley. 

La cosa es tan ridícula, de parte y parte, que en el Consejo de Política Criminal se concluyó que esos proyectos “no son viables para la justicia colombiana”. En realidad, lo que no es viable es un país donde se privilegia la impunidad y se premia a los delincuentes.

Nota: Los 8 asesinados y los 40 heridos con un carrobomba y tatucos en Inzá, Cauca, son para Santos tan sólo resultado de las reglas de juego pactadas con las FARC para el proceso de La Habana. ¡Absurdo!