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Opinión

  • | 2014/03/22 00:00

    El destituido

    Después de que Petro saliera de la Alcaldía, quedó claro que no basta ser de izquierda o exintegrante de un grupo terrorista para situarse por encima de la Constitución.

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¡Petro sí se fue! Después de un largo proceso jurídico y de la estrategia política de intimidación desplegada por el exalcalde Gustavo Petro y sus huestes, finalmente, quedó claro que no basta ser de izquierda o exintegrante de un grupo terrorista para situarse por encima de la Constitución.

Nadie en la historia de Colombia ha tenido más garantías judiciales que el destituido. Gracias a su estrategia de guerrilla jurídica consiguió que la decisión de la Procuraduría adquiriera, vía sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, absoluta y total legitimidad. Incluso, convirtió al reticente presidente Juan Manuel Santos en defensor de Alejandro Ordóñez, en lo que respecta a la ejecución de la sanción.

Lo que viene ahora por parte del destituido es más de lo mismo en lo que ha estado empeñado desde su juventud. Deslegitimar las instituciones democráticas y derrocarlas. Inicia ahora una cruzada en su contra dizque porque le dieron un “golpe de Estado”, expresión con la que denomina la aplicación de la ley en su caso. Y es que los extremistas de izquierda, cuando se les investiga o sanciona, reclaman que todo es parte de la persecución política del régimen. Pretenden delinquir o violar el código disciplinario con inmunidad imaginaria, producto de haber pertenecido a un grupo de asesinos desmovilizado, o ser su patrocinador, amigo o simpatizante.

Son maestros de la propaganda y de construir mitos legitimadores. A eso se dedicó el destituido desde el primer día de su nefasto gobierno. Se trataba de dividir a los bogotanos y al país, de hacer creer que en Colombia no hay democracia y, en cambio, sí un orden social, político y económico que no permite el pluralismo. Una narrativa útil para quienes buscan validar la violencia como el único medio e insistir en un proyecto populista, demagógico y autoritario. En realidad, el destituido consiguió lo que buscaba: un hecho político sobre el que masticará el resto de su vida y le servirá de justificación de lo que sea. 

Por eso las FARC, muy agradecidas, salen a cuestionar la decisión sobre Petro. ¡Indignadas! “¡Afectará el proceso de paz!” ¡Qué tal estos bandidos! Han masacrado gobernadores, alcaldes, diputados y concejales a montón y ahora se ponen delicados porque a un exguerrillero que viola la ley se le aplica la ley. Pero lo peor, y lo que revela la mentalidad aún no desmovilizada del destituido, es que se dedica a replicar ese mismo discurso de las FARC, queriendo derivar su legitimidad y su permanencia de que el grupo siga cometiendo crímenes atroces. ¡Absurdo, “compa”!

La coincidencia entre Petro y las FARC no se reduce a ese episodio, sino a la estrategia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y a que se cree una coalición con la participación de ese grupo y el ELN, una vez se llegue a un hipotético “Acuerdo” con el gobierno de turno. El juego del destituido es convertirse en el líder de ese bloque. Vayan viendo el peligro que se cierne sobre la libertad y la democracia. De configurarse, el populismo y el autoritarismo de Chávez y Maduro serán un chiste.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quedó mal parada. Intentar someter al conjunto de las instituciones a la determinación de una instancia foránea de carácter administrativo y político, no judicial, es ridículo. A pesar de que el secretario de la Comisión insistió en que no había decisión de fondo y que está claro en el comunicado de ese organismo que no se ha dictaminado la violación de un derecho fundamental, se atrevieron a exigir que se suspendiera para el caso del destituido la vigencia de la Constitución y que se borrara de un tajo el derecho disciplinario. ¡Esa era, en la práctica, la consecuencia de la medida cautelar! ¡Vayan viendo hasta dónde llega la mano de esa izquierda extremista!

En el Estado de derecho nadie debe estar por encima de la ley. Y haber sido parte de un grupo criminal no es patente de corso para querer supeditar la Constitución a su arbitrio. Imagine, estimado lector, qué haría un individuo de esas características siendo presidente de Colombia. Si así quiso doblegar al Ministerio Público, las cuatro altas cortes (incluida la Constitucional) y al jefe del Estado, ¿cuál sería su actuación si en sus manos reposara el poder y el mando de las FF. MM.? ¡El fin de la democracia!

En twitter @RafaGuarin


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