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Opinión

  • | 2000/01/03 00:00

    ¿Habemus Estado?

    El dramático cuadro que viven los alcaldes es, a mi juicio, la más protuberante demostración de la desintegración del Estado colombiano

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A NOTICIA DE LA SEMANA PASADA NO parecía nueva: alcaldes amenazan con renunciar. Es más, sonaba a trasnochada. Como todo lo que se publica sobre huelgas, tomas guerrilleras, reinados o corrupción. Mmm... ¿Otra vez? Pero sí lo era. Lo que pasa es que estaba en el segundo párrafo del texto. No se trataba de cinco alcaldes descontentos de Chocó o Sucre, que ya no es noticia. O de 10, o de 20. Se hablaba, ni más ni menos, de la mitad de los alcaldes del país. Casi todos contemplaron la posibilidad de renunciar antes de que el gobierno se comprometiera a darles una pipeta de oxígeno portátil de 175.000 millones de pesos en diciembre.



No aguantan más, dicen. Despachan bajo el fragor de las balas, cogobiernan con los actores en conflicto-- paras en el norte y Farc en el sur--, se encuentran abandonados a su suerte por el gobierno central y no tienen con qué pagar la nómina. Terminarán, como es costumbre, por acudir a la única forma de hacerse sentir en Colombia (amén del fusil): los paros. O, si es el caso, como ya lo advirtieron, se abstendrán de pagarles a las instituciones nacionales como la Policía, la justicia, la Registraduría, o las cárceles para utilizar sus escasos recursos en rubros exclusivos del municipio.



Basta examinar algunas cifras para ver el tamaño de su encrucijada: en el último año han sido asesinados 10 alcaldes, 70 han sido declarados objetivo militar, 400 han recibido amenazas de muerte y el 30 por ciento le ha tenido que pagar impuestos a la guerrilla. Esto ha llevado a que varios alcaldes estén actualmente despachando desde el 'exilio', en su mayoría desde las oficinas de las gobernaciones donde sus vidas corren (un poco) menos peligro. Pero no es sólo la guerra la que los tiene sitiados. También la situación económica: 750 municipios (más de la mitad) entraron en cesación de pagos con la banca. Ya no tienen ni siquiera cómo cancelar sus deudas. El 65 por ciento de los municipios son hoy considerados financieramente inviables debido a que gastan más de lo que producen. Este dramático cuadro en que viven los alcaldes va más allá del debate sobre las transferencias de que tanto se habla (sin duda importante). O de las circunstancias propias de gobernar en medio de un país en guerra. Es, a mi juicio, la más protuberante demostración, por su cercanía al ciudadano común, de la desintegración del Estado colombiano.



Mas no la única, por supuesto. Se vio recientemente con la protesta campesina en el Cauca que se levantó contra el secular abandono estatal y el inventario de promesas incumplidas por parte de varios gobiernos. Se ha podido constatar con la creación de una zona de despeje de 42.000 kilómetros cuadrados cedida a las Farc para iniciar las negociaciones de paz. Se palpa también con el retiro progresivo de estaciones de Policía de los municipios en zonas rojas para evitar que sus agentes se conviertan en carne de cañón durante las emboscadas subversivas (actualmente en 140 municipios del país no existe presencia de la Policía). Se observa en la ineficiencia kafkiana de la justicia o, en su defecto, en su total desprotección. Luego del asesinato del fiscal de Florencia hace pocos días, el fiscal general Alfonso Gómez Méndez dijo, desafiando la charlatanería y los eufemismos de nuestros funcionarios, que definitivamente no se podía impartir justicia en las zonas apartadas del país. (La justicia del nebuloso Estado de Derecho. Porque la que impera es, según la ubicación geográfica, la ley de la guerrilla o la ley de los paras. Esta sí concreta e implacable).



Pero el actual colapso del Estado no sólo se puede medir con su escasa presencia en la periferia del país. Cosa que nunca ha dejado de suceder desde que llegaron los españoles. Hay que constatar cómo su propia médula espinal se está resquebrajando. Cómo sus más básicas responsabilidades para con la sociedad se encuentran actualmente en la cima de un castillo de naipes a punto de derrumbarse. La seguridad social de millones de colombianos es hoy incierta si miramos la dimensión del pasivo pensional (sólo el de los entes territoriales asciende a 40 por ciento del PIB). En materia de construcción, se cayó el sistema que durante años permitió una financiación democrática de la vivienda; la banca pública, en franca agonía, es un monumento a la negligencia y el clientelismo; el sector salud atraviesa por una de las peores crisis hospitalarias de la historia; y gran parte de la inversión social se va en pagar el servicio de la deuda externa que el próximo año se comerá la bicoca del 38 por ciento del presupuesto.



¿Se puede hacer la paz en estas condiciones?
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