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Opinión

  • | 1984/10/01 00:00

    ¡HABERLO DICHO!

    La paz colocó al país en un delicado limbo jurídico

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Como dicen en su inmensa sabiduría las empleadas domésticas, el liberalismo, simplemente, "no se haya" en el actual gobierno. Viene haciendo esfuerzos imposibles por inventar alguna combinación idiomática que garantice su tajada burocrática, pero que de ninguna manera permita que el Partido pueda en un momento dado llegar a ser parcialmente responsable de un eventual desprestigio del actual gobierno. Es por ello que se han venido recitando fórmulas de deliciosa química política, que van desde la "colaboración a título personal y técnico", pasando por la "colaboración con fiscalización", hasta aterrizar en la "participación constitucional con independencia crítica", que no significa otra cosa que la posibilidad de tener a unos liberales enchanfainados y a otros despotricando contra el patrón de sus colegas.
Hasta la elección de Jaime Castro como ministro de Gobierno, estas fórmulas sonaban simplemente huecas. Pero con el ingreso de éste al "staff" gubernamental se complicaron mucho las cosas, pues Castro pasó de ser el jefe del oficialismo liberal como cabeza de turno de la Comisión Política Central, a ser el ministro de Gobierno de Belisario. ¿Cómo impedir que dicho nombramiento estrechara de alguna manera los vínculos del liberalismo con el actual gobierno, y ampliara la responsabilidad que le cabe en el manejo que actualmente se le viene dando al país? Los problemas del Partido Conservador no son de menor calibre. Usufructúa en la actualidad la mayor porción del pastel burocrático, pero ha comenzado a abandonar tímidamente al Presidente en relación con la iniciativa de sacar adelante en el Congreso una ley de indulto que cobije a los guerrilleros que firmaron los acuerdos de paz.
De esta manera, entre muchos de los miembros de ambos partidos ha ido surgiendo poco a poco un común denominador, y es el intento de escabullirse de la responsabilidad política que implicaría el fracaso de los pactos de paz con la guerrilla. La forma de hacerlo, en lugar de salir públicamente a cuestionar dichos pactos, arriesgándose a ser objeto del escarnio público como "esquiroles de la paz", es oponerse a la ley de indulto o la de apoyar simplemente un indulto condicionado, a sabiendas de que cualquiera de las dos fórmulas garantizaría automáticamente el fracaso de la tregua.
A ideas realistas, palabras directas: la firma de la paz ha colocado al país en un delicado limbo jurídico, en el que parece imperar la interinidad de la ley. Y la unica fórmula de resolverlo, gústenos o no, es el indulto amplio e incondicional. La paz se firmó con todos los guerrilleros que quisieron acogerse a ella, sin exigirles antes que presentaran carné de que jamás habían secuestrado o cometido delito atroz. En virtud de ella quedaron "semi-perdonados", ya que el ejército recibió la orden de no perseguirlos, y por consiguiente la justicia ordinaria quedó imposibilitada para enjuiciarlos.
Hubo en la práctica, aunque no en el derecho, perdón y olvido. El indulto, en este caso, jugaría el mismo papel que el matrimonio en las parejas amancebadas. O sea, elevaría a la dignidad de sacramento esta situación de hecho, pues en realidad lo que ha sucedido es que la paz dejó al país amancebado con las guerrillas, pero sin ninguna protección de la ley.
Jugar con la figura del indulto limitado y condicional constituye la mejor manera de abortar el proceso de paz: significaría simplemente que la mayoría de los guerrilleros jamás tendrían oportunidad de bajar del monte a la llanura. De manera que el parlamentario que insista en circunscribir el indulto a delitos distintos del secuestro y de los llamados "atroces", estara simplemente en abierto desacuerdo con la firma del tratado de paz.
Y como dice el dicho... ¡haberlo dicho antes!--
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