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Opinión

  • | 2012/06/16 00:00

    ¿Hacia dónde vamos con Santos?

    ¿Puede haber paz en un país donde las élites políticas se unen para amordazar a la justicia y los que menos tienen salen perdiendo?

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Uno no sabe quién está dando más palos de ciego: si el alcalde Gustavo Petro por tomar decisiones sin pensar y a la ligera o el presidente Juan Manuel Santos por tomarlas de manera fría y calculadora.

Petro puede que tenga malos modales y que se haya vuelto cada vez más despótico, pero su línea política sigue siendo la misma. Con Santos, en cambio, pasa algo más complicado: mejoró en las formas, pero su línea política sigue siendo un enigma difícil de resolver, porque tiene un doble discurso para todo, o para casi todo.

Su obsesión por el tema de la paz -habla de ella todas las semanas- contrasta con su persistencia por una reforma a la Justicia que va a devolvernos a la impunidad; una de la que solo hasta ahora empezábamos a salir. Un día se pone del lado de las víctimas del narcoparamilitarismo y de los agentes del Estado e impulsa la Ley de Restitución de Tierras y al otro apadrina una reforma a la Justicia que blinda a todos los políticos que se aliaron con esos mismos paramilitares. Se manda con todo para sacar adelante el marco legal de paz, pero, por el otro lado, propone replantear los límites del fuero militar.

Dice que tiene la llave de la paz en su bolsillo, mientras su bancada aprueba una reforma a la Justicia que dice explícitamente que ningún congresista podrá volver a ser investigado por un anónimo. De ahora en adelante solo tendrán validez las denuncias con presentación personal y si estas resultan no ser ciertas, las personas que incurran en esas fallidas denuncias deberán asumir los gastos del juicio. ¿Saben cuántos escándalos van a poder ser develados por la Corte Suprema de Justicia de ahora en adelante? Ninguno. Con esta reforma, los políticos podrán robar a sus anchas, acabar con la salud como de hecho ya lo vienen haciendo, aliarse con la mafia o con los parapolíticos que aún despachan desde las cárceles, con la seguridad de que no les va a pasar nada. Una reforma así sepulta para siempre el escándalo de la parapolítica y consolida un régimen corrupto que muy seguramente va a terminar por acabar muy pronto con lo que queda de la Constitución del 91.  

No me imagino la celebración que debieron hacer el día en que el Congreso aprobó la reforma a la Justicia los políticos enredados en escándalos, que ya muy seguramente no saldrán a la luz pública. Me refiero a senadoras como Miriam Paredes, una de las tantas congresistas investigadas por la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien tuvo que haber festejado por lo alto. Luego de esta reforma, todos los congresistas con investigaciones pendientes pueden estar tranquilos porque esta fue hecha a la medida de su impunidad.

¿Se puede hablar de paz y de que el conflicto está en su fase final como lo hace casi a diario el presidente Santos, cuando por la puerta trasera se hacen añicos los pilares de la Constitución de 1991 y la autonomía de la Rama Judicial termina siendo feriada a cambio de prebendas a los magistrados de las cortes, cuya mezquindad fue premiada con el aumento del periodo de su retiro y de su actual periodo?

¿Se puede hablar de un país más equitativo, como lo hace con frecuencia el presidente Santos, cuando su bancada aprueba una reforma a la Justicia que pone en una posición de indefensión a los miles de colombianos que tienen pleitos con los bancos porque se colgaron en las cuotas de su casita? Con esta reforma, esos pleitos salen de las manos de los jueces y se les entregan a los abogados y notarios (estos últimos dirigidos desde el Ejecutivo, con lo cual la autonomía de la Rama Judicial, que dejó plasmada la Constitución del 91, queda seriamente averiada). Como ni los unos ni los otros están sometidos al control constitucional, no tienen por qué aplicar los principios constitucionales y, por ende, el debido proceso al que tienen derecho estos demandados se va a ver afectado con el resultado previsible de que los grandes beneficiados van a ser los bancos.

¿Puede haber paz en un país donde las élites políticas se unen para amordazar a la Justicia y los que menos tienen salen perdiendo? ¿Un país así puede sacar adelante una ley de restitución a las víctimas o pensar en que la paz es posible? ¿A qué prestidigitador debemos ir para que nos explique hacia dónde va el país en medio de bandazos tan olímpicos?
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