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Opinión

  • | 2011/07/14 00:00

    Hacia una próspera utopía

    Si por el lado del gobierno anterior nos llevará mucho tiempo superar el legado costoso de turbiedades y politiquerías, el panorama de los escándalos actuales advierte una tendencia inmodificable.

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Un deseo profundo de quien escribe y de los millones de ciudadanos que condenamos el fenómeno de la corrupción, es el de poder disfrutar de un sistema democrático absuelto de culpas y deméritos en su función pública. ¡Ah cosa difícil! Si por el lado del gobierno anterior, nos llevará mucho tiempo superar el legado costoso de turbiedades y politiquerías, el panorama de los escándalos actuales advierte una tendencia inmodificable. Considerando la fortuita eficacia de la ley sobre la acción de los privados, la poca credibilidad y desdén por las instituciones y la ausencia de controles ciudadanos, nuestra ambición sugiere ser una utopía lejana en el sentido real de la palabra.

Cuando Tomás Moro introdujo el neologismo Utopía (1516) quiso describir una sociedad perfecta, ubicada en una isla imaginaria, que basaba su convivencia en la existencia de una ordenación natural, jurídica y moral, universalmente aceptada por todos sus habitantes. Sin embargo, el significado etimológico de la palabra, “en ningún lugar”, del griego ou (no) y topos (lugar), que fue una crítica severa a las aventuras expansionistas del Estado de Inglaterra durante la dinastía Tudor, ha sido adoptado erróneamente por nuestro lenguaje para describir algo inalcanzable, imposible e inexistente.

Aunque ciertamente desde esta mirada nuestro panorama pudiese resultar utópico, es necesario que nuestro ordenamiento político, no escatime en promover reformas sustanciales a la ingeniería normativa procurando, no solo que el ejercicio de la democracia y el control ciudadano surja del pueblo, sino también que se condenen de manera irrestricta las prácticas corruptas.

El discurso oficial de ‘prosperidad democrática’ debe considerar que, aun cuando el crecimiento económico sostenido es un factor que reduce el riesgo de crisis institucionales, las notables flaquezas del régimen de asistencia social y la carencia de obras públicas para la competitividad, entre otras debilidades, que tras veinte años subyugan el éxito de la Constitución Política, sin duda representan una pérdida de control para las instancias de autoridad estatal, y para el Ejecutivo, un quebranto de su gobernabilidad.

En el mismo sentido, esta suma de delitos supondría resultados nefastos en lo referente a las posibilidades de inversión extranjera y desarrollo económico de la nación: la caída de los alfiles del Agro Ingreso Seguro, levantar la ‘tapa’ de estupefacientes, o los más recientemente revelados fraudes por devolución del IVA en la DIAN, por mencionar solo algunos sucesos, no son propiamente incentivos positivos para estimular la apertura de negocios y proyectos de impulso a las locomotoras de crecimiento económico.

Por los lados del sector empresarial, no es menos delicado señalar episodios tan graves como la adjudicación de concesiones mineras, el cartel de las EPS o los desfalcos al erario de los ‘corporativos’ grupos Nule, Odinsa y Saludcoop: tan solo estos, nos permiten aseverar que la corrupción también desde lo privado deteriora a la política porque la hace ineficiente y ajena a los intereses nacionales, trayendo como consecuencia directa su secuestro por parte de quienes la aprovechan para beneficio propio.

La inercia del fenómeno debe erradicarse del imaginario social: aquella idea del ciudadano y empresario pasivo, que paga sus impuestos, que suele no opinar, que se dirige a votar cuando le toca, se desentiende de los problemas y después vuelve a votar, ya no tiene vigencia. Para el Gobierno, la cita es a superar esta gran prueba de fuego: a ostentar gobernabilidad con resultados y no titubear en decisiones radicales cuando el interés nacional apremie. La bandera de lucha contra la corrupción de este cuatrienio no debe limitarse al control de la imagen y la estabilidad institucional, sino a los hechos y transformaciones efectivas.

* Profesor Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.
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