Hacinamiento carcelario, sociedad y Estado

Todo indica que las medidas que se han adoptado para conjurar tan grave crisis carcelaria no han dado los resultados esperados. Es que lamentablemente mientras se legisle con el criterio de un Estado carcelero, más no de rehabilitación y resocialización, sin evaluar el recurso humano, todo lo que se haga son intentos fallidos, puesto que los diagnósticos jamás pueden ser aplicables para casos que corresponden a la idiosincrasia del ser humano cuando cae en desgracia.

Las cárceles de nuestro país solo tienen capacidad para albergar en condiciones más o menos dignas a 29.114 internos, pero con la Ley 1453 del 2011 de Seguridad Ciudadana la población carcelaria se incrementó para el año 2012 en 13.933 internos y para el 2014 ya va en 107.320 internos. Se tiene calculado que de acuerdo a las nuevas medidas del gobierno desde todo punto de vista válidas para conjurar la delincuencia organizada, anualmente la población carcelaria fácilmente se incrementará en 18.000 internos.    

Ante la grave crisis que se está viviendo en las cárceles, se hace indispensable proponer una alianza: hacinamiento carcelario, sociedad y Estado para buscar soluciones concretas. Es claro que al gobierno le he quedado grande el problema, puesto que después de varios años de estarse soportando, con tragedias, fugas, amotinamientos, enfermedades y fallecimientos; Dios no lo permita, puede venir una grave crisis de incalculables consecuencias. 

Valdría la pena que las autoridades escucharan a los directores de los diferentes centros penitenciarios del país, con el fin de hacer una evaluación sobre la crítica situación actual y con fundamento en ello tomar los más urgentes correctivos del caso.  

Los estudios que se han hecho sobre esta problemática social, por cierto a costos demasiado altos, y cuya única recomendación de los expertos es la construcción de más cárceles, nos da autoridad moral para afirmar que el único programa viable que se ha presentado como solución de fondo es el del plan padrino de descongestión carcelaria, propuesto varias veces por este columnista y que conlleva a la libertad vigilada con programas de rehabilitación y resocialización personalizada, garantizada con una póliza de seguros, suscrita entre el interno y un padrino. 

El gobierno no puede continuar haciendo caso omiso de este grave drama humano, con claras incidencias en la violación a los más elementales derechos humanos, puesto que una visita de los organismo internacionales, fuera de llevarnos la gran vergüenza, lo pondría en aprietos, con repercusiones para las ayudas humanitarias que se reciben.

Causa tristeza, desesperación y angustia, visitar las cárceles en Colombia, pero, lo más desastroso son los lugares de paso, los llamadas URI, donde el hacinamiento es hasta de un cien por ciento, se está llegando al colmo de tener que habilitar parques con carpas para los detenidos, puesto que, en las cárceles no hay cupo para uno más. 

Sin embargo, es aplaudible desde todo punto de vista, las declaraciones del nuevo ministro de Justicia en relación con el tema del hacinamiento carcelario - al manifestar que las cárceles no son la única solución para reformar al delincuente- por fin parece que se ha logrado dar un paso muy importante, puesto que Colombia, siempre ha tenido la mentalidad de ser un Estado carcelero. Pero lo más grave, es que no existan programas de rehabilitación y de resocialización.

Por eso considero que la vía comunitaria con previa evaluación del recurso humano frente a los diferentes procesos de desarrollo existentes en los diferentes centros de reclusión de País, podrían ser la solución, puesto que allí se involucran los actores más sensibles de la desgracia del ser humano cuales son: Interno, Estado, sociedad y familia. 

Si evaluamos cada uno de estos componentes frente a un proceso de desarrollo, nos encontramos que son miles los internos cuya peligrosidad es mínima, y que a través de un ser querido se puede acometer un programa personalizado de rehabilitación y resocialización, lo que le permitiría al Estado descongestionar los establecimientos, ahorrándose por cada interno apadrinado la suma de dos millones de pesos mensuales, al recluso  mirar hacia un futuro y a la familia reencontrarse con su ser querido desviado de la sociedad. 

Es de advertir que este programa no califica para internos de mala conducta dentro del penal, ni para delitos atroces y de lesa humanidad, como tampoco para quienes sean reincidentes dentro de los últimos cinco años. 

Si hacemos una evaluación de los internos que abandonarían las cárceles mediante este programa, nos encontramos que puede aproximarse al 40 % de la población carcelaria actual. Sin embargo, es procedente escuchar a las autoridades del Inpec, que son en últimas quienes conocen más que nadie la situación y cuantos podría ser de cada establecimiento los beneficiados.   

Debemos ser conscientes que las cárceles tal cual se encuentran atiborradas de seres humanos, mal trajeados, mal alimentados, mal dormido y soportando un hacinamiento que muchas veces sobrepasa del cien por ciento; sin programas de rehabilitación y de resocialización, no dejan de ser una bomba de tiempo que en cualquier momento le puede generar al gobierno, tremendas sorpresas.

Lamentablemente y de fuentes fidedignas hemos recibido información que a los internos,- con algunas excepciones-, una vez ingresan al establecimiento carcelario a cumplir su condena, no se les vincula a ningún proceso de rehabilitación y resocialización, razón por la cual pasan los días y las horas mirando hacia un horizonte totalmente vacío, que no les ofrece ningún proyecto de vida para el futuro, dentro del penal, ni para cuando salgan de él. 

Hay que ser conscientes que los establecimientos carcelarios están llenos de genios en diferentes áreas del saber totalmente desaprovechados, y que lo más conveniente, siempre y cuando no sean un peligro para la sociedad y de acuerdo al juez de penas, se les debe dar la oportunidad de rehacer su vida, con una libertad sin fronteras, pero supervigilada por su familia y la sociedad misma, a través del programa plan padrino de descongestión carcelaria.