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Opinión

  • | 2014/02/04 00:00

    El caos: hacinamiento carcelario y nadie responde

    Las violaciones de DD. HH. no pueden ser ignoradas, el efecto resocializador es totalmente nulo cuando se vive en espacios que son escuelas de crimen.

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Todo Estado en el mundo debe brindar garantías del cumplimiento de la justicia. Las cárceles históricamente se han utilizado para proteger a las sociedades contra personas peligrosas, para evitar que se reincida en comportamientos delictuales y en general para disuadir la comisión de delitos. Sin embargo, de acuerdo al sistema penitenciario y carcelario de cada país, varían la cantidad de centros penitenciarios, el tipo de institución reguladora y la política criminal.

Para el caso colombiano es necesario recordar que el hacinamiento ha aumentado desde la vigencia del sistema penal acusatorio, y cada gobierno ha tenido que trabajar en el diseño de una política criminal que permita cumplir la normatividad penal en equilibrio con la capacidad de las cárceles. Pero en este caso se ha fallado de manera flagrante cuando se permite que las normas aumenten el hacinamiento y los centros penitenciarios no responden a ello.

Los últimos meses se han hecho públicos los efectos inhumanos del hacinamiento carcelario. Un incendio reciente en la cárcel Modelo de Barranquilla que dejó 10 muertos y 38 heridos. El año pasado con la emergencia sanitaria, las continuas denuncias de la Defensoría del Pueblo sin efecto alguno, los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ausencia de los ministros de Justicia del actual gobierno en dar una solución de fondo al respecto.

Las violaciones de derechos humanos no pueden ser ignoradas, el efecto resocializador es totalmente nulo cuando se vive en espacios que son escuelas de crimen. 

¿Qué pasó con los 10 nuevos y modernos centros de reclusión que incluían 22.453 cupos que llevarían a un hacinamiento del 4,6 % para el 2010 construidos por el gobierno Uribe? ¿Qué pasó con el sistema de vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión o detención domiciliaria que había beneficiado a 5.938 entre sindicados y condenados, el cual funcionaba en el 2010 a inicios del gobierno Santos? ¿Por qué se ha llegado a cifras de hacinamiento hasta del 365 % como el caso del establecimiento penitenciario en Riohacha a 30 de noviembre del 2013, según el Informe estadístico INPEC noviembre 30 del 2013?

¿Quién asume la responsabilidad del Estatuto de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de junio de 2011) que aumentó de manera significativa las penas de algunos delitos y por otro lado creó  nuevos? Valga recordar que esto se tradujo en un aumento inmediato del hacinamiento. “En los primeros diez meses de vigencia de esta ley, el número de internos aumentó un 15 % (13.933 personas, casi 50 nuevos reos cada día)”.

Plantea el ministro Gómez Méndez en entrevista publicada en el tiempo el 2 de febrero del 2014 que se están ampliando los cupos “con construcción  con ingenieros militares y  con un diseño que nos hizo la Universidad Nacional que nos permitiría tener pronto 10.000 cupos  nuevos para comenzar a resolver el problema ya”. ¿Después de tres años y medio de gobierno? ¿Si hoy tenemos 125.000 internos y un hacinamiento del 58 % como resolverlo con 10.000?

No podemos dejar a un lado que hay un abuso claro de la detención preventiva dado que se aplica el principio de presunción de culpabilidad y no de inocencia, así mismo encontramos casos en los que mafiosos o violadores de menores se les da casa por cárcel de manera irregular. Si se aplicara la presunción de inocencia el hacinamiento disminuiría sustancialmente. Con el nuevo código penitenciario y carcelario en vigencia desde este año hay 4.000 solicitudes que no se han resuelto, en gran parte porque los internos no tienen con qué pagar un abogado, lo cual debió haberse previsto en la ley.

Si bien todos somos conscientes de la necesidad de una reforma estructural a la justicia, mientras se logra se debe responder con responsabilidad a esta crisis carcelaria en caos. Evitar impulsar leyes que aumenten el hacinamiento, utilizar programa de brazaletes electrónicos, vincular actores académicos como defensores de oficio que garanticen la defensa gratuita, utilizar medidas administrativas o alternas, no todo se paga con cárcel, cumplir realmente con el principio resocializador y respetar los derechos humanos de los internos.

Es una realidad que ya no estamos frente al sistema penal acusatorio, sino al sistema penal “aplazatorio”, pasaron tres años y medio del gobierno Santos con cuatro ministros  hasta ahora y con el hacinamiento en total descontrol.

En Twitter: @vmanriquezul
Directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas
Universidad del Rosario.
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