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Opinión

  • | 2015/02/27 11:00

    ¿Hasta cuándo el hacinamiento carcelario?

    ¿Qué estará pensando el señor Ministro de Justicia, y el INPEC, sobre el inhumano y vergonzoso hacinamiento carcelario que lleva más de cinco años sin solución a la vista?

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Es preocupante que a casi tres años de haberse nombrado la comisión con el fin de estudiar las causas y posible soluciones al hacinamiento carcelario, a la fecha no exista ninguna respuesta concreta sobre tema tan angustioso, que tiene en vilo a miles de familias, puesto que, sufren igual que sus seres queridos, que se encuentran tras la rejas, padeciendo todo tipo de torturas e incomodidades, con clara violación de los más elementales derechos humanos.

Se están reportando casos de enfermedades tan graves por causa del hacinamiento, pero, no se reportan al exterior de los penales, puesto que las autoridades penitenciarias irresponsablemente profieren callar para no causar tanto alarmismo en las diferentes instancias del Estado, que a decir verdad, se muestran inermes frente a un drama cuya solución no da más espera.   

El Plan Padrino de Descongestión Carcelaria, del cual es autor el suscrito, continúa siendo la  única opción viable, que para su aplicación y puesta en marcha no se requiere de mayor inversión de parte del Gobierno, y si más bien lleva consigo programas de rehabilitación y resocialización, que según estimativos pondría en libertad a más del 40 % de los detenidos, sin que esto implique  sean un peligro para la sociedad. 

No han sido suficientes los programas que por los noticieros, medios impresos, radio y televisión, se presentan con el fin de sensibilizar al Gobierno, pero, lamentablemente hasta la fecha después de más de cinco años de dilaciones, todo sigue igual.

De nada han servido tampoco, las visitas del Defensor del Pueblo, y demás organismos de Derecho Humanos, que han visitado las diferentes instalaciones donde se encuentran verdaderos dramas humanos, que sin ninguna justificación están allí, solo porque a un juez de la República se le dio la gana de no brindarles las garantías procesales a que tienen derecho. 

Será que piensan que este problema que tiene en vilo al país, es eterno, no señores, llegará el día en que se colme la paciencia de los miles y miles de detenidos e internos, que están padeciendo todo tipo de iniquidades y humillaciones en las diferentes cárceles, se amotinen, y muy seguramente el Gobierno se verá inerme para solucionar en horas, lo que en años no ha querido.

Toda esta encrucijada en que se encuentra el Gobierno para dilucidar tan delicado tema, nos está indicando que en Colombia carecemos de una política carcelaria y penitenciaria coherente con la actual situación del País, debemos entender que existen delincuentes que son productos de la misma sociedad, empiezan a delinquir desde sus hogares debido a los conflictos de pareja que se presenta entre sus progenitores y demás familiares.

Existen otros delitos, que tienen a los establecimientos carcelarios y las llamadas: URI, - sitios de paso-, atiborrados de internos y detenidos, que en la realidad jurídica, no necesitan de un tratamiento de detención, ni  penas privativas de la libertad, como es el caso del hurto de los celulares, que todos los días crece a cifras alarmantes no obstante las medidas preventivas que adoptan las autoridades, esto indica muy a las claras que el diagnóstico es equivocado, y que se requi8eren de otras medidas más efectivas para conjurarlo, como podría ser la aplicación del Plan Padrino de Descongestión Carcelaria, puesto que en su mayor parte siendo menores de edad, deben tener a su lado la tutoría de un acudiente para su readaptación social.

Mientras en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, no se adopten planes de contingencia con programas de rehabilitación y resocialización, es muy difícil que los internos entren por un proceso real para reintegrarse a la sociedad.

La medida que inicialmente se está aplicando como es la de trasladar los internos de las URI, a diferentes centros carcelarios del país, me parece desde todo punto de vista irregular, puesto que son personas que apenas están sindicadas de un delito, que a lo mejor no cometieron, o tienen argumentaciones que dentro del acopio procesal se les puede aminorar la pena y así evitar se les viole el derecho al debido proceso.

La terea de trasladarlos a sitios distantes de los despachos judiciales, les es más engorroso a las autoridades del INPEC, para cumplir pronta y oportunamente con sus funciones de transporte y vigilancia; pero, lo más grave,  según conceptos de algunos penalistas y expertos en leyes penitenciarias, se estaría cometiendo con estos sindicados un abuso de autoridad.

Considero que cambiar de sitio de reclusión a los sindicados, no es la solución, por el contrario es agravar más la situación, puesto que, deben estar pendientes de sus diligencias judiciales y al no estar disponibles para realizarlas, los jueces de penas tendrán una disculpa que alegar: la no presencia del sindicado.

Valdría la pena que el Congreso de la República en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el INPEC, realizaran una audiencia pública, con el fin escuchar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre cual, debe ser el camino más viable para poner fin a tan angustioso drama.

Es claro que ya se han hecho investigaciones a costos demasiado alto por cierto, y a la única conclusión que han llegado es: la de construir más cárceles; según expertos en estos temas, esa no es la solución, como tampoco es compatible la mentalidad carcelera de nuestras autoridades, que creen que todo se soluciona con cárcel, hay que pensar con mente más abierta, procurando que los internos que no sean de alta peligrosidad regresen al seno de la sociedad, siempre avalados por el programa del Plan Padrino de Descongestión Carcelaria.
   
urielos@hotmail.es
urielos@telmex.net

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