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Opinión

  • | 2011/07/01 00:00

    Hay que apoyar a monseñor Julio César Vidal

    Monseñor Vidal le ha venido diciendo al país y de manera particular al gobierno de Juan Manuel Santos del interés de cerca de 5.000 paramilitares de someterse a la justicia.

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El obispo de Montería, Julio César Vidal, es un cordobés de nacimiento, convicción y entrega por su tierra. Nacido en Tierralta, ejerció como obispo de la diócesis de Montelíbano entre 1994 y 2001, año en que asume la diócesis de Montería, conoce Córdoba a pie, sus comunidades, sus temas y las mil y una dificultades de una tierra donde el narcotráfico, el latifundio ganadero y la lucha de miles de campesinos empobrecidos conviven con la opulencia de quienes han construido fortunas lícitas e ilícitas, cruzados por una violencia que no da tregua y ha convertido a estas bellas sabanas y costas en tierra de sangre y sufrimiento. 
 
Esto fue recordado por el país cuando los estudiantes Margarita Gómez y Mateo Matamala perdieron sus vidas en enero de este año, por estar en medio de territorios de narcotráfico y señores de la guerra.
 
Monseñor Vidal le ha venido diciendo al país y de manera particular al gobierno de Juan Manuel Santos del interés de cerca de 5.000 paramilitares de someterse a la justicia. Él conoce de lo que habla por que actuó como facilitador del proceso que se dio entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2006, con logros parciales y muchos déficits, como lo demuestra la cruda realidad que hoy vivimos. El tema paramilitar no ha sido superado, los derechos de las víctimas están por ser reconocidos y estamos lejos de tener territorios bajo el mandato de la constitución del 91, como también lejos de mafias que ejercen el poder local, como se da hoy y muy seguramente se refrendará en las elecciones de octubre.
 
La política de sometimiento a la justicia viene desde el presidente Cesar Gaviria y tiene la ingrata recordación del desafortunado intento con Pablo Escobar, quien jugó con la doble y terminó en un espiral de violencia agenciada por legales e ilegales, en lo que se conoció como la “guerra de los Pepes”.
 
Pero no por ello el país ha cerrado las puertas del sometimiento, y bien lo hace al considerar que ilegales puedan aceptar de manera voluntaria y motivados por la presión y acción legitima del Estado, abandonar sus actividades mafiosas y violentas, confesar sus crímenes, reparar a las víctimas y acogerse a términos de reclusión, penas y devolución de capitales, que les permita proteger sus vidas, las de sus familias y volver a la sociedad en condición de ciudadanos que respetan la Constitución y las leyes.
 
El gobierno del presidente Santos ha sido enfático en que no hay posibilidad de negociaciones con los herederos de las AUC, pero no ha cerrado las puertas al sometimiento, posibilidad legal que puede ser asumida por la Fiscalía General y en la cual monseñor Vidal ha sido discreto y perseverante. Sería buena noticia para un país atosigado de violencia; si este entramado de grupos asume ese camino, hay que apoyar las gestiones de este hombre de paz y lograr que lleguen a buen puerto pues será una nueva oportunidad para quienes hoy transitan por los caminos de la ilegalidad, la violencia y la sangre.
 
El Estado tiene el mandato de actuar contra la ilegalidad, pero también tiene el respaldo social para buscar alternativas cuando los que están en la ilegalidad buscan caminos de retorno a la sociedad. La mano extendida es posible cuando se actúa desde la legitimidad y la capacidad de ofertar alternativas, sin impunidad ni transgrediendo unos mínimos innegociables del Estado social y de derecho. Desde allí hay un amplio margen de actuación, que la sociedad tiene para tratar con quienes han incurrido en la ilegalidad.
 
Ahora que el mundo habla de los 40 años de la “Guerra contra las drogas” y donde los logros han sido más bien magros, los expresidentes Cesar Gaviria, Ernesto Cedillo y Fernando Henrique Cardoso han puesto sobre la mesa una propuesta para abrir un debate mundial y unas reformulaciones a las políticas prohibicionistas, debate al cual debe concurrir, liderar y promover el presidente Juan Manuel Santos, más ahora en condición de miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, animando una interlocución con la administración de Barack Obama, quien ha mostrado interés en repensar la acción antidrogas.
 
Así las cosas, es deseable esperar reformulaciones concretas en la lucha contra el narcotráfico.
 
Monseñor Vidal nos ha dado la buena noticia del interés de sometimiento de 5.000 paramilitares. Ahora hay que acompañarlo y respaldarlo para que sea un proceso exitoso, que logre mayores niveles de convivencia en Córdoba y sus alrededores.
 
*Luis Eduardo Celis es coordinador de la línea de incidencia política de la Corporación Nuevo Arco Iris.

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