Historia y justicia

Con la condena a treinta años de cárcel proferida por el Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel Alfonso Plazas Vega, quien ya ha pasado varios de detención preventiva en un casino de oficiales, vuelven a aflorar las responsabilidades penales y políticas de aquel atroz episodio criminal, obra de múltiples autores enfrentados, que fue la toma y contratoma del Palacio de Justicia hace 25 años. En la sentencia se le exige también al Ejército que pida públicamente perdón por lo ocurrido. Y se propone que el entonces presidente de la república Belisario Betancur responda por ello ante la Corte Penal Internacional.

(Ante lo cual sale el hoy presidente Juan Manuel Santos a pedirle perdón a Betancur, cosa que no viene a cuento: el jefe del Ejecutivo no tiene por qué opinar sobre las decisiones del Poder Judicial).

El expediente del caso tiene 42.465 folios (que yo no he leído), y los defensores del condenado coronel Plazas afirman que está lleno de inconsistencias y de falsos testimonios. Pero en el fondo hay un hecho incontrovertible, del cual fuimos testigos millones de colombianos a través de la televisión: la eliminación, posterior a los combates, de once personas que vimos salir vivas y detenidas del Palacio incendiado, y después fueron encontradas muertas dentro de sus ruinas calcinadas o desaparecieron sin rastro. (La condena a Plazas se refiere solo a dos de ellas, sobre cuyos casos, según los magistrados, hay plena prueba).

En primer lugar hay que barrer el mucho palabrerío políticamente interesado que ha ido creciendo a lo largo de estos veinticinco años en torno a la tragedia. Así, no es verdad que se juzgue al coronel -y otros más deberían ser juzgados- por haber 'defendido la democracia' en la batalla del Palacio. Se lo juzga por un delito específico cometido después de esa defensa, que es el de la desaparición forzada. Y así, tampoco es verdad que se haya premiado a los subversivos del M-19 que desataron la masacre tomándose a tiros el Palacio. Todos los que participaron en esa acción insensata, incluidos los jefes de la organización en aquel entonces, están hoy muertos (o desaparecidos). Los que aún viven (entre otras razones porque no estaban ahí) son los que hacen política electoral y pacífica desde que años después, al cabo de una negociación política, fueran amnistiados.

Dice el coronel Plazas que lo que él pide es justicia, y no perdón (saliéndole al paso al oportunista 'perdón' que pide y otorga por su cuenta un antiguo militante del M-19, el ubicuo Carlos Alonso Lucio, que nada tiene que ver en el asunto, pero quiere figurar). Pero debe haber justicia no solo para Plazas, que según la sentencia es solamente "coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada", sino también para los demás coautores, mediatos e inmediatos. Plazas es un eslabón intermedio. Sus subordinados, presuntos autores materiales del crimen, ni siquiera han sido identificados. Uno de sus superiores, el entonces comandante del Ejército General Rafael Samudio, se jactó pocos meses después en una conferencia de militares en Chile de que la brutal contratoma del Palacio por el Ejército, con su centenar de muertos, había sido "un ejemplo para el mundo" (y lo fue, en efecto: ha sido imitada en muchos otros países). Y solo otro, el general Arias Cabrales, comandante en la época de la XIII Brigada del Ejército, ha sido condenado por los jueces.

En cuanto al entonces presidente Belisario Betancur, sostiene que ha respondido varias veces a los investigadores, y es verdad. Una primera comisión ad hoc llegó a la asombrosa conclusión de que aquello había sido un acto político, y según ella los actos políticos no se pueden juzgar. Y su juez natural, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, siguiendo su inveterada costumbre, lo absolvió. Y ahí pararon las cosas (hasta ahora, cuando el Tribunal de Bogotá pide la intervención de la CPI).

Pero una cosa es querer hacer justicia (acertando o equivocándose en la sentencia), y otra pretender ocultar la historia. Es posible defender y también condenar tanto la toma como la contratoma: pero no es posible negarlas. Desde el punto de vista de la historia hay que aceptarlas, y desde el punto de vista de la justicia llega siempre el momento de olvidarlas. La historia del mundo, y no solo la de este país, está tejida de olvidos históricos, que son indispensables. De amnistías y de indultos y de perdones sin los cuales la historia sería intolerable. Y ha sido tolerada, y continúa siéndolo.

¿Quién responde por la guerra de los Mil Días? O, yendo más atrás, como hace el pintoresco Timochenko de las muy actuales Farc, ¿quién responde por la Guerra de Troya?