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Opinión

  • | 2011/09/22 00:00

    Historia de promesas y bombas: el gobierno de las cárceles en Colombia

    Esta es la primera entrega de una serie de columnas sobre el sistema carcelario en Colombia y los derechos de las personas privadas de la libertad.

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Las cárceles colombianas no son confortables; más bien tienen problemas de hacinamiento principalmente debido a las limitaciones fiscales. Eso fue lo que el presidente Turbay Ayala le manifestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de abril de 1980. Y agregó: “se hará una inversión sustancial en el presupuesto nacional, destinada a manejar la situación de los centros penitenciarios”.
 
Durante tres décadas ese discurso gubernamental se repitió como un “disco rayado”, aunque hay que reconocer que también se sofisticó. Su repetición siempre ha estado asociada a la idea de la cárcel como “bomba de tiempo”. En 1997, esa imagen explosiva la usaron Rafael Santos y Nelson Freddy Padilla. Hace 14 años me pregunté: ¿quién puso la “bomba”?
 
Durante el primer semestre de 1997, fue común la publicación de fotografías de privados de la libertad en las azoteas de las prisiones en los principales medios impresos de comunicación. Fueron aproximadamente 60 protestas de prisioneros que reclamaban una solución al hacinamiento: Bellavista de Medellín registraba una tasa del 432%, Villahermosa de Cali una de 375% y La Modelo de Bogotá otra de 323%. El entonces ministro de Justicia y del Derecho, Carlos Medellín, declaró que a pesar de que los recursos para nuevas cárceles habían sido insuficientes, en 1999 existirían 13.800 nuevos cupos.
 
En agosto de 2001, la situación en las prisiones era un poco más compleja: los asesinatos, las desapariciones forzadas y los secuestros se habían convertido en práctica común en las más importantes cárceles del país. El entonces ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González, fue contundente con el espejo retrovisor: “las anteriores administraciones no se preocuparon por construir nuevas cárceles y penitenciarías para atender la creciente demanda de cupos”. Y sus promesas casi se duplicaron respecto a la administración anterior: anunció que habilitaría un total de 24.628 nuevos cupos en las prisiones.
 
Según mis cuentas, al ministro Medellín le hicieron falta el 60,94% y al ministro González el 46,57% de los nuevos cupos prometidos. Respecto a la administración del presidente Uribe, la Contraloría (2010) reconoció los avances en materia de construcción ?aunque recientemente se refirió a sobrecostos de los principales contratos?, pero advirtió que el hacinamiento “hoy alcanza una cifra superior al 40%, situación muy similar a la vivida en la década del noventa”.
 
De vuelta a 1998. Todo señala que el plan de construcciones y refacciones que entonces la Corte Constitucional le ordenó adoptar y aplicar al Gobierno fue un fracaso. Un círculo que se encierra a sí mismo, vulgarmente vicioso. Quizás esa sea la mejor imagen que sirva para representar el principal discurso gubernamental sobre las prisiones colombianas. Promesas de aumento de cupos para que no estalle la “bomba” o siga estallando sin hacer ruido. La administración del presidente Santos está en posibilidad de “traicionar” esa tradición carcelaria colombiana dejando de inventar cupos carcelarios que sólo existen en el papel. Si quiere ser serio, no caben más promesas de construcciones, ni justificaciones sobre ausencia de recursos económicos.
 
Tomarse en serio las prisiones implica analizar con sensatez la realidad. Entre 1995 y 2010, la población carcelaria recluida en las prisiones administradas por el Inpec casi se triplica: pasó de 33.258 a 80.500 personas privadas de libertad, es decir, aumentó en un 242,05%. El aumento vertiginoso de la población que es sometida a prisión es la verdadera “bomba”.
 
La sociedad colombiana quiere tener más presos porque considera que la cárcel es como la varita mágica de Harry Potter: la solución definitiva a la existencia del Mal (Voldemort) y todos los pequeños males que aquejan la convivencia. Y el Gobierno responde al creciente deseo de seguridad: expidió la ley de seguridad ciudadana y continúa estudiando la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de delitos, de tal manera que sectores de una nueva franja de población irán a parar a las prisiones de adultos. Ministro Esguerra, ¿el Gobierno ya previó como dispondrá de nuevos recursos para atender a una “clientela” que seguirá creciendo?
 
Quizás valdría la pena decirle al país que intensificar el uso de la cárcel, tal como ocurrió en Estados Unidos entre 1975 y 2000, cuando la población total aumentó en un 509% (de 379.393 a 1.931.850 presos), vale una platica. Después habrá que asegurar que esa platica se invierta bien. Y ojalá que con el paso de los años la platica no se considere insuficiente, cuando un tribunal judicial decida que la única medida posible es la excarcelación de presos, tal como lo acaba de decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto a las prisiones de California esgrimiendo, entre otras razones, que es “posible reducir la población, en una forma que preserve la seguridad pública y la operación del sistema de justicia criminal”.
 
Todavía recuerdo la vehemencia del ministro González: “Coja de aquí para atrás todos los ministros hasta el gobierno de Belisario Betancur y dígame quién ha hecho cárceles como las que yo estoy haciendo, con cero corrupción, cero armas y cero droga, como la de Valledupar”. Ministro Esguerra, ¿quiere seguir ese camino?
 
* Socio e investigador corporación Punto de Vista.
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