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Opinión

  • | 2011/04/05 00:00

    Historias de corrupción policial en Medellín

    La masacre de cinco personas ocurrida en esta capital el pasado 31 de marzo al parecer involucra a miembros de la Policía Nacional. De ser cierto, no sería la primera vez que ocurre. El pasado tiene muchos ejemplos.

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La historia de la criminalidad en Medellín y el Valle de Aburrá tiene episodios en los cuales sectores de la Fuerza Pública, particularmente de la Policía Nacional, han sido agentes activos en el apoyo de estructuras criminales ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo. En la actualidad, se habla de relaciones con las bandas armadas ilegales que dominan barrios y comunas de la ciudad. Los hechos son tan evidentes que las comunidades se refieren a la institución armada como “polibanda”.

Esas relaciones vienen a cuento hoy, pues al parecer agentes de la Policía Nacional serían cómplices de la última masacre perpetrada la noche del jueves 31 de marzo en el barrio Santander, que dejó cinco muertos, entre ellos tres mujeres, una de ellas menor de edad.

La situación es tan compleja en la ladera noroccidental de la ciudad, donde se cometió el homicidio múltiple y donde los ataques armados han sido la constante este año, que la comunidad ya se refiere a los agentes de la Fuerza Pública como factor de peligro cuando hacen presencia en las calles de los barrios.

“La Policía ha perdido toda su legitimidad”, me dijo un líder de la zona, quien al analizar la situación arriesga una hipótesis: “ahora los policías dejaron de comportarse como maniquíes, es decir, de quedarse quietos cuando las bandas actúan, y son algunos de ellos los que operan, reemplazando al sicario”.

Lamentablemente lo que se vislumbra en este asesinato múltiple hace parte de una historia de ilegalidad policial durante los últimos 30 años. Desde los tiempos del Cartel de Medellín, los agentes de Policía se han articulado a las estructuras armadas ilegales para beneficiarse económicamente. Notas de prensa de comienzos de la década del noventa contienen relatos que hacen referencia a las relaciones de la Fuerza Pública con los mandos medios del confeso narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Una de las zonas claves fue el barrio Guayabal, sur de la ciudad, donde “los fines de semana se veían quince o veinte patrullas de la policía haciendo fila para reclamar la bonificación”.

Pero no fue una relación sólida. La persecución desatada desde febrero de 1993 contra el jefe del Cartel de Medellín lo llevó a ponerle precio a la cabeza de cada policía y a promover ataques sistemáticos contra los agentes. Las consecuencias no se harían esperar: sectores de la Fuerza Pública se aliaron a la organización Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) y de manera conjunta persiguieron no sólo a Escobar Gaviria, sino a decenas de sus hombres de confianza, sicarios, testaferros y abogados.

La alianza entre sectores legales vinculados con la Policía Nacional y poderosos narcotraficantes que abrían camino hacia la paramilitarización, se volvería a probar entre 1995 y 1996, periodo en el cual comenzaron a ser secuestrados los hijos, varios de ellos menores de edad, las esposas, y los hermanos de ex miembros del Cartel de Medellín.

Para enfrentar la situación, se tejió una cruenta red de pistoleros de la remozada ‘Oficina de Envigado’ y de la banda La Terraza con sectores de la Policía Nacional adscritos a la entonces Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro (Unase). Esa asociación criminal permitió entre los años 1995 y 1996 no sólo el rescate de algunos de los plagiados, sino la comisión de sendas masacres, torturas y desapariciones forzadas que aún hoy no se conoce su real dimensión.

Luego de esa macabra alianza, la ciudad se enfrentó a las primeras interceptaciones ilegales de líneas telefónicas realizadas por agentes de la Policía Nacional vinculados con el Gaula Urbano. De acuerdo con expedientes judiciales, entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, se interceptaron 1.808 líneas desde las centrales de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Una fuente anónima, que se presentó como “agente de la Policía Nacional” adscrito al Gaula Urbano, describió las irregularidades que cometía esa unidad policial para favorecer a la banda La Terraza y a grupos paramilitares: “La colaboración se componía de interceptar líneas telefónicas ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares o de organizaciones no gubernamentales que tuvieran que ver con la subversión”.

Recientemente se reveló la alianza de por lo menos cinco policías con la Banda de Los Triana, una estructura criminal con más de 20 años de vida delincuencial en la ciudad. Las relaciones quedaron al descubierto cuando fueron capturados 20 integrantes de la banda, quienes gozaban de la protección policial.

Dado que no se ha profundizado en el tema, es difícil establecer si los vínculos de los agentes de la Fuerza Pública con los grupos armados ilegales, en particular aquellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo, son el resultado de procesos de corrupción, identidad ideológica o de amenazas en su contra que los lleva a actuar en contra de su voluntad y a favor de las estructuras criminales.

Lo cierto es que la historia criminal de Medellín da cuenta de la permanencia de redes criminales en las que tienen presencia sectores de la Fuerza Pública cuyos nexos con la ilegalidad lamentablemente desdibujan la tarea que cientos de miembros de las instituciones armadas realizan día a día con total honestidad, transparencia y respetuosos de la ley.

La actuación policial en la ciudad en los últimos 30 años amerita no sólo un debate abierto sobre su papel en la criminalidad, sino la adopción de mecanismos de depuración a través de los cuales se apliquen correctivos para que los agentes se blinden ante las ofertas económicas de las organizaciones armadas ilegales. Ambas acciones son urgentes para recuperar la legitimidad perdida; de lo contrario, persistirá la violencia, se afectarán las políticas de seguridad y se consolidará el término “polibandas”.

*Periodista y docente universitario.
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