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Opinión

  • | 2010/05/27 00:00

    Historias de impunidad en Antioquia

    Algunas evidencias me permiten concluir que hubo un sector de la administración de justicia en Antioquia que jugó un papel determinante para favorecer la causa paramilitar.

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En las últimas semanas se difundieron dos noticias relacionadas con acciones delictivas de índole paramilitar ocurridas en Antioquia a finales de la década del ochenta y a comienzos de la década del noventa que hacen parte de las historias de impunidad que ha escrito la administración de justicia en este departamento.

La primera se dio a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar al ex congresista César Pérez García para establecer si participó o no, como “determinador”, en la masacre de 43 personas perpetrada en Segovia Antioquia el 11 de noviembre de 1988.

La segunda surgió de las declaraciones del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero, divulgadas en los diarios Página/12, de Argentina, y Washington Post, de Estados Unidos, en las que entregó detalles del grupo de “justicia privada” y “limpieza social” conocido como ‘Los doce apóstoles’, que operó en el municipio de Yarumal y otras localidades cercanas entre 1993 y 1994, y de su supuesto jefe, Santiago Uribe Vélez, hermano del actual Presidente de la República.

En mis indagaciones periodísticas me encontré con un dato interesante que revela cómo se actuó en el caso de la masacre de Segovia. Resulta que la unidad de investigadores judiciales dispuesta para el caso llegó a la localidad sólo seis días después de perpetrado el múltiple homicidio, con lo que ello significa en la inspección del escenario del crimen, el proceso de recolección de pruebas y la construcción de la cadena de custodia. Si bien con ello no se involucraba directamente al ex congresista Pérez García, si evidenciaba la falta de voluntad para abordar el caso que, a la postre, favoreció al político antioqueño.

Sobre ‘Los doce apóstoles’ encontré testimonios interesantes. Un ex funcionario de la Alcaldía de Yarumal que estuvo en ese municipio en la época de los hechos debatidos me explicó que el proceso de investigación arrancó con varios problemas: primero, el miedo de varios testigos, pues sabían que había gente importante comprometida; segundo, los agentes de policía de la localidad, acusados de cómplices, fueron a su vez los auxiliares de investigación judicial; tercero, los investigadores judiciales eran de Medellín y desconocían la zona, por lo que sustentaron sus decisiones en rumores, que fueron fácilmente rebatidas. Todo ello condujo a que se dictaran autos inhibitorios por falta de pruebas.

El trámite de ambos procesos dejó una sombra de duda sobre los procedimientos adelantados para determinar con claridad quiénes habían sido los responsables intelectuales de los crímenes cometidos. Pero no han sido los únicos casos donde ello ocurre. Evidencias que reposan en algunos archivos y conversaciones que he sostenido con ex funcionarios judiciales me permiten concluir que hubo un sector de la administración de justicia en Antioquia que jugó un papel determinante para favorecer la causa paramilitar.

Un caso que se suma a la larga historia de impunidad surgió tras el allanamiento a un parqueadero del centro de la ciudad de Medellín conocido como Padilla. Hasta allí llegaron el 30 de abril de 1998 varios investigadores del CTI que rastreaban un centro de operaciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En este lugar se descubrió el centro logístico y financiero de esta organización armada ilegal. El análisis documental permitió establecer la existencia de 497 cuentas bancarias de personas jurídicas y naturales, entre ellos empresarios, industriales, ganaderos, militares y policías, a través de las cuales se realizaron transacciones financieras que acabaron asentadas en los libros contables de la organización paramilitar.

Este proceso, radicado bajo el número 34.986, no condujo a capturas importantes, entre otras razones porque se cometieron errores en el manejo de las pruebas, se trasladó de un despacho judicial a otro y fue objeto de gran presión política para que se archivara. Además, las pesquisas iniciadas a partir del análisis de la información provocaron la muerte y el exilio de varios investigadores del CTI, quienes no fueron funcionales a ese sector proclive al paramilitarismo incrustado en la entidad e intentaron construir un proceso sólido para que la Fiscalía acusara sin riesgo de fisuras.

Ya en la década del dos mil es importante resaltar un caso que involucra a dos paramilitares, artífices de la integración de la llamada ‘Oficina de Envigado’ con los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de Daniel Alberto Mejía, alias ‘Danielito’, y Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’.

Ambos tuvieron un gran recorrido criminal. Desde mediados de la década del noventa habían sido identificados por organismos de seguridad como integrantes de un grupo armado ilegal que operaba desde el municipio de Envigado al parecer bajo las órdenes del empresario deportivo Gustavo Upegui Mejía. Por más de diez años estuvieron al frente de acciones delincuenciales, pero cuando se desmovilizaron y se esperaba que fueran requeridos por la justicia, resulta que no tenían procesos judiciales en su contra. Algo tuvo que operar para que la justicia no actuara.

Los hechos develados en las últimas semanas sustentan lo que alguna vez me dijo un ex funcionario de la Fiscalía General de la Nación hoy en el exilio y que trabajó en Antioquia a finales de la década del noventa: “parecía que había un pacto tácito entre empresarios, autoridades y paramilitares para que las cosas no funcionaran”. Quizás por ello, concluyo yo, la historia de la impunidad en Antioquia es inagotable.

(*) Periodista y docente universitario
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