Hola soledad

Muchos colombianos reconocen el valor de la senadora Piedad Córdoba. Ha sacrificado su tranquilidad y la de su familia para denunciar el paramilitarismo. Ha padecido secuestros y exilio, por expresar lo que piensa. Ha levantado su voz, en contra del parecer mayoritario, para mostrar los pies de barro de este gobierno. Ha defendido la tendencia socialdemócrata dentro de su partido, en oposición al neoliberalismo. Todo eso hay que abonárselo, pero también hay que decir que cuando Piedad se equivoca, se equivoca en grande.

El más reciente de estos errores es también uno de los más graves. Piedad dijo esta semana que el silenciamiento de Rctv no es un atentado contra la libertad de expresión en Venezuela.

Para justificar la medida del gobierno venezolano, Piedad echó mano tanto del discurso chavista como de un ejemplo colombiano, cuando afirmó: "Lo mismo hizo acá el presidente Samper con 'QAP'. Cuando llegó el momento de renovarle o no la concesión, no lo hizo. Yo pienso que el presidente Chávez está en todo el derecho de tomar la decisión de si renueva o no una licencia. No creo que se esté coartando la libertad de expresión allí".

La verdad es que en los dos casos, los gobiernos crearon instrumentos jurídicos para desaparecer del mapa informativo a sus detractores, y de esta manera acabar con la libertad de expresión y con el derecho del público de recibir una visión distinta. Ni la ley 'Martha Catalina' que impulsó Samper, ni la interpretación acomodaticia de la concesión de Rctv, que decidió hacer el gobierno de Hugo Chávez, resultaron suficientes para vestir de seda la venganza que animaba las dos decisiones.

Está equivocada la senadora cuando dice que Samper no le renovó la concesión a QAP. Realmente la empresa decidió renunciar a su participación en la licitación porque consideró que no tenía garantías suficientes. Esas garantías se vieron seriamente lesionadas con una ley, inspirada por el gobierno y firmada por la tristemente célebre Martha Catalina Daniels, que acabó con una prórroga consagrada en los contratos de concesión.

Samper lo hizo por dos razones: primero, para justificar legalmente una medida contra los medios más activos en la denuncia de la narcofinanciación de su campaña. Y segundo, para entregarle -sin limitaciones- dos canales privados a los grupos Santo Domingo y Ardila, cuyo apoyo fue decisivo para su permanencia en el poder.

La televisión que hoy tiene Colombia, y que ha resultado tan conveniente para este gobierno, la heredamos de esa medida.

En la venganza de Chávez contra Rctv también hay un componente político y uno económico. Chávez castiga al canal nacional que se mantuvo firme en la oposición. Y para hacerlo, apela a una leguleyada que le permita adelantar el final de la concesión. Es decir, matarlo en un proceso abreviado. De paso, con su decisión ganarán una fortuna los competidores de Rctv, que oportunamente se convirtieron al chavismo y que ahora operarán sin competencia.

Piedad no debería respaldar esas determinaciones porque tendrá que callarse cuando les llegue el turno a los medios críticos colombianos. Y les llegará.

Ella no puede ser independiente en Colombia y al mismo tiempo áulica del gobierno de Venezuela. Su actitud es inconsistente en lo político, pero además, tiene un elemento cómico: tanta obsecuencia no está debidamente correspondida. Chávez no sabe siquiera el nombre de su incondicional defensora. La única vez que la nombró en público, la llamó Soledad Córdoba.

ACLARACION: El señor Santiago Uribe Vélez le entregó a SEMANA una serie de documentos que comprueban que la firma Inversiones Uribe Vélez y Compañía, Sociedad en Comandita', que figura en una de las matrículas inmobiliarias de la Hacienda Guacharacas, no pertenece a su familia.

En consecuencia, aclaro mi afirmación según la cual la familia del presidente Uribe sigue vinculada a la Hacienda Guacharacas. Los que aparecen en el registro de la finca son otros Uribe Vélez.