Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2008/05/02 00:00

Homofobia en la escuela: no la queremos

Al incentivar, permitir o peor aún, al no haber detenido la manifestación estudiantil del pasado viernes, tanto la rectora como los demás profesores del Leonardo Da Vinci de Manizales desconocieron que ellos son los garantes de los derechos fundamentales de las estudiantes del colegio.

Homofobia en la escuela: no la queremos

Lawrence King, un adolescente californiano de 14 años, fue asesinado por uno de sus compañeros de clase el 12 de febrero de este año. El motivo de su muerte: Lawrence era gay. Para honrar la vida de esta joven víctima de un crimen de odio, el pasado viernes 25 de abril se celebró en su nombre el Día Nacional del Silencio. Sin embargo, no es la primera vez que el día del silencio tiene lugar en los Estados Unidos. Esta conmemoración es producto de la iniciativa de un movimiento estudiantil que surgió en 1996 en la Universidad de Virginia, en busca de que los estudiantes y las instituciones educativas hagan frente al problema que representan los comportamientos en contra de la comunidad LGBT en las escuelas y universidades de ese país.

Coincidencialmente, ese mismo día en la ciudad de Manizales, Ana y Lucía*, dos adolescentes lesbianas que habían sido expulsadas del Colegio Leonardo Da Vinci, fueron víctimas de un nefasto episodio de homofobia. A pesar de que un juez de tutela ordenó el reintegro de las dos jóvenes al colegio, ese viernes, cuando llegaron al plantel a matricularse acompañadas del Defensor del Pueblo de Caldas junto con una abogada de la misma institución, Ana y Lucía fueron recibidas por una enorme manifestación estudiantil.

Congregadas en el patio central del colegio, al menos medio centenar de estudiantes ondeaba pancartas mientras se alzaban al unísono sus voces en un incesante no las queremos. Así, mientras las cámaras de un canal de televisión registraban el momento en el que las dos jovencitas entraban al colegio acompañadas de sus padres, la dantesca escena culminó con la imagen de una de las asesoras jurídicas de la defensoría quien, ante la indignante situación, no pudo contenerse y abrazó a las muchachas mientras lloraba desconsoladamente.

Este episodio de homofobia escolar resulta particularmente preocupante por dos razones. Por un lado, porque involucra a una funcionaria pública – la rectora – quien no hizo nada por detener la lapidación verbal a la que fueron sometidas las dos jóvenes. Y por el otro, porque si bien las jóvenes pudieron matricularse, al permitir a las demás alumnas manifestar su intolerancia frente a la diversidad sexual a través de un discurso de odio legitimado por una institución educativa, el amparo constitucional concedido por el juez de tutela fue abiertamente desconocido.

En efecto, aún cuando nadie dentro del plantel impidió de manera directa que Ana y Lucía se matricularan de nuevo, y por lo tanto, se podría pensar que la orden judicial fue acatada, es claro que la protesta buscaba disuadirlas de regresar a clase. De hecho, ese mismo día la rectora anunció que impugnaría la decisión judicial. En consecuencia, a pesar de la valentía con la que estas dos adolescentes han asumido su condición de lesbianas en medio de las dificultades que representa salir del closet para una mujer en una ciudad pequeña como Manizales, es altamente probable prefieran no volver al colegio para evitar someterse a episodios similares de intolerancia.

No obstante, la rectora del colegio Magola Franco, negó rotundamente ante los medios de comunicación su participación en la organización de la protesta. Según ella, la iniciativa fue de las mismas alumnas quienes, entre otras, se valieron de la emisora del colegio para manifestarse contra el reintegro de Ana y Lucía. Lamentablemente, la actitud de la directora frente a lo sucedido evidencia hasta que punto la discriminación por motivos de orientación sexual en contra de las mujeres es una práctica social que cuenta con el beneplácito de directivas, padres de familia y profesores.

Aún así cada vez con más rapidez la sociedad colombiana reacciona en contra de este tipo de hechos. A las pocas horas de ocurrido el incidente, el video que había sido difundido a través de la televisión por un noticiero de circulación nacional circulaba libremente por Internet, y esa misma noche, la comunidad virtual de Facebook registraba que – al menos – medio centenar de personas habían adherido al grupo Rechazamos la homofobia en los colegios de Colombia. Somos cada vez más las colombianas y los colombianos que rechazamos pública y tajantemente la homofobia en las escuelas y colegios del país.

Es claro que al incentivar, permitir o peor aún, al no haber detenido la manifestación estudiantil del pasado viernes, tanto la rectora como los demás profesores del Leonardo Da Vinci de Manizales desconocieron que, en tanto educadores y funcionarios públicos, ostentan la calidad de garantes de los derechos fundamentales de las estudiantes del colegio.

En esa medida, su actitud constituye en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales de las dos menores y por ello es razón suficiente para iniciar procesos disciplinarios en contra de los involucrados. Como bien lo señaló el Defensor del Pueblo ante los medios de comunicación el día del incidente, “con el comportamiento de la jornada de la mañana se están violando esos derechos que el juez ordenó tutelar.

Sin embargo, el alcance de un hecho como el ocurrido en Manizales va mucho más allá de los muros del colegio. Los discursos de odio legitiman la intolerancia frente a aquellas opciones de vida que no coinciden con el plan vital aceptado por las mayorías. Pero además, cuando – como en este caso – los discursos de odio son utilizados como una herramienta para dejar sin eficacia la protección judicial de los derechos fundamentales, entonces también se está legitimando la violencia como una forma válida de desconocer las decisiones de los jueces.

De hecho, la protesta del viernes es un acto de violencia discursiva que al mismo tiempo puede catalizar actitudes violentas de mayor escala, como el hostigamiento o las agresiones físicas. Y es por esta razón que es responsabilidad del Estado – y particularmente de las autoridades locales – garantizar la integridad de Ana y Lucía, quienes se encuentran en situación de riesgo al haber quedado expuestas dentro de una comunidad en la que las manifestaciones homofóbicas fueron legitimadas por una institución educativa del Estado.

Desafortunadamente, salir del closet todavía está lejos de ser una tarea fácil para un hombre gay o una mujer lesbiana. Sin embargo, pensar en lo que significa reconocer públicamente que se es lesbiana a los 16 o 17 años en el contexto de una ciudad pequeña, en donde las posibilidades de ejercer libremente la opción sexual siguen siendo restringidas, es un asunto mucho más delicado aún. Es precisamente por esta razón que, antes que nada, estas líneas son para alentar a dos mujeres valientes que a pesar de contar con el apoyo de su familia y de la administración de justicia, han visto vulnerados sus derechos fundamentales a vivir dignamente, a la educación, a desarrollar libremente su personalidad y a no ser discriminadas por motivos de orientación sexual. Por ellas y por todas las víctimas de la homofobia en nuestro país, se debe romper el silencio para decir al unísono, homofobia en la escuela: no la queremos.

* Los nombres han sido cambiados para respetar la identidad de las jóvenes involucradas.

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