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La igualdad entre los descendientes de don Pelayo

Debemos dejar de pensar en los egos personales y luchar por una cultura del bien donde luzcan los buenos profesionales, servidores públicos y abogados, en su caso diligentes y entregados por la causas de sus clientes y por encima de todo que sobresalgan como personas que sirven de ejemplo para las nuevas generaciones.

Germán Calderón España, Germán Calderón España
11 de julio de 2017

La igualdad al acceso a un cargo público está siendo frustrada por personas que no corresponden a las luchas que por este derecho libraron insignes hombres de la independencia como Camilo Torres con el memorial de agravios de 1809.

El manuscrito realmente llamado "Representación del muy ilustre cabildo de Santafé a la Suprema Junta Central de España", denunció la desigualdad entre criollos y peninsulares para acceder a los altos cargos públicos. A los primeros se les impedía ese privilegio como si fuesen hijos de la peor madre.

El acceso a los cargos públicos en Colombia en términos de igualdad ha sido una lucha reivindicada por la Constitución de 1991, momento a partir del cual muchos, inclusive quienes no salimos de las universidades más prestigiosas, ni de las élites políticas o económicas del país, hemos podido ocuparlos.

Ahora con la crisis ética por la que atraviesan nuestras instituciones vale la pena preguntarnos si el encargo que se nos encomendó a los profesionales que venimos de las regiones o de las clases populares ¿nos quedó grande?.

Pero no es así porque hemos visto como cada día los egresados de universidades como Santo Tomás, Gran Colombia, Católica y otras de estrato medio y de procedencia local, llenan los espacios en las corporaciones con numerosos representantes haciéndolas sentir orgullosas por el aporte que le ofrecen a la judicatura y la academia.

En este trance de extremos entre la preocupación de saber si estamos haciendo las cosas bien o si no estamos a la altura de los estándares de la transparencia, para desgracia de la institucionalidad, algunas mujeres que eran las adalides de la moral se prestan para la malversación de fondos públicos del país.

Ante este claro y oscuro diagnóstico, un error craso podría ser que nos ensalzamos entre todos y nos calificamos mutuamente de sabios y genios; alguien hace su trabajo como lo debiera hacer una persona normal con la ética y la transparencia exigida a todo ser humano, y lo agasajamos como un redentor de la misma.

Cuando sobresale por ejemplo un abogado por sus éxitos judiciales, ni siquiera nos preguntamos si ellos son el producto de su sabiduría jurídica o son el resultado de las argucias propias de pequeños círculos de la administración de justicia.

Algunos magistrados son escogidos por los manejos políticos y no por la sapiencia del derecho.

Nos convertimos en una sociedad de mutuo elogio por los nimios éxitos que se obtienen sin conocimiento alguno de su génesis.

Debemos dejar de pensar en los egos personales y luchar por una cultura del bien donde luzcan los buenos profesionales, servidores públicos y abogados, en su caso diligentes y entregados por la causas de sus clientes y por encima de todo que sobresalgan como personas que sirven de ejemplo para las nuevas generaciones.

Lo demás vendrá por añadidura, bien que vengamos de arriba, de abajo o del medio, o bien que seamos hijos de don José o don Juan, porque como lo dice el memorial de agravios: "tan españoles somos, como los descendientes de Don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas, expelieron a los moros, y poblaron sucesivamente la Península".

Pensemos en esto ahora que se escogen más de 50 magistrados y altos funcionarios para la JEP, porque en un porcentaje mayor, de esa jurisdicción dependerá La Paz de Colombia.

No importa que escojamos al hijo de Don Pelayo, siempre y cuando ese hijo sea el que más sabe y el que mejor persona es. Esto nos independiza como nación y nos hace iguales entre los iguales.

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España - Abogados Constitucionalistas.