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Opinión

  • | 2006/07/08 00:00

    Ilusiones constitucionales

    Andrés Mejía Vergnaud no cree que la Constitución del 91 haya sido una suerte de Mesías, como creen algunos, ni tampoco un documento diabólico, como dicen sus críticos.

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Se celebró el aniversario número 15 de nuestra Constitución Política, y con tal ocasión se escucharon sobre ella toda suerte de opiniones. Para algunos, la Constitución de 1991 es una suerte de Mesías, sagrado e intocable, casi infalible. Para otros es un documento diabólico, que sumió al país en el desorden. No creo que ninguna de estas visiones sea acertada.

La primera de ellas es simplemente fanática, y a su alrededor se ha configurado una especie de culto (el “nuevo constitucionalismo”); quienes profesan esta visión despachan cualquier crítica a la carta de 1991 como regresiva o ultraderechista. Peor aún, están más que dispuestos a admitir, por ejemplo, que la Corte Constitucional o los jueces de tutela se adjudiquen a sí mismos poderes normativos que no tienen, todo en virtud de la venida gloriosa del “nuevo constitucionalismo”. La segunda de estas visiones es presa de una nostalgia un poco irracional, que se manifiesta en propuestas como la de acabar con la Corte Constitucional y volver al sistema anterior de control, como si para corregir el rumbo de la jurisprudencia constitucional bastara un cambio de nombre.

Quiero valerme de la ocasión para ofrecer unas reflexiones sobre lo que, a mi juicio, son dos “ilusiones constitucionales” carentes de fundamento, que parecen haberse extendido en estos 15 años.

La primera de estas ilusiones consiste, en pocas palabras, en creer que la enunciación constitucional de derechos “sociales, económicos y colectivos”, y su reclamación por vía judicial, constituye el camino para llegar a la realización plena de los objetivos de bienestar material contenidos en esos “derechos”. Nuestra Constitución trae un jugoso catálogo de “derechos” de este tipo; este va desde la salud, el medio ambiente sano, la seguridad social y la vivienda, hasta la formación integral del adolescente y el acceso a formas asociativas de ejecución de programas de vivienda.

No está mal, desde ningún punto de vista, desear que todos los colombianos disfruten de estos beneficios y condiciones. Tampoco está mal postular que el logro de estos anhelos debe ser una guía permanente en el diseño de las políticas económicas. Lo que está mal es ignorar que el disfrute pleno y generalizado de estas condiciones sólo es posible como resultado de un proceso de desarrollo económico. Y todavía peor, pensar que la manera de repartir estos beneficios debe ser la vía judicial, como quien dice, a los que lleguen primero o a los que lleguen donde el juez indicado, pues la materialización de estos beneficios tiene un costo, el cual debe ser asumido con recursos escasos.

De hecho, en esta visión pareciera haber un cierto elemento de magia: bastaría con escribir y postular estos derechos, para que inmediatamente estén disponibles todas las condiciones que harían posible su otorgamiento a todos, en las mismas condiciones. Las constituciones no hacen magia. Si esto fuera así, viviríamos en el país más rico del mundo. La constitución del gobierno genocida de Pol Pot en Camboya decía, por ejemplo, que “en Camboya no existe en absoluto el desempleo” (1).

Pero tal vez lo peor de esto, más allá de los argumentos filosóficos, es que la experiencia ha mostrado, y sigue mostrando, que las sociedades que alcanzan las condiciones que permiten a sus ciudadanos acceder a esos beneficios son, precisamente, aquellas cuyo orden constitucional se basa en la generalidad y neutralidad de la ley (Estado de Derecho), en los derechos en sentido auténtico, y en la economía de mercado. Ninguna de las grandes economías del mundo ha alcanzado su nivel de bienestar a punta de “derechos económicos y sociales”.

La segunda de estas ilusiones subyace a una interpretación, según la cual, la proclamación de estos derechos constituye un mandato para sustituir la economía de mercado por una de corte más socialista. Dice Armando Novoa en El Tiempo (julio 3) que “Mientras el Congreso ha privilegiado la expedición de leyes que favorecen el mercado, la cláusula del Estado Social de Derecho y la protección de los derechos económicos y sociales han sido ignoradas”. Aquí la ilusión descansa sobre un sofisma, según el cual la economía de mercado es incompatible con el logro de objetivos sociales. Es creer de manera ingenua que, para objetivos sociales, el socialismo es la respuesta. No conozco ni un solo caso en el cual una población haya llegado al disfrute integral de estos objetivos sociales, como no haya sido mediante la economía de mercado. Y no he visto todavía la primera evidencia que apoye esa tesis ingenua, según la cual si queremos vivienda, salud, seguridad social, empleo digno, hay que limitar o sustituir la economía de mercado. Es una simple suposición ideológica sin fundamento.

La experiencia ha mostrado, incluso en el caso de Colombia, que la asignación por vía judicial de estos “derechos sociales y económicos”, aunque logra que algunos pocos se beneficien de ellos momentáneamente, produce al final condiciones que dificultan el acceso de la población entera a su disfrute. Para empezar, porque todos tenemos que pagar por ellos: así muchos constitucionalistas se resistan a creerlo, todo en este mundo tiene un costo.

(1) Ver “Manifiesto por una Justicia Constitucional Responsable” de Antonio José Núñez (Legis, 2005, p. 7)

(*)Director Ejecutivo
Instituto Libertad y Progreso
www.ilyp.net
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