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Opinión

  • | 2016/11/17 17:00

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    El Plebiscito fue una mala idea innecesaria. En mi opinión, desvalorizadora de nuestra Carta de Derechos, de nuestro Estado Constitucional o Democrático de Derecho

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El Plebiscito fue una mala idea innecesaria. En mi opinión, desvalorizadora de nuestra Carta de Derechos, de nuestro Estado Constitucional o Democrático de Derecho, ya que como dice Ferrajoli: “Así como ninguna mayoría puede decidir que una persona pueda ser privada de la libertad, de su vida, de su salud, tampoco una mayoría puede decidir si hay o no paz” (Entrevista en Semana.com, 30 septiembre de 2.015). En este caso paz con las Farc, o en el futuro con el ELN. Este derecho, aplicación concreta del a.22 de la C.P. es  “contra mayoritario” y en consecuencia no puede ser sometido a la decisión de las mayorías en las urnas.  Nos lo enseña también Luis López Guerra,  tratadista español de Derecho Constitucional: “No es difícil imaginar supuestos en que la voluntad popular puede adoptar decisiones discriminatorias (como las que pretende la Senadora Viviane Morales con su referendo), arbitrarias o contrarias a los derechos del hombre. Por ello, la calificación de Estado Democrático de Derecho supone un equilibrio entre dos principios en constante tensión: Por un lado, el carácter determinante de la voluntad popular; por otro, la garantía de unos derechos o situaciones jurídicas fundamentales del individuo,  intocables incluso por esa voluntad” (Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, 1.994, P.155) (Negrillas, mías). Si en Colombia hubiéramos procedido como los ingleses con el “Brexit” que para ellos significó una decisión terminante y definitiva, la paz con las Farc habría terminado. Hoy estaríamos en guerra. Afortunadamente la Corte Constitucional nos abrió la posibilidad de una segunda oportunidad que en buena hora el Gobierno y las Farc aprovecharon.  

No podemos acudir a un nuevo Plebiscito por las razones anteriores y porque necesitamos recuperar para la implementación de los acuerdos el tiempo perdido en tan desafortunado experimento.

Tampoco podemos perdernos en el laberinto de los cabildos abiertos. En el Estado de Derecho todas las autoridades tienen una competencia reglada por la Constitución o por las leyes. Y no está dentro de la normatividad vigente que los cabildos abiertos puedan aprobar con efectos jurídicos o políticos acuerdos de paz de carácter nacional.  Esta opción implica seguir perdiendo tiempo pues habría que modificar la ley estatutaria 1757 de 2.015 que en su a.22 es clarísima: “se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la respectiva corporación”. Este artículo es del siguiente tenor: “En cada período de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales, los concejos municipales o distritales, o de las Juntas Administradoras Locales, podrán celebrarse cabildos abiertos en los que, por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del respectivo departamento, municipio, distrito, localidad o comuna, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre ,y cuando sean de competencia de la respectiva corporación. Es obligación del alcalde o gobernador, según sea el caso, asistir al cabildo abierto”.

Los artículos 300 y 313 de la C.P. se ocupan de las funciones de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales. No está dentro de sus funciones aprobar acuerdos de paz que firme el Gobierno con grupos insurgentes.

No contempla el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto en su numeral 6 una refrendación popular  sino simplemente una refrendación. El Congreso representa la soberanía del pueblo. Él debe ser quien lo refrende, ya implementando el acuerdo final, ya haciendo una declaración de aprobación global del mismo. Pero debemos darnos prisa. La paz apremia. Ya tuvimos el primer combate en el sur de Bolívar en el  que murieron dos guerrilleros de las Farc y fue apresado otro en una operación respecto de la cual no hay total claridad.  

Ha hecho el señor presidente un llamado a la unidad alrededor del nuevo acuerdo de paz. Ojalá tenga éxito. No debe, sin embargo,  sorprenderse si aún este segundo acuerdo no deja satisfechos a muchos de quienes votaron por el “No”. Es que ellos son oposición legítima al Gobierno.

Y se oponen a su política de Paz como lo hacen respecto, por ejemplo, de la Reforma Tributaria. Es su derecho sentirse descontentos con que los comandantes de las Farc no se vayan a la cárcel; a que sean elegibles al Congreso y puedan hacer política, lo cual es la esencia del Acuerdo; a que la expresión “enfoque de género” sobreviva al igual que la Jurisdicción Especial para la Paz o la Reforma Rural Integral que protege  a propietarios o  poseedores de buena fe exenta de culpa, o como dice el nuevo acuerdo “los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe”; a que se cambie prisión por verdad. Con el correr de los días seguramente aparecerán innumerables reparos, legítimos desde luego, que ellos, de ser Gobierno tratarían de imponer so pena de levantarse de la mesa.

Debemos recordarle al Jefe del Estado y a algunos líderes del “No” que el responsable del orden público y en consecuencia de la paz, es el Presidente de la República, quien según el a.188 de la Constitución al jurar su cumplimiento “se obliga a garantizar los derechos y libertades  de todos los colombianos”. Entre ellos, desde luego, el de la paz.  

Hemos olvidado entre nosotros, desde hace cierto tiempo, que la Democracia basada el tándem Gobierno-oposición es un sistema político civilizador que nos conduce a ventilar y decidir pacíficamente los desacuerdos y conflictos necesariamente inevitables en toda sociedad. El que gana el poder adquiere el derecho a gobernar con sus ideas y el programa que recibió mayor apoyo en las urnas al tiempo que los otros reciben el mandato de hacer oposición, criticas, de presentarse como una alternativa de gobierno en las siguientes elecciones. Esta posibilidad efectiva de alternancia conduce inevitablemente a la moderación porque el gobierno de hoy querrá que lo traten en el futuro, cuando sea oposición, como él trata a la oposición de hoy.

El señor Presidente no debe hacerse la ilusión de que el nuevo acuerdo, aunque sería lo ideal, sea respaldado por todos. Es que le hacen oposición al Acuerdo porque son oposición al Gobierno. Hay que gobernar con las ideas propias que salieron victoriosas en la elección presidencial. No debemos olvidarlo.

*Constituyente 1.991

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