Impunidad en El Aro

La decisión de la magistrada Consuelo Rincón, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de ordenar una investigación contra el senador Álvaro Uribe Vélez “por el aspecto relativo a la concurrencia del helicóptero de la Gobernación de Antioquia en la escena de los hechos durante la masacre de El Aro”, en la época en que el político se desempeñaba como mandatario regional, revive una de las acciones paramilitares más cruentas ocurridas durante su administración y que ha permanecido en la impunidad.

La decisión de la magistrada Rincón me llevó a recordar algunos apartes de la sentencia proferida contra la Nación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de julio del 2006, casi nueve años después de cometida la masacre, ocurrida entre el 22 y el 25 de octubre de 1997 en aquella zona escarpada del norte de Antioquia. Ese tribunal internacional estimó que las autoridades colombianas no hicieron nada para proteger a esa comunidad y ordenó que se investigara a profundidad tanta barbarie.

La CIDH determinó en aquella sentencia que “el Estado debe realizar las debidas diligencias para activar y completar eficazmente las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los autores de la masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados”.

Asimismo, consideró la CIDH que “el Estado debe llevar a término el proceso penal sobre las masacres de Ituango, de forma que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los responsables. Los resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del presente caso”.

Para cumplir esas obligaciones de investigar y sancionar a los responsables, la CIDH le recomendó a Colombia “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los expobladores y actuales pobladores de Ituango”.

Ante este caso y muchos otros perpetrados por grupos paramilitares en connivencia con autoridades civiles, militares y de policía, la justicia ha demostrado un desgano profundo para establecer los máximos responsables de tanta crueldad. El único condenado por la masacre de El Aro fue el exparamilitar Francisco Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, y eso porque él mismo se entregó meses después de esa incursión armada y aceptó su participación.

La clave de tanta inoperancia está en la manera cómo, días después de lo ocurrido en El Aro, el Ejército manipuló la escena del crimen y, según algunos investigadores del CTI de la Fiscalía que quisieron investigar el hecho, obstaculizó sus tareas. Los testimonios de los funcionarios están consignados en el libro Memoria de la impunidad en Antioquia, escrito por un grupo de profesionales de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación.

“Ya en el lugar se constató que había sido cometida por paramilitares con ayuda de miembros de las Fuerzas Armadas, pero fue una circunstancia que no se logró respaldar sólidamente de manera probatoria. Ahora uno se explica por qué quienes tenían la responsabilidad de recoger las evidencias y ponerlas a disposición de la Fiscalía General de la Nación eran los mismos servicios de inteligencia del Ejército. Se entiende entonces por qué no lo hicieron”, se consigna ese libro, que retoma lo declarado por exfuncionarios del organismo de investigación.

Se destacaron dos situaciones adversas para adelantar sus labores en El Aro: “Las condiciones en el terreno eran supremamente difíciles por el control que tenían los paramilitares y por la falta de colaboración del Ejército”. Para aquella época, según investigadores consultados, “el CTI no tenía o no contaba con la colaboración del Ejército, y aún con todos los organismos de Fuerzas Armadas. Y es obvio, uno lo entiende hoy perfectamente con ese compromiso que se había creado entre organismos institucionales y grupos irregulares”.

Lo que ocurrió en El Aro, e insisto, en muchas regiones del país donde paramilitares y sectores del Ejército y la Policía adelantaron acciones conjuntas contra supuestos guerrilleros y la población civil, estaba condenado a la impunidad. Las evidencias y los resultados así lo demuestran. Cerca de 18 años después no hay ningún miembro del Estado sentenciado, pese a que, según las confesiones de exparamilitares, fue clara la participación de las tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército en esos hechos.

El desgano de la justicia también se extiende en el tiempo, pues las determinaciones adoptadas por la CIDH para evitar la impunidad tampoco se han cumplido. ¿Por qué tanta inoperancia en este caso? ¿A qué le temen las autoridades? Tal vez las respuestas estén en las palabras del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo consignada en una denuncia ante un fiscal regional el 6 de febrero de 1998, tres semanas antes de que lo asesinaran en su oficina por denunciar la connivencia de grupos paramilitares con sectores del Estado en las acciones contra su pueblo.

“Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”.

A lo mejor es por eso que ha habido tanto desgano de la justicia para establecer los máximos responsables del entramado criminal que se armó para atacar el caserío de El Aro. La investigación que acaba de ordenar la magistrada Consuelo Rincón es una mínima parte de lo que hubo detrás de este hecho atroz y que aún permanece en la impunidad.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario