05 marzo 2013

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Incertidumbres frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia

Por Antonio José Rengifo Lozano*

OPINIÓNAcatar o no acatar, parece ser la cuestión para Colombia frente a la pérdida de una porción considerable de sus aguas en el mar Caribe.

Incertidumbres frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia. .

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Como reflexionaba Hamlet ante la muerte de su padre en las melancólicas penumbras de su Castillo en Dinamarca, Colombia también se debate en las nostalgias de una porción considerable de su mar casi definitivamente perdida en el Caribe. Ser o no ser. Y como Hamlet, Colombia se pregunta cuál act
itud más digna para el alma: sufrir los golpes de la injusta fortuna u oponer los brazos contra un mar de adversidades para ponerles fin con valerosa resistencia. Pasadas las reacciones a un fallo “salomónico” que no fue tal, la incertidumbre parece subsistir en la nación y en el Estado colombiano. 

Por una parte, existen voces de algunos internacionalistas llamando al acatamiento, sin más, del fallo de la Corte, voces algunas meramente explicativas, sin mayores resistencias e incluso sin mayor contenido crítico, pues frente a lo definitivo o inexorable, es el lugar común, no habría ya nada por hacer.   

Por otro lado, algunas voces, la más relevante la del expresidente Uribe Vélez, han pregonado un desacato “puro y simple”, pero no profundizan ni en las razones de fondo, ni en la sustentación, ni en los mecanismos jurídico-diplomáticos para adelantar, justificar o hacer efectivo el desacato a un fallo que constituye un despojo.

En San Andrés, las posiciones frente al fallo se van desintegrando entre los torbellinos de las incertidumbres, cuando no de inexactitudes inexcusables. Mientras el movimiento de los raizales adoptó una declaración rechazando el fallo de la corte y comprometiéndose a luchar sin descanso por la recuperación de un mar que es parte inherente del Archipiélago, posteriormente, en sesión extraordinaria de la Cámara, cerca de cien representantes suscribieron un “Manifiesto de San Andrés y Providencia”, en el cual se habla de violaciones, por parte de la CIJ, a una supuesta Convención “Interamericana” de los Derechos del Mar.

El gobierno, por su parte, se ha abstenido hasta ahora de explicitar una posición diplomática oficial, clara y definitiva frente a la ejecución del fallo, complejo asunto de seguridad nacional que obviamente tendrá repercusiones institucionales definitivas y perdurables tanto respecto del territorio y la soberanía nacional como respecto de la sociedad internacional. Acatar o no acatar, parece ser pues la cuestión para Colombia.

*Profesor de Derecho Internacional
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