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Opinión

  • | 1993/07/26 00:00

    INDEMNICEMONOS

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RECTIFICACION: "EL SENOR GABRIEL Arturo Parra Cifuentes no se autoincluyó dentro de la primera etapa de las millonarias indemnizaciones. No fue indemnizado y no actuo como juez y parte".
Con este texto estoy cumpliendo con la orden del Tribunal Superior de Bogotá de rectificar una información que dí en mí columna del 4 de mayo de 1993, tomada casi textualmente del infor
me de la Comisión de Etica del Senado de la República.
OPINION: Con el objeto de evitar futuras tutelas que ahora cobi jan a las columnas de opinión, aclaro que lo que voy a decir a continuación constituye mi opinión, y nada más que mi opinión, sobre el papel cumplido por el senor Parra Cifuentes en el proceso de autoindemnizaciones del Congreso.
El 28 de febrero de 1992 fueron despedidos 11 funcionarios del Congreso (los llamados 11 del patíbulo), dizque por cumplir con el plan de reestructuración y reducción de la planta de personal del Senado. De ser esto cierto, no habrían debido reemplazarlos. Sin embargo, los 11 fueron despedidos, indemnizados y reemplazados por otros ll funcionarios, cuando ya comenzaba a discutirse el mecanismo para aplicar, en julio, el plan de retiros compensados.
Uno de esos nuevos 11 fue el señor Parra, cuya trayectoria a partir de este momento me permito registrar para que los lectores saquen sus propias conclusiones, en la privacidad de sus casas, para evitar que los "entutelen" .
El señor Parra se posesionó el 12 de marzo de 1992 como jefe de personal del Senado. Nadie se explica por qué a un mes de posesionarse, exactamente el 29 de abril, Parra solicitó una licencia no remunerada por 90 días, que le fue aprobada mediante la resolución 146 del 4 de mayo del 92, pero "sólo" por 60 días.
Que sean despedidos 11 empleados por innecesarios, que sean inmediatamente reemplazados por otros 11 por ser supuestamente indispensables y que uno de ellos solicite una licencia de dos meses al mes de posesionado, suena raro pero no es ilegal.
El señor Parra se reintegró el 3 de julio, pero no regresó a su mismo cargo. Ese mismo día una resolución de la mesa directiva lo encargó de las funciones de secretario privado del presidente del Senado ya lo adivinan ustedes: era el senador Carlos Espinosa Facio Lince. Aquí todo sigue muy raro pero sigue siendo legal. Pero lo más curioso es que quien se desempeñaba como secretario privado de Espinosa, Tiberio Trespalacios terminó intercambiando su cargo con Parra. Dicho en otras palabras, el jefe de personal Parra pasó a ser secretario privado de Espinosa.Y el secretario privado de Espinosa, Trespalacios, pasó a ser jefe de personal.
Este "cambis-cambeo" solo tiene una cosa muy aburridora: que el señor Trespalacios ingresó al plan de retiros indemnizados en su calidad de empleado de libre nombramiento y remoción, gracias al concepto que el señor Parra dió como miembro del comité asesor del proyecto de indemmzaciones.
En este momento, la indemnización de Trespalacios esta reconocida por un acto administrativo, pero no le ha sido pagada puesto que esta demandada por ser en su momento el señor Trespalacios un empleado de libre nombramiento y remoción, que en virtud de toda lógica no debe ser indemnizado, precisamente porque puede ser nombrado o retirado del cargo sin explicación alguna.
Pero, como es que los empleados de libre nombramiento y remoción resultaron indemnizados? Ayudó a que prosperara esta por lo menos inmoral tesis (es mi opinión) un concepto emitido precisamente por el señor Parra Cifuentes, en su calidad dc jefe de pcrsonal del Senado, en carta del 15 de julio de 1992 (cuyo facsímil parcial se publica en esta página) y dirigida al entonces presidente del Senado de la República, el senador Carlos Espinosa Facio Lince.
También resulta por lo menos curioso, y esa es otra opinión muy personal en relación con las indcmnizaciones inicialmente fijadas para los empleados de libre nombramiento y remoción, que. revisadas posteriormente, se hubiera descubierto que se habían liquidado en todos los casos por valores superiores en millones al real.
La condena del Tribunal Superior de Bogotá fue hecha cuando estaba ausente del país y jamás se me otorgó el derecho a mi defensa. Pero, claro, todo lo anterior sólo constituye una opinión personal.
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