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Opinión

  • | 2010/07/12 00:00

    Íngrid Betancourt: ¿diferencia o indiferencia?

    Produce un sinsabor que su expectativa sea una altísima indemnización económica, cuando pudo pregonar una visión más amplia y universal de la reparación para millones de víctimas en Colombia.

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En 2001, Íngrid Betancourt publicó su libro “La rabia en el corazón”, en el que denunciaba la corrupción reinante en la política colombiana. El libro fue un éxito total en Francia –su segunda patria-, donde se dice que vendió más de 300.000 ejemplares. Allí fue denominada la Juana de Arco colombiana, por la disposición que mostraba para asumir todos los riesgos en la lucha contra la corrupción. Esta consideración se incrementó aún más con su secuestro.

Ahora, Íngrid y su familia persiguen que el Estado colombiano les pague una reparación de más de 15.000 millones de pesos, por cuanto no la habría protegido para impedir su secuestro ni habría hecho lo suficiente para liberarla con prontitud.

La petición de Íngrid Betancourt causa enojo. Pero no por lo que dicen algunos acerca de que los secuestrados o las víctimas de la violencia no deberían exigir una reparación por los daños sufridos, o que eso sea corrupción, como quiere dar a entender Eduardo Pizarro en su columna de hoy. Ellos son tan ciudadanos colombianos como todos los demás y tienen todo el derecho de reclamar que el Estado responda por sus acciones u omisiones –como parece que ya lo hicieron, con éxito, los familiares de los ex diputados del Valle y lo está haciendo ahora el ex diputado sobreviviente Sigifredo López.

Lo que genera irritación son las características mismas del caso de Íngrid. Si bien el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, no se le puede exigir lo imposible. A lo que el Estado está obligado es a obrar seria y diligentemente para proteger a la población de los riesgos generales y específicos. Y en este caso concreto, como lo han anotado ya muchas personas, el riesgo era previsible y el Estado alertó a la entonces candidata sobre el mismo y le pidió a través de varios medios que lo evitara. La ex senadora desatendió deliberadamente las alertas. Es por ello que los expertos en responsabilidad administrativa dudan que prospere una posible demanda contra el Estado, pues ello iría contra el principio general del derecho que dispone que nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza.

En realidad, este parece que fuera un nuevo capricho de la ex senadora y confirma la percepción general de que ella actúa con la convicción de que tiene el derecho de reclamar ante todos un trato privilegiado. Y en realidad lo tuvo durante su secuestro. Durante mucho tiempo, parecía que solamente estuvieran secuestrados ella y los estadounidenses. Y en su caso, el gobierno colombiano hizo todas las concesiones posibles al francés – llegando incluso a liberar a miembros de las Farc. Por eso, aunque no hemos compartido la actitud del Gobierno con los secuestrados, molesta que sea ella precisamente la que afirme que el Estado no hizo lo suficiente para liberarla. Ya hubieran querido un trato similar los demás colombianos cautivos de las Farc.

Finalmente, produce un sinsabor que su expectativa de reparación se concentre únicamente en una altísima indemnización económica. Su nivel de reconocimiento nacional e internacional le posibilitaba pregonar una visión más amplia y universal de la reparación, y ponerse al servicio de los millones de víctimas en Colombia. Sin embargo, todo parecería indicar que Ingrid no tiene interés en ese papel. Su búsqueda de diferencia se combina con indiferencia.

Pero todo este episodio puede tener también un efecto positivo. Hace unos pocos días, un Tribunal de Justicia y Paz resolvió que el monto máximo de indemnización al que podían aspirar las familias de las personas asesinadas en la masacre de Mampuján sería de 240 millones de pesos por núcleo familiar. Independientemente de las diferencias específicas de cada caso, el contraste de los dos casos entre las cifras y entre los daños sufridos es impactante. Y esperamos que llame la atención acerca de cuán importante es que la sociedad y el Estado asuman con seriedad el tema de las reparaciones a las víctimas del conflicto, con el objeto de acordar una política pública general acerca de los esfuerzos que deben hacerse para garantizar a todas las víctimas, y no solo a aquellas que cuentan con poder o influencia políticas, una reparación adecuada.

Después de escribir esta columna vimos la entrevista de Ingrid con Darío Arizmendi. Además de que sus explicaciones no son del todo claras, no parecen muy convincentes. Mas bien pareciera que frente al rechazo que ha producido la noticia, la ex candidata no quiere que su reclamo termine siendo una renuncia a sus aspiraciones en la vida política nacional y, con ello, al título que le habían dado - en el extranjero - de la Juana de Arco colombiana.
 
*Miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia)(www.dejusticia.org), creado en 2003 con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.

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