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Opinión

  • | 2012/09/06 00:00

    Injusticia con habitantes de Ituango

    Un boletín oficial afirmó que en esta población del norte de Antioquia fueron "capturados 22 guerrilleros de las Farc". Pero la justicia determinó que no encontró mérito para juzgarlos. ¿Qué hay detrás de las capturas masivas en ese municipio?

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Las autoridades se han encargado desde hace más de diez años de estigmatizar a los pobladores del municipio de Ituango, un poblado ubicado a más de 8 horas de Medellín cuyas agrestes montañas dan acceso al Nudo del Paramillo, donde la guerrilla de las Farc tiene uno de sus fortines.
 
La última de las acciones contra sus habitantes se realizó el pasado domingo 26 de agosto, día de mercado, cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, apoyados por tropas del Ejército destacadas en la región, capturaron a 22 personas señaladas de ser "guerrilleros de las Farc". En total, fueron 14 hombres y 8 mujeres.
 
Los resultados de la redada fueron divulgados a través de un boletín de prensa emitido desde Ituango en horas de la noche de ese mismo día: "CTI captura a 22 guerrilleros de las FARC en 38 allanamientos en Ituango (Antioquia)". Al día siguiente, distintos medios de información reprodujeron la noticia con el enfoque que les dio este organismo de seguridad.
 
En defensa de las personas capturadas se pronunció, el mismo día de la detención masiva, la Asociación de Comerciantes de Ituango (Ascomi). A través de un comunicado público, dijo que los detenidos no son "actores armados ni delincuentes, se trata de gente de bien, gente del pueblo que no hace más que trabajar por sus familias y por sacar el municipio adelante, son campesinos, comerciantes, transportadores, albañiles, mecánicos, electricistas y hasta discapacitados, gentes con sus manos llenas de callos, con sus pieles tostadas por el sol y con marcas del trabajo por todo su cuerpo".
 
Conversé con algunos habitantes de Ituango sobre esa captura masiva y lo que cuentan es preocupante, pues acciones como esas, la quinta entre los años 2002 y 2012, los tiene sumidos en la tristeza y la preocupación. "Fue un despliegue absurdo", me dice una de mis fuentes. "El CTI llegó al amanecer del domingo junto con el Ejército, rodeó las casas de la gente y a partir de las seis de la mañana y hasta el medio día realizaron las capturas".
 
Fue un operativo con varias particularidades. Primero, el gran despliegue de investigadores y uniformados. "Cuando llegaron, pensamos que venían por todos, desde el alcalde hasta el más humilde de los campesinos", me cuentan; segundo, a un corresponsal del noticiero del canal regional Teleantioquia le obstruyeron su labor y le impidieron que realizara tomas de los allanamientos y las capturas; tercero, capturaron a un discapacitado, llamado John Jairo Zapata Múnera, apodado El Cangrejo, a quien una poliomielitis que lo atacó siendo niño lo redujo a caminar casi que sentado. "Lo más triste de todo es que se lo llevaron esposado"; y cuarto, hubo un evidente maltrato a los comerciantes, pues se les endilgó su supuesto vínculo con las Farc. "Ustedes son comerciantes de las Farc", les dijeron varias veces los agentes del CTI durante los procedimientos.
 
Los atropellos y los señalamientos infundados al momento de hacer las detenciones tienen antecedentes que son preocupantes. Parten de una concepto consignado en un escrito de acusación del 29 de marzo del 2011 contra varios comerciantes del pueblo y presentado por la Fiscalía 29 Especializada, que estableció que dada "la gran influencia" que tiene el frente 18 de las Farc en Ituango ha ocasionado que "prácticamente el 100% de la población campesina se haya dedicado al negocio del tráfico y producción de estupefacientes de forma directa o transportando los insumos que se requieren para ello en toda la cadena de producción que va desde la producción de la hoja de coca hasta la comercialización y vigilancia de producto final".
 
Con una concepción como esa, los organismos de seguridad, ávidos de resultados a toda costa, se concentraron en adelantar capturas masivas, particularmente de labriegos, sin que medie la más mínima verificación sobre el contexto de conflicto armado en el que viven en Ituango sus pobladores rurales y sin determinar plenamente si hay o no una participación voluntaria en el negocio del narcotráfico. "Si resultan inocentes luego los liberamos", ha dicho el Fiscal 29 Especializado en las audiencias de legalización de capturas.
 
Dada la fuerte estigmatización a la que las autoridades someten a los pobladores de esta localidad del norte de Antioquia, es criminal vender y comprar un abono conocido como urea, así como gasolina y cemento, pues se dice que es para utilizarlas en el procesamiento de la hoja de coca y no para otros menesteres del campo. Ejemplo de ello es la captura de El Cangrejo, un hombre que, pese a su discapacidad, es albañil y quien en las últimas semanas estaba construyendo un biodigestor en una finca. Cuando los agentes del CTI lo abordaron le cuestionaron la gran cantidad de cemento que había comprado, cuando se sabe que ese tipo de obras, que van dentro de la tierra, requieren de ese insumo.
 
Al observar este caso es notorio que la Fiscalía está convirtiendo el proceso penal en un arma de combate contra la guerrilla tras considerar que si se detienen a los comerciantes se afectan las finanzas de las Farc asentadas en la región. Nada más arbitrario. Si esa tesis prospera, entonces también sería válido retener a tenderos y carniceros, y a todo aquel que venda algo en el pueblo, porque también por esa vía se ataca a la insurgencia.
 
Adicional a todo ello, en Ituango algunos sectores sociales consideran que con estas capturas masivas buscan intimidar y "ablandar" a los campesinos que protestan contra la construcción de la hidroeléctrica en la zona de Pescadero, para que acallen sus reclamos y no se movilicen. De hecho, dos de los capturados, Javier Darío Upegui Londoño y John de Jesús Carvajal Tobón, están negociando sus predios con Empresas Públicas de Medellín, encargada del proyecto.
 
Después de presentar los detenidos ante un juez de garantías, y de varios días de audiencias de legalización, las 22 personas fueron dejadas en libertad porque no se encontraron méritos para procesarlos. Claro, el CTI no emitirá ningún boletín al respecto ni los medios de información tendrán la suficiente responsabilidad para rectificar la información divulgada el 27 de agosto pasado, desconociendo el derecho al buen nombre de los ciudadanos. Así son las injusticias con Ituango.
 
* Periodista e investigador
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