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Opinión

  • | 2017/01/24 12:39

    Cuando la muerte viaja en motocicleta

    Mientras que el exministro Londoño se queja de que le dejaron 17 de los 25 escoltas que tenía a su servicio, los 116 líderes sociales asesinados en el 2016 no tenían uno solo que les cuidara las espaldas.

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A Leonardo Rentería lo amenazaron en septiembre de 2016 después de confrontar al jefe del Centro “Democrático” durante la campaña que este realizaba en Buenaventura a favor del No al plebiscito. El joven abandonó su tierra cuando las llamadas a su teléfono celular se hicieron reiterativas y los mensajes de muerte colapsaron la bandeja de entrada de su cuenta de correos.

En los tuits publicados por el expresidente en los días siguientes no hubo uno solo referente al hecho, ni mucho menos una declaración pública que denotara su rechazo por las amenazas contra la vida del joven.

En menos de dos meses de la implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno del presidente Santos con la guerrillera de la Farc, han sido asesinados 16 líderes sociales. A lo largo de 2016, según una nota del diario El Tiempo, fechada el 28 de diciembre, la cifra ascendió a 116.

Todas las víctimas tenían en común el liderazgo en sus comunidades, estaban a favor del plebiscito y luchaban porque las tierras despojadas a los campesinos a sangre y fuego por el paramilitarismo regresaran a manos de sus verdaderos dueños.

Ninguna tenía un escolta, ninguna llevaba al cinto una pistola, ninguna era una figura nacional, ni su nombre hacía parte de algún poderoso grupo político. Todas eran, en su mayoría, personas anónimas, campesinos, hombres con la piel curtida por el sol que solo pedían a las autoridades un poco de justicia que, traducido al lenguaje jurídico, no era otra cosa que el respeto por los Derechos Humanos.

Pero en Colombia clamar justicia y hablar de Derechos Humanos es toda una lucha entre el temible y abusador Goliat y un mítico David que ha perdido hasta su honda.

Quizá esto explique por qué hasta la fecha no hay un solo detenido por estos crímenes: era gente común que vivía lejos de los grandes centros urbanos del país, lejos de las cámaras de televisión, lejos del establecimiento protector del que habla la Constitución Política de Colombia, porque no hay duda de que para que cosas como estas ocurran, el Estado y sus instituciones deben estar muy lejos de aquellos que los necesitan, ausente completamente de sus obligaciones.

Pero matarlos no era suficiente: había que mancharles el nombre, hacerlos ver ante la opinión pública no como hombres o mujeres de bien sino como delincuentes. O simplemente informar que sus muertes nada tenían que ver con su trabajo de defensores sociales, sino que fueron hechos aislados: crímenes pasionales o deudas de sangre por sus relaciones con narcotraficantes. Algo así como los nuevos “falsos positivos” para que la gente no se emberracara y la prensa pasara de agache.

A Nataly Sala Ruiz, una joven estudiante universitaria, de 18 años, activista social, no solo la mataron de la forma más horrenda posible y echaron su cuerpo a un caño a las afueras de la capital de Córdoba, sino que la violaron repetidas veces, la golpearon con la misma fuerza con la que se golpea un saco de boxeo y no dudaron en hacerla pasar por prostituta.

Así de sencillo, para que nadie se escandalizara porque la gente sabe que a las “chicas nocturnas” las puede asesinar un cliente pasado de tragos o de perico. Pero lo grave de este asunto es que 50 días después del levantamiento del cadáver de la chica la Fiscalía no tiene ningún indicio de qué pudo haber pasado la noche anterior al crimen.

De los 116 asesinatos, 14 eran miembros activos de la Marcha Patriótica, un movimiento político de izquierda que desde el gobierno anterior ha sido asociado con las Farc y que el expresidente Uribe y sus funcionarios nunca bajaron en sus declaraciones de “guerrilleros” que organizaban las protestas de campesinos e infiltraban los paros camioneros.
Estos, por supuesto, era algo así como un guiño que el paramilitarismo activo interpretaba como una orden tácita.

Sin embargo, a pesar de la oleada de crímenes contra los defensores de Derechos Humanos y reclamantes de tierras que sacudió al país en 2016, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró en su momento, en declaraciones para RCN Radio, que los asesinatos eran “hechos aislados y no sistemático”, que “el paramilitarismo en Colombia no existía”, que “aceptarlo era darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”, aseguró. Y relacionó la ola de muertes con las bandas criminales que se disputan los espacios geográficos dejados por la Farc.

Dos semanas antes de las declaraciones del Mindefensa, Anuar José Álvarez Armero, un líder campesino del municipio de Argelia, Cauca, recibió tres disparos de un hombre que se le acercó mientras él conducía su motocicleta. Álvarez pertenecía al movimiento político de la Marcha Patriótica y era miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia.

No obstante para Villegas, no hay nada sistemático en los 116 asesinatos de líderes sociales que clamaban justicia. No hay un hilo conductor en el hecho de que casi todos eran reclamantes de tierras, campesinos o hijos de campesinos que han luchado desde la miseria por el bienestar de los suyos. No hay nada sistemático en que muchos de estos habían recibido amenazas previas.

Aun así, no tenían un escolta ni a la Unidad de Protección de Víctimas se interesó en realizarles un estudio de riesgos.

Sin embargo, han empezado a levantar las orejas ante las quejas, estas sí “sistemáticas”, del exministro Fernando Londoño porque le quitaron 8 de los 25 guardaespaldas que tenía a su servicio.

Habría que preguntarse cuántos líderes de derecha fueron asesinados en Colombia en el trascurso de 2016 por defender los Derechos Humanos. La respuesta es cero. Mientras que cada 3 días del mismo año la izquierda perdía uno de los suyos, abatido por las balas de los sicarios. Se necesita ser muy cínico, o muy imbécil, para concluir que no hay nada sistemático en la muerte violenta de los líderes sociales.

Twitter: @joaquinroblesza
Email: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario

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