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Opinión

  • | 2013/11/18 00:00

    ¿Colombianos al vaivén de los intereses particulares?

    Tan profundas son las raíces que aquellos que se encuentran por fuera de la administración pública hacen ver a la opinión que lo verdadero es el pasado.

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Pasamos en estos momentos por políticas que promueven la opinión, se permiten reclamos, se admite la importancia de los derechos y en términos generales se promulga la igualdad social como relevante. Pero esta situación perversamente algunos la han denominado “polarización”. En otros tiempos el concepto de “polarización” se ubicó a todo aquello que es opuesto a la institucionalidad y a las ideas de gobierno. No obstante, lo incompresible de lo que hoy sucede es que se trata de presentar como “polarización” a la política del presidente Santos y también a la del alcalde Petro.

Asuntos como la desigualdad, la opinión limitada o acomodada, la agrupación de empresas que controlan un determinado servicio, la monotonía en la forma de cómo prestar un servicio, la manera arcaica de combatir la inseguridad y expresar ideas repetidas, han echado raíces y muy profundas. Tan profundas son las raíces al punto que aquellos que se encuentran por fuera de la administración pública y no ocupan cargos en el Ejecutivo hacen ver a la opinión pública que lo verdadero es el pasado. 

Sobre lo dicho citaré algunos ejemplos. El caso del alcalde de Bogotá por el tema de la contratación del servicio de recolección de basuras, lo cual ha generado una investigación en la Procuraduría; pero ello promovido con el argumento de la prepotencia del alcalde. Esa conducta no le ha gustado a muchos en Bogotá. 

Sin embargo, al mirar la evolución histórica del servicio no hemos evaluado asuntos como la correspondencia entre montos diarios recaudados por la fiducia de aseo, el número de servicios, la cobertura y la calidad del mismo; todo ello protegido por la privacidad de la información sobre el funcionamiento del sistema y su relación entre el recaudo, la operación y la administración.

La resistencia que ha tenido el proceso que se adelanta para lograr acuerdos que permitan un ambiente de paz en Colombia, toda vez que durante ocho años sólo se habló de una supuesta guerra con las FARC. Pero a pesar de los ocho años de guerra, aun se puede escuchar el ruido de los fusiles en la selva. Hay posiciones incoherentes. Por ejemplo, aquellos que no quieren enviar a sus hijos o nietos a las filas, pero quieren la guerra.

El proyecto de reforma al sistema de salud en donde existe diferencias entre hospitales y EPS que en el fondo no son otra cosa que diferencias por las rentabilidades financieras. Por un lado, no se ha llegado a un acuerdo para ampliar la oferta de especialista y disminuir el costo de las consultas. Por otro lado, las EPS quieren seguir lucrándose de los recursos públicos y manejar márgenes según lo que digan sus balances.

El proyecto de reforma al sector agropecuario sobre el cual es evidente la presión que hay desde diferentes gremios hacia el gobierno pero por su lado los campesinos también reclaman una posición de reconocimiento. Asimismo existen presiones para impedir que se adelante el Censo Nacional Agropecuario pero no se ha pensado que puede permitir mostrar la realidad sobre la oferta de los productos agrícolas y en esa medida bajar precios en la canasta familiar.

La política que se promueve tanto en Bogotá como a nivel nacional es con alto tinte democrático y bajo ese esquema la libertad predomina. No obstante, en Colombia, en muchos sectores económicos aún persiste la idea de la discriminación y se han creado patentes sobre temas que son de manejo social. Existe el paradigma de que sólo algunos grupos tienen la facultad de tratarlos. 

Algunos servicios, no obstante de ser públicos, se han desviado de su razón de ser. Aquellas empresas que los administran han hecho creer que son del resorte privado, al punto de hacerle crear a la ciudadanía, a la justicia y a los entes de control que no tiene la facultad de inspeccionar sus balances. Se ha llegado al punto que retan a la autoridad pública con el único y pobre argumento de ser empresa privadas. Dada esa idea se ha desconocido que los dineros públicos no se pueden manejar con políticas privadas. Eso sobre responsabilidad social para las empresas, ¿dónde aplica? ¿Sólo en los diplomados, cursos y seminarios?

Los recursos públicos han pasado a manos de privados y se han creado fiducias con el pretexto de ser un mecanismo que los blinda de la corrupción. ¿Pero de qué corrupción se puede hablar si el dinero llega directamente a particulares y su manejo es sin controles?

Son varios los servicios que se manejan desde fiducias. Por ejemplo el aseo de Bogotá, la salud de los colombianos y las concesiones tanto viales como áreas. La administración de los recursos y la organización del servicio se deciden en juntas directivas o comités en donde no hay ninguna representación del pueblo colombiano. En otras palabras, se hace a puerta cerrada.  

*Magister en economía.
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