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Opinión

  • | 2001/08/13 00:00

    ¿IVA SOCIAL?

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Por: Francisco Noguera*



Una vez más la opinión pública colombiana ha sido sorprendida por un debate extemporáneo. En este caso se trata de un proyecto de reforma constitucional que aparentemente pretende destinarle mayores recursos a la población necesitada del país.



La primera sorpresa proviene del hecho que impone a las reformas constitucionales para su aprobación ocho debates distintos tanto en Senado como en Cámara, en dos períodos legislativos distintos, es decir, que esta pretendida reforma inició su discusión a principios de este año y, siendo así, uno no puede entender cómo sólo hasta ahora cuando únicamente faltan dos de dichos debates es que el gobierno prende sus alarmas presentando muy tardíamente sus argumentos en contra del pretendido acto.



Puede afirmarse, entonces, que por despreocupados y negligentes, Ministro de Hacienda y director de Planeación, han permitido que casi por debajo de la mesa y sin ninguna discusión previa, divulgación ni publicidad el Congreso esté a punto de reformar la Carta en materia tan importante. Nada de lo hasta aquí anotado es bueno para casi nadie.



No es esto, sin embargo, lo único sorpresivo y malo en la pretendida reforma. Ya que bajo un aparente ropaje social y disfrazadas intenciones redistributivas lo que realmente se esconde en su articulado es un verdadero zarpazo a la estructura de nuestras finanzas públicas.



Con una inaceptable y descarada lista de mercado se pretende destinar, contrario a toda equidad, privilegios para algunos sectores y hasta profesiones: profesores pensionados, artistas, vendedores estacionarios son algunos ejemplos incluidos en el exabrupto. Pero la distribución porcentual del pretendido gasto no es menos desafortunada, 14 por ciento para los pobres de municipios menores, 4 por ciento para resguardos indígenas, otro 4 por ciento para corregimientos, etc,… en fin, pedacitos para esto o para aquello, y todo por la vía de artículo constitucional, nada más desafortunado. Como si los pobres pudieran ser escalafonados.



Detrás de este engendro con apariencias de inofensivo cordero no alcanzan a ocultarse totalmente las feas y oscuras orejas del verdadero lobo voraz y politiquero que realmente hay.



Reforma en mano, en caso de aprobarse, veremos a los candidatos a la reelección en el Congreso proclamando su pírrica preocupación por lo social. Ese será su pasaporte para su perpetuación en las curules.



Desafortunadamente el jolgorio de esas campañas prontamente se convertirá en espantosa resaca fiscal. Pues, para financiar este engendro, el próximo gobierno no tendrá alternativa distinta a plantear una nueva reforma tributaria para sufragar tan espantosos nuevos gastos. De tal tamaño serán las consecuencias.



Como colofón, es bueno que la opinión conozca las duras repercusiones que semejante insensatez tendría sobre los delgados recursos que hoy reciben del gobierno central los municipios grandes y medianos, el sólo caso de Bogotá es dramático, siendo el centro de la actividad económica del país y a pesar de contribuir con gran parte de la totalidad de los

ingresos fiscales, el golpe que se le da está calculado en más de 69.000 millones de pesos anuales. Lo mismo sucede proporcionalmente con Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y más de 600 municipios, olvidando en forma poco inteligente que la pobreza, dado el espantoso abandono de los sectores rurales y por la violencia que allí se padece, se ha concentrado en las medianas y grandes ciudades por la vía del desplazamiento y el creciente desempleo. Es decir, que con la equivocada lógica del proyecto menos pobres se quedarán con más recursos. Qué perlita.



Estas ciudades en consecuencia tendrían que reemplazar dichos recortes por el camino de nuevo endeudamiento, cuando ello fuere posible, o incrementando sus impuestos municipales, con el agravante de que esas medidas no traerán solución a otras necesidades y problemas acumulados sino a tratar de reemplazar lo que antes se tenía.



Un acto legislativo con estas características y efectos no deseados, en vez de contribuir con la erradicación de la pobreza terminará por ahondarla en forma por demás desequilibrada.



Debe atajarse este esperpento. O atamos la pretendida distribución de recursos a la ley de transferencias, lo que neutralizaría sus efectos nocivos, o el acto debe ser negado en los debates que le hacen falta en el Congreso.



A los miopes legisladores impulsadores del proyecto, debemos recordarles que la forma efectiva de luchar contra la pobreza es garantizando a toda la población en estado vulnerable acceso a las atenciones básicas en educación y la salud, utilizando adecuadamente los recursos legales ya existentes, sin dilapidarlos como recientemente ha ocurrido ante la inagotable corrupción existente en muchos sectores de nuestras administraciones territoriales.



El proyecto como viene no tiene ciertamente nada de benéfico ni de social.





*Concejal de Bogotá y catedrático universitario





Octubre 31 de 2001.
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