Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/04/04 12:38

¡Justicia con la justicia!

Profanar toda la institucionalidad y transmitir a la opinión la sensación de un caos absoluto es un pésimo abono que daña la democracia y la siembra con semillas para los frutos del horror.

Iván Darío Gómez Lee

Cuando todas las organizaciones son desprestigiadas, sin objetividad, puede suceder una crisis, esa sí verdaderamente grave, como las de Egipto y Venezuela. En el hermano país, el presidencialismo chavista atacó perversamente la reputación de las cortes para sustituirlas con “magistrados subordinadosamigos del régimen. Ellos permitieron la desinstitucionalización del Estado de derecho.

En Colombia, con campañas de desprestigio, la justicia ha perdido credibilidad en los últimos lustros. Sin dejar de reconocer que en el poder judicial tenemos grandes retos, mucho por mejorar y cometemos errores. Pero cuando se dice: “profunda y grave crisis, generalizada e insostenible”, con adjetivos de grueso calibre, se está ante predicamentos exagerados. Lo veraz hoy es preguntarnos con sensatez: ¿Qué pasó entonces, qué hacer y qué no debe volver a suceder en el poder judicial?

Siendo interrogantes difíciles de resolver, aseguro que están en curso grandes soluciones y correctivos importantes. En las últimas décadas la productividad en sentencias se incrementó exponencialmente. En el año 2015 fueron producidas en todas las jurisdicciones 2’358.064 decisiones definitivas. En el año 1993 eran 566.827 sentencias. Es decir, no hay retroceso ni decadencia. Con ese resultado los 5.422 jueces y magistrados de Colombia lideran una organización altamente productiva.

Tan importante fue el desempeño de los despachos judiciales en el 2015, que vale la pena ver el número de providencias definitivas por jurisdicciones así: penal, 772.103; civil, 634.286; contenciosa, 229.613; laboral, 208.797; familia, 167.792, y otras especialidades, 351.417.

Se hacen esfuerzos en eficiencia. En la Jurisdicción Contenciosa, por ejemplo, con los juzgados administrativos el promedio nacional de tiempo de un proceso en el último año fue nueve meses (contados desde el día en que se presenta la demanda). Cuando hice la especialización en esta materia en 1990 se hablaba de más de seis años. Así, otra prioridad indiscutible es llevar las buenas cifras regionales a las grandes urbes. Falta mucho en cuanto a la oportunidad de la justicia, pero se avanza con dedicación en la dirección correcta.

La ciudadanía no conoce esos esfuerzos que hace la justicia, pero sí sabe de su amplia desaprobación mediática. (Ver más cifras en www.ramajudicial.gov.co)

Por primera vez la rama judicial tendrá un plan decenal del sistema judicial que se construirá por ella misma y que va hasta el 2027. El doctor Simón Gaviria, al finalizar el pasado mes, prestó la colaboración institucional que será necesaria para proyectos de inversión de recursos de alto impacto y largo plazo. Con el apoyo a esa iniciativa podrían llegar a operar, por el sistema de APP, varias ciudadelas judiciales; para priorizar: Barranquilla y Bogotá.

Se van a superar transiciones coyunturales como las del nuevo Código General del Proceso. Se aprobó con buenas intenciones, pero sus inventores no midieron algunas dificultades sobrevinientes. No hay paro nacional, ni tampoco en Bogotá, por fortuna; lo hemos logrado conjurar entre todos con diálogo y trabajo. Funcionarios, inclusive el presidente de la sala civil de la Corte Suprema, organizaciones sindicales, incluso abogados litigantes, voces de los usuarios, participamos en las “mesas técnicas de concertación”. Seguridad jurídica, como propósito común, debe ser otro de los pilares de esas mesas, asociado a la coherencia y la calidad de las sentencias.

Hay gerencia y no hay vacío en la planeación, la ejecución de recursos, estrategias y nuevos proyectos de gestión óptima. Existe un plan de reacción, no obstante que está por definirse la suerte del acto que reforma  la Constitución llamado Equilibrio de Poderes. Con todas las apuestas en contra, y en juego la inexequibilidad de esa enmienda, la comisión primera de la Cámara, con la iniciativa del ministro de Justicia, aprobó la semana pasada, en primer debate, la ley estatutaria de administración de justicia. Se da el paso inicial y el más importante. Esa futura ley se debe complementar y afinar en lo que le resta de debates, como lo señalan propuestas  en un estudio integral ya entregado al Congreso.

No se desintegró el sistema administrativo de la administración de justicia, como muchos lo pronosticaban. Determinaciones valientes de la sala administrativa, mal llamada moribunda, nos designa, desde febrero, junto con Martha Lucía Zamora, miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Y desde estos cargos hemos sido puentes para conocer todas las críticas, necesidades y problemas, y contribuir a que se gestione su solución.

En suma, prudencia para los actores políticos y sociales que son irracionales contra la rama judicial. Juegan con candela en el polvorín de las tensiones de Colombia, sus desigualdades y el proceso de paz (http://www.semana.com/opinion/articulo/ivan-dario-gomez-lee-desigualdad-social-pena-perpetua-de-la-economia/461522). Profanar la institucionalidad y transmitir a la opinión la sensación de caos absoluto es un pésimo abono que daña la democracia y la siembra con semillas, para los frutos del horror.

La columna central de las instituciones colombianas es la Justicia. Quienes la han agredido, y moralmente no temen calumniarla, dan miedo y deben producir rechazo. Queremos transformarnos para construir y mejorar; es necesario. Invito a que nos colaboren siendo constructivos, cambiar el lenguaje virulento y la actitud de desprecio.

Nota: A propósito de ser constructivos en la Fiscalía son fundamentales los asuntos de lucha eficaz e imparcial contra la corrupción. Y en otros campos,  el deterioro de la dignidad humana de los “asegurados con medidas” en las cárceles, que ameritan, sólo en caso extremo, reclusión; pero especialmente que no se les confine con los ya condenados. Se requieren correctivos en el sistema penal acusatorio. Las cuestiones relativas al tamaño, eficiencia y gastos de la institución, que son asuntos muy técnicos de esa entidad. Sin dejar de lado la justicia transicional, lo anterior es esencial. Como una contribución, sugiero respetuosamente que en la valiosa meritocracia que aplican el presidente de la República y la ministra de la Presidencia, se evalúen propuestas realistas, competencias y fortalezas de los aspirantes en estos y otros asuntos especializados. Los expertos en cazar talentos para seleccionar los directivos de las organizaciones más importantes del mundo, evalúan competencias equilibradas en cuanto a las habilidades duras (experiencia y especialidad) y las capacidades blandas de liderazgo (como la llamada inteligencia emocional). Con una terna idónea, la Corte Suprema de Justicia tendrá de dónde elegir el mejor fiscal en un momento trascendental.

* PHD en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas

ivandariogl@yahoo.com

Magistrado Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

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