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Opinión

  • | 2016/06/04 09:47

    Reformas y reformas: ¿pero qué es lo urgente y qué es lo importante?

    Estamos cansados de los que critican todo y no creen en ninguna institución. La democracia colombiana tiene necesidades más urgentes que transformar la justicia.

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Esa obsesión por cambiar la justicia tiene algo de cortina de humo que esconde problemas mucho más graves del país. Es evidente que además de la justicia, el legislativo y el ejecutivo deben priorizar lo siguiente:

1. La política convertida en empresas electorales, para reducir la gran corrupción. 2. La evasión de impuestos por parte de los grandes contribuyentes, para que no se aumenten más los tributos a la clase media. 3. La inseguridad jurídica en la contratación pública y en los controles, para que la asignación de recursos públicos sea efectiva y transparente y de esa manera se eviten tantos desfalcos.

Para la efectividad de una futura reforma a la justicia debe tenerse en cuenta qué lecciones aprendidas quedan y cuáles son las prioridades.

La rama judicial debe participar de sus transformaciones. La última reforma se hizo a espaldas de las Cortes, y eso fue un error. La Corte Constitucional ha tomado ahora una decisión legítima. No es un asunto de vanidades ni de mezquindad. Todo lo contrario, preservar la autonomía de los poderes públicos es una razón de Estado muy profunda.

En una democracia el principio esencial es el de la independencia de los poderes públicos. De aceptarse que uno de ellos usurpe competencias de otro y lo modifique unilateralmente, implica que el sistema se pueda fracturar para siempre. Así de sencillo: se rompe una vez y ya no se puede reparar.

En la reforma que hundió la Corte, esa corporación iba a tener más poder porque elegiría a uno de los tres expertos del Consejo de Gobierno Judicial (un tercio de poder). Actualmente elige a uno de los seis magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (un sexto de poder). Es decir, renunció a su interés individual por el interés general, el de fortalecer la democracia, como corresponde.

Es un valioso precedente, impopular pero necesario. Así, solo respetando la autonomía de la justicia como rama del poder público se puede reformarla. Principio estricto, sí, pero necesario para que la democracia colombiana sea más segura y perdurable. (No es la primera vez que la justicia hace valer sus fuerzas; sucedió también en 1977 y luego en 1979 con la emblemática Corte Suprema que años después fue inmolada en el Palacio de Justicia).

En las reformas a la justicia ¿qué es lo importante e inaplazable?

Primero, un plan decenal 2017-2027. Preparar a la justicia para una nueva década, con mayor legitimidad por la efectividad y la eficiencia. Este plan se construiría en menos de un año. Esa sería una verdadera transformación. Es un método de trabajo interno que se coordina con el ejecutivo como ya se está haciendo con Simón Gaviria desde marzo en el tema de inversiones. No se requieren más leyes.

Segundo, que la ley desarrolle normas más precisas para evitar conflictos de intereses y garantice procesos de mérito en la elección de los magistrados para los periodos de ocho años. Todo el Estado está amenazado por el clientelismo y la politiquería y por ello se debe priorizar este tema. Como reto a la institucionalidad sobreviviente, la Sala Administrativa puede proponer una audaz iniciativa en este sentido, ya anunciada por el presidente de la Judicatura, Agustín Suárez.

Tercero, una organización más moderna, descentralizada, ágil, gobernada por nuevos principios de alta eficiencia, coordinación y uso masivo de las TIC. Para ello se requieren recursos sostenibles y efectivos (como mínimo el 5% anual de crecimiento a partir de los 3,1 billones que se tienen hoy para financiar 5.422 despachos judiciales y 31.000 servidores). Esa organización se viene implantando con vigor en 2016, con nuevos reglamentos de la Sala Administrativa del Consejo Superior y con el proyecto de ley de presupuesto para 2017.

Pero hay una gran paradoja. Pese a las críticas a la justicia, es la rama del poder público que cumple con el ideario plasmado en la Constitución de 1991 mediante la tutela (en el último año,  769.655 sentencias de tutela en firme). Con dos millones ochocientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y un sentencias en ese mismo (2015) año. Por eso insisto en la justicia con la Justicia. (http://www.semana.com/opinion/articulo/ivan-dario-gomez-lee-crisis-en-la-justicia-siembra-temor-en-la-democracia/468022). Abundaron buenos resultados en 2015, el número total de sentencias en todas las especialidades, dos millones setecientas noventa y dos mil cuarenta.    

Ese medio de intervención se puede fortalecer. Con una tutela más efectiva, para que las entidades públicas condenadas en tales procesos (que en su mayoría lo son por temas de pensiones y salud), sean menos indolentes. Más comprometidas para que le cumplan al ciudadano sus derechos fundamentales. A su vez, que sean sancionadas con mayor severidad en todos los niveles mediante los desacatos que tengan incidencia patrimonial hacia las personas jurídicas. Esa es otra reforma urgente (hay un proyecto de ley en curso en Cámara, que ojalá sea analizado con las cortes).

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, durante el trámite de ley estatutaria abrió un espacio de trabajo público entre las cortes y los senadores de la Comisión Primera, quienes fueron muy receptivos. Además, con acierto explica el titular de esa cartera que una asamblea nacional constituyente “es un salto al vacío: se sabe dónde se comienza, pero nunca se sabe dónde puede terminar”.

Por eso, señores senadores y ministros (incluyendo a Cristo, del Interior): sigamos en una reforma incluyente, técnica y participativa. Como lo veníamos haciendo en estas semanas. Íbamos por un buen camino, más largo pero correcto y seguro.

NOTA: En los últimos cuatro meses como magistrado hice un gran esfuerzo por avanzar en los asuntos enunciados, y la Sala Administrativa y las Cortes fueron importantes aliados. Concluida esa misión, voy a trabajar en la investigación académica y social de asuntos de la justicia con la Escuela de Formación Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Convocamos a un nutrido grupo de investigadores e intelectuales de la justicia (doctores, magister, candidatos a esos altos estudios y exmagistrados). Es el momento para que en el siglo XXI analicemos en perspectiva y prospectiva el valor de la justicia colombiana, para lograr un derecho más justo. Estamos cansados de los que critican todo, nada proponen y no creen en ninguna institución. Vamos a demostrar que la justicia del país tiene futuro.

*Abogado, Ph.D y exmagistrado

ivandariogl@yahoo.com

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