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Opinión

  • | 2015/07/29 10:25

    Retroceso de 25 años en el control fiscal

    ¿Habrá seguridad jurídica con un engendro de políticos que a partir del 2016 ejercerán facultades punitivas exacerbadas?

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Reforma a la Constitución aprobada el pasado mes rompe todo el sistema de tecnificación de las contralorías que se desarrolla desde 1991. Las enmiendas a la Carta tienen como límites los cauces originales esenciales de la Constitución y los derechos humanos. ¿Se deberán pagar condenas multimillonarias a las futuras víctimas de ese festín de abuso del poder?

Con el acto legislativo 02 de 2015 de “Equilibrio de poderes” volverá el control fiscal al escenario que imperaba hace 25 años; los contralores serán elegidos en las corporaciones públicas sin mayores exigencias que las de una convocatoria. El incentivo oculto para que el Congreso aprobara esa reforma a la Constitución en el último año fue el de devolverle la Contraloría como fortín político.
 
Se les retira a cortes y tribunales la capacidad de conformar las ternas para las contralorías. Así, derogaron el filtro jurisdiccional que se introdujo en el 91 para la especialización del control fiscal; ahora los parlamentarios se arrogan con exclusividad la elección de contralor. Se estigmatizó la politización judicial pero quedamos en un escenario institucional inestable, peor.

Entonces en enero de 2016 se hará la primera elección de contralores territoriales producto de las coaliciones, componendas y clientelismo de las asambleas departamentales con sus gobernadores, y en los concejos municipales y distritales en contubernios con sus alcaldes. Un sistema de control ya politizado y enmarcado en la corrupción será ahora un desastre generalizado. Extorsionar, delito que llevó a la cárcel a cuatro contralores territoriales incluido el de Bogotá en el 2010, puede llegar a ser una regla.

Luego, en el año 2018 el Contralor General de la República volverá a ser elegido por el Congreso en pleno, previa convocatoria “abierta” que organizará el mismo parlamento. Se podrán inscribir políticos diestros en repartir puestos y amañar procesos de responsabilidad fiscal para perseguir y/o sobornar. Volverán los tiempos de contralores generales presos porque venían de la mafia o delinquieron en ejercicio del cargo. En suma, se cambió el ideario de la Carta de 1991 para volver a la decadencia.

Tres inquietantes asuntos jurídicos:

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a países cuyos órganos administrativos inhabilitan a funcionarios y les afectan sus derechos de participación política. Hay una sentencia contra Venezuela por la actuación de la contraloría general (caso López Mendoza) que parece copiado de la realidad colombiana. Entonces, ¿por cuenta de contralorías politizadas de nuestro país, en unos lustros se deberán pagar condenas multimillonarias a las futuras víctimas de ese festín de abuso del poder?

2. Según la Corte Constitucional cuando el Congreso enmienda la Carta política como constituyente derivado, se establecen como límites los cauces originales esenciales determinados en la Constitución primigenia, la del 91, y los derechos humanos (sentencia C-141 de 2010 que detuvo la tercera reelección del presidente Uribe). Normas del acto legislativo de 2015 que se aprobó el pasado mes rompen todo el sistema de equilibrio, tecnificación de las contralorías y ponen en peligro derechos de los vigilados, ¿será que caben en la estructura de la Constitución?

3. Es un retroceso de 25 años en control fiscal porque el constituyente dotó a los funcionarios de las contralorías de amplios poderes discrecionales punitivos para sancionar la corrupción y para legitimar y amparar la gestión de los recursos públicos, sobre un supuesto esencial: que esos servidores fueran técnicos, seleccionados por mérito, no por politiquería. Ante este notorio revés, ¿habrá seguridad jurídica con un engendro de políticos que a partir del 2016 ejercerán facultades punitivas exacerbadas, como la responsabilidad fiscal con sus graves consecuencias y la suspensión arbitraria de funcionarios?

Actualmente Edgardo Maya Villazón ternado por la Corte Constitucional, expone dos propuestas: la primera, que se acaben las contralorías territoriales por ser nichos de corrupción, y, la segunda, que la función de responsabilidad fiscal sea ejercida por cuerpos especializados, una especie de tribunales. Sí, señor Contralor, en hora buena fortalecer el control fiscal territorial y que exista una corte fiscal técnica, pero existe un gran reto para viabilizar esas reformas: ¡que las apruebe el Congreso!

P.D. Corina Machado fue inhabilitada por la contraloría general de Venezuela para regresar a la asamblea nacional, sancionada por su valiente oposición al régimen. El asunto es muy grave.

*Experto en derecho administrativo y profesor en Responsabilidad y Contratación Pública www.ivandariogomezlee.com
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