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Opinión

  • | 2015/02/16 17:25

    Cese al fuego bilateral: preocupante anuncio presidencial

    Tras exigencias de las Farc de acordar “tregua”, Santos anuncia un “cese al fuego” bilateral.

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En reciente alocución ante los diferentes medios de comunicación, el primer mandatario anunció su determinación de acelerar el proceso de negociones para la paz, que se lleva a cabo en la Habana, para que en el menor tiempo posible se llegue a un “cese al fuego bilateral y definitivo con las Farc”.

Sin embargo, la forma como se hizo público este pronunciamiento, ha debido tener una aceptación por parte de la sociedad colombiana, pero su efecto fue totalmente adverso, ya que generó múltiples reacciones de inconformismo, dada la ambigüedad como fue emitido su discurso.

Al llegar a un acuerdo de esta magnitud, el cual consiste en que sin necesidad de firmar un documento formal alguno, sin refrendación popular, ni compromiso previo de desmovilización y entrega de armas; se constituiría un gran riesgo hacia el futuro en materia de seguridad interna, y asimismo se podría colocar al país en una difícil situación de orden público, ante la dificultad de enfrentar con decisión y claridad este tipo de amenaza, y que por razones de orden legal y constitucional debe ser neutralizada o combatida sin restricción alguna por el Estado, y en particular por las Fuerzas Armadas de la Nación.

De ser así, previa sustentación constitucional se requeriría como mínimo la concentración de grupos armados ilegales, que se llegaren a acoger dentro de ese compromiso en puntos determinados, no en regiones o en extensas zonas, bajo la vigilancia y exclusivo control de la fuerza pública. Esta sería la única alternativa y plena garantía para evitar cualquier tipo de actividad delincuencial, y el uso de las armas en contra de la población civil y la institucionalidad del país, por parte del grupo armado al margen de la ley.

También es importante destacar que “pactar con el enemigo” podría constituir la comisión de un grave delito de: ¡Traición a la Patria! Esto obliga al Gobierno y a los negociadores, a revisar cuidadosamente la normatividad legal existente sobre la misión constitucional que le corresponde a las FF:MM y a la Policía Nacional, siendo ellos los garantes de la seguridad y defensa nacional en el monopolio exclusivo que tiene el Estado, respecto a la posesión y uso de las armas dentro del territorio nacional. No deben olvidar que: ¡Estamos negociando con el enemigo!

Repetidamente se ha planteado desde las distintas asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y por parte de la Policía Nacional, por medio de cartas enviadas directamente al señor Presidente de la República, y también mediante diferentes comunicados y pronunciamientos dirigidos a la opinión pública, que si no hay desmovilizados y entrega formal de la totalidad de las armas que cuentan, no habrá garantía alguna para asegurar la no repetición de su cruel accionar criminal contra la población civil y nuestras instituciones.

Por otra parte luego de otro polémico anuncio presidencial correspondiente al “Desescalamiento del conflicto” se informó a la opinión pública que este tema consistía en una disminución gradual de la violencia y de las distintas formas delincuenciales, las cuales vienen generando esta organización terrorista en distintos sectores del país. Según esto, se dice que debe constituir en una señal clara y firme de buenas intenciones por parte de las Farc, para llegar a un acuerdo final del conflicto armado por la vía del diálogo, ya que este compromiso no se impone bajo ninguna circunstancia ni limitación alguna para que la fuerza pública continúe cumpliendo su misión institucional.

Igualmente, algunos sectores cercanos al gobierno expresaron también la posibilidad de llegar a una paz plenamente duradera, sin necesidad de una aprobación popular, lo cual sería un grave error. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo único que realmente garantiza la firmeza de cualquier compromiso que sea adquirido, es que sea refrendado tal y como lo anunció el gobierno actual en el momento que dio a conocer la agenda para los diálogos con el grupo guerrillero. Esto le proporcionaría legitimidad al proceso, recordando que fue uno de los argumentos con los cuales Santos buscó el respaldo nacional del proyecto en su primer mandato y con el que más adelante obtendría la reelección presidencial.

Para el común de los colombianos, no hay claridad sobre lo que se pudiera entregar o lo que se está entregando a cambio de múltiples pretensiones que públicamente vienen exigiendo las Farc, en temas correspondiente a impunidad por crímenes de lesa humanidad, dejación de armas más no entrega de estas, reformas al régimen electoral y elegibilidad política para sus principales cabecillas, reintegro social más no la desmovilización de sus militantes y otras más, como la creación de zonas de reserva campesina con autonomía especial, que pudieran coincidir con viejas áreas de influencia, donde tradicionalmente han ejercido su acción delictiva, especialmente en lo relacionado con cultivos ilícitos y explotación minera.

Estas podrían ser las nuevas y peligrosas “Repúblicas Independientes”.

La excesiva generosidad que ha venido demostrando el gobierno en las negociaciones, constituye una vez más a la debilidad que desfavorece a las FF:MM y proporciona ventajas a la organización insurgente. Y es por tal razón que el concepto mayoritario de importantes sectores ciudadanos respecto al tema es que no hay suficiente credibilidad sobre el proceso que se lleva en Cuba, por razones diferentes que esgrimen desde distintos ángulos políticos y sociales, pero especialmente por los antecedentes existentes sobre negociaciones anteriores, que determinaron un fracaso rotundo. Es por esto que todos somos conscientes de que resolver los impedimentos para terminar el conflicto no es tarea fácil, al problema de las Farc, se le agrega el del ELN, que según sus pronunciamientos, exigen lo mismo que la organización anteriormente nombrada.

Por tales razones el anuncio del primer mandatario ha generado diversas preocupaciones, tras querer acelerar el proceso de negociación que llevará al fin del conflicto armado con las Farc, sin que previamente de haya llegado a unos acuerdos finales y permanentes sobre la agenda pactada, y las distintas salvedades pendientes por resolver.

Sin embargo, las circunstancias del país y su futuro inmediato nos hacen ver con realismo la necesidad de alcanzar una paz cierta, firme y duradera, así se tenga que esperar pacientemente un proceso gradual que puede demandar diez o quince años, tal y como los mismos negociadores del gobierno lo han manifestado

Esta paz es un anhelo nacional, igualmente lo es para nuestros soldados y policías que desde años atrás han venido arriesgando su vida en defensa de las instituciones y del pueblo colombiano.

Ejército Nacional
2015

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