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Opinión

  • | 2016/04/05 12:17

    La paz y la consulta popular

    En Colombia se sacraliza la democracia, pero, al momento de ejercerla, a la plutocracia que detenta el poder no le interesa.

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Ibagué y Cajamarca se disponen a realizar una consulta popular para preguntar a sus correligionarios si están de acuerdo, sí o no, con que el mega-proyecto minero La Colosa se materialice en el departamento del Tolima.

En el caso de Ibagué no se trata de cualquier consulta; lo interesante es que una ciudad de más de 600 mil habitantes opte por esta figura constitucional reglamentada en la ley, y que sean sus propios ciudadanos quienes definan la suerte del ecosistema de su región y no desde el gobierno nacional como se pretende.

Como es bien sabido, la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti persigue explorar y explotar en la región, adyacente a los municipios de Cajamarca y la capital del Tolima, uno de los proyectos de mina de oro más grande del mundo a cielo abierto.

Tras su promesa en campaña, el Alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó al concejo de la ciudad su propuesta de consulta popular y se aprobó 10 votos contra nueve. Hoy se encuentra en revisión legal en el Tribunal Superior del departamento. Cajamarca está en lo suyo, y en mayo el concejo del municipio votará, seguramente, a favor de la  consulta.  

Este es un desafío para la democracia colombiana, apostarle a la autonomía de los entes territoriales en contra del centralismo secular que ha caracterizado a los gobiernos de turno en el país. Por ello, es importante que por primera vez una ciudad del tamaño de Ibagué logre convocar a sus ciudadanos para que sean ellos los que definan a través de esta expresión  democrática y vinculante si quieren que se les respete el fututo de su tierra, se neutralicen los efectos ambientales de La Colosa y no se decida todo desde el “bogocentrismo” burocrático, como suele ocurrir.

El gobierno nacional ha subordinado todos los escenarios posibles a su favor para socavar la consulta popular, sin embargo la batalla legal parece estar asegurada por tres sentencias de la Corte Constitucional. Una de ellas, es la C-123 de 2014 en la que dice que “se deberá garantizar la participación activa y eficaz de las entidades territoriales en las decisiones sobre la prohibición o realización de actividades mineras”.

Pero más allá de las cataduras legales de la consulta popular en Ibagué y Cajamarca, este es un buen escenario para que el Presidente Santos corrobore su real voluntad de paz, y no le tema a un mecanismo constitucional que pocas veces se ha utilizado en los 25 años de la Carta Política, salvo en Piedras, Tolima. Y hablo de la paz porque en los procesos de negociación en La Habana y ahora el de Quito con el ELN, el punto de la participación política es crucial. Ese fue el aguijón que utilizaron las  organizaciones insurgentes para justificar su levantamiento en armas: la falta de garantías para el ejercicio de la política y la participación de los ciudadanos en proyectos que para bien o para mal afectan sus regiones y comunidades.

Ahora bien, es vital que para este proceso de consulta popular en Ibagué y Cajamarca, se juegue limpio: son muchas las denuncias en contra del proceder de la multinacional Anglo Gold Ashanti y la manera como ha intentado boicotear la consulta; por los lados de la Procuraduría el sinuoso chantaje a través de un enjambre de leyes para concluir en la amenaza de sanciones disciplinarias; y cómo los medios de comunicación local han silenciado sistemáticamente cualquier información respecto de la consulta.

En Colombia se sacraliza la democracia, pero, al momento de ejercerla, a la  plutocracia que detenta el poder no le interesa.  Ojalá este no sea el caso.  

*Periodista

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