Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/08/30 17:05

No repetición

Pactado el Acuerdo Final en la Habana entre el Gobierno y las FARC, la inquietud que surge es si las actuales instituciones son las adecuadas para desarrollar los acuerdos.

Jairo Gómez.

Pactado el Acuerdo Final en la Habana entre el Gobierno y las FARC, la inquietud que surge es si las actuales instituciones son las adecuadas para desarrollar los acuerdos.

Ésta intranquilidad cobra vigencia si se parte del principio de que lo acordado obliga a hacer reformas de fondo que aseguren la ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas y los desencuentros, que fueron el germen de la atroz guerra que estamos por terminar con las FARC.

El fantasma del incumplimiento siempre ha gravitado en las instituciones que tenemos, de allí que hoy se hable del Gran Acuerdo Político Nacional que no es otra cosa que una Constituyente. Y no es un temor infundado si, tras hacer un análisis comparativo entre el Acuerdo de La Habana y la Constitución Política de 1991, vislumbramos que gran parte de lo pactado está en las líneas de la Carta Fundamental, y que los gobiernos y legisladores, por arte de birlibirloque, le han mamado gallo. Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si el tema de la propiedad de la tierra estuviera resuelto, o los espacios políticos no se hubieran restringido y el Estatuto de la oposición fuera una realidad.

El acuerdo apenas despunta y ya se está impugnando el Fondo de Tierras que se estipuló en el punto agrario. Se refutan las tres millones de hectáreas que le brindarán una nueva realidad a los millones de campesinos desplazados y víctimas del despojo por efectos del conflicto. Desde tiempos inmemoriales hemos escuchado de reformas agrarias, de democratización de la propiedad de la tierra, de modernizar el campo, de incluir a los campesinos al ciclo productivo de la nación y legalizar las tierras a los labriegos: promesas incumplidas.

Esto corrobora la desconfianza que se tiene de las instituciones: los invito a leer los artículos 63, 64 y 65 de la Constitución que en esencia obliga al Estado a definir el acceso a la tierra, a los que también les mamaron gallo. Otro ejemplo, como el anterior, nos permite ilustrar cómo operan las instituciones del Estado haciéndose las de la vista gorda con el interés de la sociedad en general.

En el Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral se pactó normalizar la vida laboral de los campesinos. En verdad no se necesitaba del pacto de La Habana para encauzar los derechos laborales de los trabajadores y campesinos colombianos; La Constitución en su artículo 53 obliga al Congreso a expedir el Estatuto del Trabajo, y desde hace 25 años le vienen mamando gallo a la norma.

Retomo la incertidumbre inicial de si estas instituciones son las adecuadas para garantizar lo pactado en Cuba y veo con preocupación la suspicacia política con que se examina el futuro de los acuerdos. Un ejemplo de ello es el cuestionamiento que el Vicepresidente Vargas Lleras le hace a la Justicia Especial de Paz, poniendo en entredicho el papel de las cortes versus los alcances del Tribunal de Paz, tema medular para la terminación del conflicto. La malpensada interpretación quiere sembrar dudas donde no las hay, además de provocar, desde las Cortes, animadversión a lo pactado.

La ‘No repetición‘ de las promesas incumplidas es un compromiso insoslayable si no queremos volver a los ciclos de violencia política que hoy superamos con el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC.

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