Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/09/08 12:01

El impacto de la crisis fronteriza en la región

Cualquiera sea el mecanismo que se escoja éste no podrá circunscribirse a mejorar las relaciones diplomáticas entre dos estados.

Javier Ciurlizza. Foto: Crisis Group.

Las dificultades crecientes para resolver la crisis surgida en la frontera entre Colombia y Venezuela muestran un fracaso preocupante de los mecanismos regionales para resolver pacíficamente las controversias internacionales. En los próximos días, todos los países de la región deberán hacer un esfuerzo por encarrilar esta discusión, obligar a todos a guardar calma, y proporcionar soluciones prácticas a la frontera entre Colombia y Venezuela.

La votación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la que se niega la posibilidad de una reunión de cancilleres, dice mucho de la incapacidad del organismo regional para ser relevante en los temas cruciales del hemisferio. Esta limitación no es casual, y a ella han contribuido con entusiasmo muchos países de la región. El problema es que no hay alternativa que tenga un mayor consenso. Tal es el caso de Unasur. Si Brasil, Argentina y otros países pensaron que negando el debate en la OEA se fortalecía la discusión en el ámbito estrictamente sudamericano, se equivocaron. Colombia ha anunciado que no llevará el tema a Unasur.

Si se observa con detenimiento la distribución del voto en Washington, surgen algunos elementos nuevos en la correlación de fuerzas en la región. Hasta hace pocos años, el gobierno de Venezuela podía contar con un sólido bloque de al menos 15 votos seguros en sus debates políticos. Hoy, esa alineación se ha reducido a cinco. Los países del Caribe están por primera vez divididos y la mayor parte decidió abstenerse. Antiguos simpatizantes del régimen bolivariano, como Uruguay y El Salvador, ahora están en la otra orilla. Otros países, como México, Chile y Perú expresan en su voto su disgusto por un gobierno que antes exportaba ideología y hoy exporta su crisis económica y social.

Las opciones para resolver el problema son limitadas, por las heridas abiertas como consecuencia de la deportación de más de 1,000 colombianos y la salida del país de otros 14,000. Pero además, el problema es que el ruido ensordecedor que se oye desde Caracas (o desde Beijing) refleja más un interés político interno que una sincera preocupación por la seguridad en la frontera, un tema que por cierto es real y requiere medidas desde hace varios años.

Esto limita por el momento la primera de las opciones para resolver controversias internacionales: la negociación directa. Es improbable que el Presidente Santos acepte una reunión con el Presidente Maduro, como es improbable que Venezuela tenga en mente proponer soluciones concretas, incluyendo abrir la frontera, en el corto plazo.

Quedan entonces otras tres opciones: la conciliación, mediación o el sometimiento de la controversia a un tercero –sea éste un árbitro o un tribunal internacional–. Descartadas por ahora las intervenciones formales de la OEA o Unasur, la opción podría ser pedirle a las Naciones Unidas que adelante gestiones para acercar las posiciones y formular propuestas, que empiecen por detener de inmediato las deportaciones sin procedimiento legal y garantizar los derechos humanos de todos en la frontera. También las partes podrían considerar pedirle a un tercero que facilite el acercamiento, llegando incluso a pedirle que presente una propuesta, lo que lo convertiría en un mediador.

El Presidente de Panamá ha adelantado su interés por albergar una reunión bilateral y facilitar ese acercamiento. El cálculo del Presidente Varela para forzar una abstención del voto panameño en la OEA –cuando todos esperaban un alineamiento con Bogotá– podría residir en su interés por resolver los dos problemas internacionales más preocupantes que tiene entre manos: las relaciones diplomáticas interrumpidas con Venezuela y la decisión de Colombia de declarar al país del istmo como un paraíso fiscal, lo que afecta severamente las inversiones en ese país. Es difícil anticipar si a Maduro y a Santos les interesará un tercero con tantos intereses en juego.

Cualquiera sea el mecanismo que se escoja éste no podrá circunscribirse a mejorar las relaciones diplomáticas entre dos estados. Las alegaciones versan sobre violaciones de derechos fundamentales –incluyendo el anuncio hecho en Bogotá de una denuncia contra el gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional-. Los conciliadores o mediadores deberán hilar fino para establecer en primer lugar una versión de los hechos que sea mínimamente compartida y las víctimas de esta disputa deberán ser compensadas y sus derechos restituidos.

Se acaba el tiempo para que el vecindario tome nota de que este es un problema muy serio, que puede destruir la ilusión de que la región puede resolver sus disputas sin usar otros medios que no sean la diplomacia. Desafortunadamente, nos ha tocado un tiempo de liderazgos escasos en América Latina.

*Director para América Latina International Crisis Group

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