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Opinión

  • | 2017/03/17 15:39

    Tabla rasa

    En vez de reformar la justicia penal, que mucho lo requiere, se ha optado por crear una justicia paralela para la “Nueva Colombia”. ¿Funcionará?

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Luego de arduos esfuerzos, el Congreso ha expedido la reforma Constitucional mediante la cual se crea la Jurisdicción Especial de Paz. El texto aprobado difiere, en aspectos importantes, del presentado por el Gobierno; este no tuvo más remedio que ceder, previas consultas con las Farc, a las demandas de los parlamentarios, quienes, para bien del país, han hecho valer sus fueros y demostrado que no están dispuestos a “comulgar con ruedas de molino”. Es un precedente importante de cara a la avalancha de iniciativas que vienen en temas tan complejos como el modelo de desarrollo rural, la lucha contra la corrupción y la reforma electoral.

Es difícil que el Congreso acepte todo lo que sobre estas materias se le presente como derivado de las conversaciones habaneras y, menos aún, bajo el expedito procedimiento conocido como fast track”: ¿a quién puede ocurrírsele que el gravísimo problema de la corrupción, por ejemplo, deriva del conflicto con una de las bandas armadas que han azotado ciertos territorios de nuestro martirizado país?¿O que la reforma electoral puede adelantarse sin acuerdos con los sectores de oposición que triunfaron en los últimos comicios?

En la versión final de la JEP se insertaron las propuestas del estamento militar en lo relativo a la responsabilidad por línea de mando. No me detengo en los pormenores aunque reitero que las reglas finalmente aprobadas son menos severas que las previstas en el Tratado de Roma. Se decidió, pues, tomar el riesgo de que la Corte Penal Internacional abra procesos contra altos dirigentes de la guerrilla o del Estado. Pensándolo bien cabe que esa Corte decida que no le conviene atravesarse en la solución de “una guerra de cincuenta y dos años”, según la verdad oficial y macondiana. Ese proyecto quizás sea el único apoyado con éxito por Naciones Unidas durante ese mismo lapso.

También les fue bien a los “terceros civiles”, o sea a quienes hayan participado, de buen o mal grado, en la financiación del conflicto. Se les sacó de la posibilidad de tener que comparecer ante la Justicia Especial, lo cual no excluye que deban hacerlo ante la ordinaria. Difícil tomar posición. Ciertos empresarios no tuvieron otra alternativa que buscar protección en actores privados ante la falla del Estado en proveerles seguridad. Pero también hubo otros que se aprovecharon de las circunstancias, entre otras cosas, para comprar tierras a precios envilecidos.

Consciente de mi ignorancia, que es abismal, he tratado de entender en qué consiste la famosa “justicia restaurativa?. Con ese afán leo que “La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido”. Qué pena pero esto no dice nada.

Más adelante encuentro -art. 13- que las sanciones propias de la JEP “deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad”, propósito excelente pero que nada define. Ya al borde de un ataque de nervios fui directamente al Acuerdo Final, p.164. Esto fue lo que encontré: ?uno de los paradigmas orientadores del componente de justicia (…) será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización”…

Con evidente premura mordaz se ha dicho que las sanciones restaurativas que imponga la JEP podrían consistir en sembrar lechugas los sábados por la mañana. Por supuesto, disponerlo así sería un disparate pero, en ausencia de regulación legal, nada lo impediría. En este innovador derecho que nos llega de La Habana se ha pasado por alto un principio clásico del derecho penal: “nulla poena sine praevia lege”. ¡Todo sea en aras de “la Paz”!

Una bella joven desde el fondo del aula me pregunta que cuándo entra a funcionar el nuevo aparato judicial. La respuesta más precisa que puedo darle consiste en que algún día. Lo digo por esto: “Los magistrados que integran la JEP estarán facultados para elaborar las normas procesales que regirán esta jurisdicción y que deberán ser presentadas por el Gobierno Nacional al Congreso de la República”.

Por lo tanto, antes de que pueda comenzarse a administrar justicia será necesario nombrar a esos excelsos juristas; luego ellos tendrán que escribir su código de procedimiento, el cual debería ser una pieza jurídica, como mínimo, magistral (de lo contrario habría bastado disponer que se aplique el utilizado en los procesos penales contra los demás colombianos); a continuación el Congreso acometería su estudio y eventual expedición mediante una ley estatutaria que requiere mayorías especiales y previa revisión por la Corte Constitucional. El cierre paulatino del ciclo político del actual Gobierno puede ser un obstáculo difícil de remontar.

Tal vez consciente de esta circunstancia, y de que en las elecciones del año entrante se podría producir una profunda reconfiguración de las mayorías políticas, en la reforma que crea la JEP, tanto como en la que pretende insertar el Acuerdo Final a la Carta (el tomo II de la Constitución), se intenta cerrar el camino a las reformas que esas hipotéticas mayorías quieran realizar. Por supuesto, que los derechos adquiridos deben ser respetados en el futuro, pero mientras exista la democracia en nuestro país, a las mayorías de hoy les está vedado amarrar a las del futuro. Si eso es posible, prescindamos de las elecciones.

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