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Opinión

  • | 2017/02/25 09:47

    ¿Orangután "fast track"?

    La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, terminaría habilitando a narcotraficantes y criminales, para convertirse en empleados públicos y hasta en contratistas del Estado.

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El escándalo de corrupción de Odebrecht y sus ramificaciones ha monopolizado de tal manera la atención de la opinión pública, que la discusión en el Congreso del acto legislativo por el  cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, no ha recibido la atención que una reforma constitucional de tan hondo calado merece. 

Siendo muchos los temas que generan preocupación en el contexto de la nueva jurisdicción, me quiero referir a un aspecto de la reforma que hasta ahora había pasado inadvertido. Se trata de una iniciativa  que tiene todas las características de un “orangután”, mediante la cual se busca reformar el artículo 122 de la Constitución, que actualmente prohíbe que puedan ser designados como servidores públicos, o puedan celebrar contratos con el Estado,  quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. 

La ponencia radicada en la Comisión Primera del Senado para el tercero de cuatro debates, que en un procedimiento “fast track”, busca  la aprobación de la JEP, incluye una modificación  que destruye la esencia  del mencionado artículo 122,  al habilitar a miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales y para celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado. (Vea la ponencia aquí)

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Lo anterior, sin hacer claridad con respecto al tratamiento que se les daría a los miembros de esos grupos que cometieron delitos de lesa humanidad o de narcotráfico, es decir, sin establecer límite alguno para quienes, no obstante haber incurrido en alguno de estos dos delitos, podrían llegar a ser empleados o contratistas del Estado.

Genera gran preocupación que la reforma, la cual se hace en el contexto de los acuerdos con las FARC, deje abierta la puerta para que los miembros de cualquier otro grupo organizado al margen de la ley, puedan convertirse en servidores públicos y en contratistas del Estado. En la ponencia se establecen varias posibilidades para beneficiarse de la mencionada habilitación: 1. que los miembros de dichos grupos hayan sido condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado 2. que hayan suscrito un acuerdo de paz, 3. que se hayan desmovilizado individualmente, y 4. que hayan dejado las armas. Por otra parte, la reforma introduce un componente nuevo y extraño, pues menciona que los miembros de estos grupos pueden acogerse “al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz”. 

En el contexto colombiano las bandas criminales también participan directa e indirectamente en el conflicto, por lo cual la redacción de la reforma no los excluiría de ser contrapartes en un acuerdo de paz, consecuencia del cual dejarían las armas y se desmovilizarían. Tampoco los excluiría de la posibilidad de acogerse a un marco de justicia transicional distinto a la propia JEP. Bueno sería que el Gobierno y los ponentes nos explicaran ¿cuáles son esos “otros” marcos de justicia transicional que existen en Colombia?

Después de pasar por Cámara y Senado, a un solo debate para su aprobación definitiva, el proyecto de la JEP no establece impedimento alguno para que, incluso los miembros de las bandas criminales puedan terminar siendo nombrados secretarios de algún despacho municipal, directores de entidades descentralizadas, o en cualquier otro cargo del Estado, y, por si fuera poco, puedan también terminar contratando desde la alimentación escolar, hasta la prestación de servicios de salud. 

De ser aprobada la ponencia como está redactada, en el futuro cercano tendremos en Colombia como empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas del Estado, no solo a los miembros de las FARC que hayan narcotraficado y/o cometido delitos de lesa humanidad, sino también a delincuentes de cualquier otro “grupo armado organizado al margen de la ley”.  

Si ya nos tocó tragarnos el sapo de que se reforme la Constitución de afán y sin derecho a debatir, por lo menos Gobierno y congresistas deberían ser más cuidadosos al redactar las reformas, pues a este paso nos llenaremos de “orangutanes fast track”.

 

*Ex Viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda. 

@ceballosarevalo

 

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