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Opinión

  • | 2000/12/25 00:00

    Jesus Antonio Garcia

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El representante conservador del Huila debe responder ante las autoridades las denuncias hechas por una de sus empleadas, que lo acusó, con fotocopias de los cheques, de tener que pagarle mensualmente un porcentaje de su salario para la financiación de su movimiento político. En caso de que la Corte Suprema lo halle culpable puede ir a la cárcel.
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