Menos impuestos a las empresas y más a los dividendos

Gravar menos a las empresas y más a los dividendos sería un estímulo para la capitalización de las empresas, lo cual podría redundar en modernización tecnológica, mayor competitividad, mayor producción, más puestos de trabajo.

Desde el punto de vista de política económica, en una coyuntura recesiva como la que está viviendo el país –su PIB sólo creció el 1,9 % en 2016–, lo último que se debería haber hecho es incrementar los impuestos, algo que, es cierto, le permite al Estado gastar más, pero obliga a las familias y a las empresas a gastar menos. Esto, desde luego, conspira contra la demanda agregada.

Si, adicionalmente, a través del incremento nominal del salario mínimo se reduce la capacidad adquisitiva de esa parte de la población, habremos establecido los elementos necesarios para prolongar el ciclo recesivo. Es así como en el 2017 nuestro PIB volverá a crecer solamente alrededor del 2 % y en todo caso por debajo del promedio de lo que crecerá la economía global según el Banco Mundial, que lo estima en el 2,8 %, mientras el estimativo del FMI es del 3,4 %.

El aumento del salario minino debió ser por lo menos del 7,55 % para que quienes lo devengan hubieran conservado su capacidad adquisitiva. Es que la inflación fue del 5,75 % y a ello debemos agregar el 1,8 % que corresponde al impacto del incremento del IVA en el costo de la canasta familiar según Salomón Kalmanovitz (Salarios, El Espectador, 2 de enero 2017, p. 22).

Y si se hubiera querido incrementar algo su capacidad adquisitiva y tomar en consideración la productividad del trabajo, habría habido necesidad de un aumento adicional del 0,5 %, que habría llevado el incremento del salario mínimo al 8,06 % indispensable para estimular la economía en un momento como el actual. Pero como sólo fue del 7 %, la población de referencia no conservará su capacidad de compra del 2016 en el 2017 lo que impactará negativamente el crecimiento económico y como consecuencia inevitable el monto de la tributación. Menos mal que la inflación ha comenzado a ceder, lo que le permitirá a la Junta Directiva del Banco de la República en un término relativamente corto bajar las tasas de interés para abrirle oportunidades al crecimiento de la economía.

De otro lado, es indispensable que el Gobierno gaste menos. El clientelismo tiene infladas las nóminas oficiales a todos los niveles, como tiene inflados todos los contratos de la Administración Pública, sobre todo en materia de prestación de servicios. Otro tanto pasa con los gastos generales y con la publicidad oficial que realmente no se necesita para nada. Da grima ver cómo se despilfarra el dinero en todas estas actividades, todo ello sin incluir el costo de la corrupción, que es, al igual que la ineficiencia administrativa, hija legítima del clientelismo que nos agobia.

No se puede seguir adquiriendo compromisos permanentes de gastos con base en ingresos coyunturales. Un poco de responsabilidad en esta materia evitaría que tanto las empresas como los particulares se sientan ahogados en este mar de impuestos que obliga a dedicar alrededor de cinco meses de los ingresos, en general, para pagar tributos al Estado y a las entidades territoriales: Impuesto Predial sobre el apartamento o casa de habitación, que se puede incrementar año tras año hasta un 20 %, cuando los salarios crecen por debajo del 10; impuesto de Industria y Comercio; impuesto a la Riqueza; impuesto de Renta; impuesto de vehículos; impuesto de ganancias ocasionales; renta presuntiva; IVA al 19 %; pago por “valorización” para la construcción de obras públicas; tasas y sobretasas para todo y además estampillas municipales y departamentales, etc.

La Constitución prevé que “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad” (a.363 C.P.). No tenemos progresividad, ni la mínima, en las empresas. Ni de manera general equidad en nuestro sistema tributario. Mientras las rentas de trabajo pagan por un ingreso gravable de $34.727.000.oo el 19 %, que equivale a $6.598.000.oo, unos dividendos por este mismo valor pagarían $ 3.472.700.oo. ¿Estas rentas de capital pagando menos que las rentas de trabajo?

De otro lado, sabemos todos que si queremos que nuestras empresas sean competitivas, no pueden pagar impuesto sobre la renta gravable superior al 25 %, que es su tributación en algunos países de América Latina, competidores nuestros.

Una reforma tributaria estructural que sacara las conclusiones de los hechos habría establecido una tarifa de este orden. Y lo lógico habría sido compensar la falta de ingresos que generaría una medida de este orden gravando mejor los dividendos. Es decir, aplicándoles la misma tarifa que a las rentas de trabajo, que van del 19 % al 33 % pero que sólo comienzan a gravar los ingresos netos a partir de $34.726.311.oo.

Lo anterior implicaría que quienes ganan entre y 18 y 30 millones por concepto de dividendos no pagarían un solo centavo. Sólo comenzarían a pagar quienes tuvieran unos ingresos mensuales promedio por este concepto superiores a $2.833.333, suma que apenas alcanza para vivir modestamente.

Gravar menos a las empresas y más a los dividendos tiene, desde el punto de vista del desarrollo económico del país y de la generación de empleo, una gran ventaja: Sería un estímulo para la capitalización de las empresas, lo cual podría redundar en modernización tecnológica, mayor competitividad, mayor producción, más puestos de trabajo.
Queda pendiente la reforma tributaria fundada en la equidad, en la competitividad de nuestras empresas y en el desarrollo económico del país.
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Añadido: Recomiendo a mis lectores la entrevista que Juan Martín Caicedo Ferrer le concede a Yamid Amat aparecida el domingo 29 de enero en El Tiempo.
Constituyente 1991
Febrero 2 de 2017