Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/09/15 10:42

A más claridad sobre el acuerdo, menos votos por el No.

El Acuerdo de Paz con las FARC prevé cárcel para quienes no digan la verdad o la digan tardíamente. Es un detalle que no quieren mirar los partidarios del No.

Jesús Pérez González-Rubio. Foto: Semana.com

Las encuestas comienzan a ser favorables al país en el Plebiscito. Por el Sí votará entre el 68 y el 84 % de los encuestados. Y es que los argumentos de la oposición se van diluyendo a medida que se hace claridad sobre los alcances del Acuerdo Final gracias a la pedagogía que innumerables instituciones y ciudadanos además del Gobierno, han emprendido.

Y es que si aprobamos el Acuerdo de La Habana habremos cambiado las balas de las FARC por los votos del partido político que funden. Cada vez más las personas van entendiendo que darle el Sí al Acuerdo es darle el Sí a la paz que el Acuerdo representa.

En teoría, y también desde el punto de vista jurídico, es posible renegociar lo ya pactado. Pero habría que hacerlo en su integralidad. Ese nuevo acuerdo, según la sentencia C-379/16 de la Corte deberá tener “unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron”, lo cual desde el punto de vista práctico resulta imposible de lograr. Es la razón por la cual decirle No a los Acuerdos es decirle no a la posibilidad de paz con las FARC y decirle sí a innumerables muertes en el futuro, lo que es moralmente censurable desde cualquier punto de vista.

En otros términos, independientemente de que la Corte haya señalado que a través del plebiscito no pueden someterse a refrendación popular el contenido y alcance de los derechos fundamentales, pues éstos tienen raigambre normativa superior y, a su vez, de estos se predica una naturaleza contra mayoritaria, incompatible con el sometimiento de su vigencia a lavoluntad política de la mayoría de los ciudadanos, la verdad es que los Acuerdos con las FARC son Acuerdos de paz y por consiguiente lo que se somete a la voluntad popular no es nada distinto de la paz misma con ese movimiento, como resulta evidente.

Cada vez con más claridad la ciudadanía va comprendiendo que argumentos como el de que este Acuerdo implica paz con impunidad, no pasa de ser un eslogan que no corresponde a la realidad.

En Colombia, por lo demás, la impunidad es de alrededor del 95 % de los hechos delictivos. La ley 975 llamada de Justicia y Paz es un canto a la impunidad. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, los autores de las más horripilantes masacres, de los más terribles delitos de lesa humanidad no pagaran sino entre 5 y 8 años de cárcel de acuerdo con lo que estipula la mencionada ley? Dice: “En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”. Citemos algunas de esas masacres: La de Tocaima: 14 personas asesinadas y como en todas innumerables desplazadas; la de El Aro: 17 personas asesinadas; la de El Salado: 60 personas asesinadas; la de Mapiripan: 49 personas asesinadas; la de Macayepo: 15 personas asesinadas. Son más de 50 masacres de este tipo. También las AUC cometieron el genocidio contra la Unión Patriótica con más de 3.000 muertos. Entre ellos candidatos presidenciales e integrantes del Congreso.

¿Se les hizo justicia? No, aunque la verdad es que, hasta ahora, esas impunidades no han generado reincidencia y esto vale la pena subrayarlo. La impunidad no generó nuevas violencias por parte de esos mismos actores.

No sólo es que alrededor del 95 % de los crímenes no reciben castigo, sino que la existencia de instituciones como la del “fuero” para ciertos servidores públicos, además de contrariar el derecho a la igualdad, facilitan el no castigo de los delitos, a lo cual ayuda eficientemente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es que con excepción del que cobija al Presidente de la República, los demás fueros son perjudiciales para los intereses de la justicia.

Y no hablemos de las amnistías de carácter general que han cubierto a todas las rebeliones en la historia de Colombia desde el siglo XIX hasta nuestros días. Especial significado tuvo la del M-19, que permitió que ninguno de sus dirigentes, incluido el doctor Evert Bustamante, fuera a la cárcel. Cuando una Juez de la República resolvió llamar a su cúpula dirigente a que respondiera por el delito atroz de la toma del Palacio de Justicia, pues el indulto otorgado por la ley 77 de 1.989 excluía este tipo de delitos, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez el 20 de mayo de 1.992 presentó a consideración del Senado la proposición No.161 que tuvo total éxito y que buscaba la integración de una comisión accidental que propiciara “un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz, incluyen aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional . El instrumento jurídico fue la ley 7 de julio 3 de 1.992. El afán por la justicia no era tan agudo en ese entonces como hoy.

El Senador Evert Bustamante no hace sino mixtificar la realidad al negar que él no pagó un solo día de cárcel sólo por cuenta de estos indultos y estas amnistías. El a.6° de la mencionada Ley 77/89 reza: “El indulto no se aplicará a los homicidios cometidos fuera de combate, con sevicia, o colocando a la víctima en estado de indefensión (Fue el caso de José Raquel Mercado y muchos otros), ni a los actos de ferocidad o barbarie (Fue el caso del secuestro de Álvaro Gómez y muchos otros). Tampoco se aplicará a quienes formen parte de organizaciones terroristas (Acto terrorista fue la toma del Palacio de Justicia que convirtió en rehenes y luego en cadáveres a muchísimas personas entre ellos 11 Magistrados de la Corte Suprema)”. Fue con base en esto que la Juez mencionada les abrió causa penal. Y gracias a la diligencia del Senador Uribe, ni el doctor Bustamante ni los otros líderes del M-19, terminaron con sus huesos en la cárcel. No lo critico, pero es bueno recordar la historia en estos tiempos en que tanto se olvida y a veces se quiere reescribir.

La Justicia Transicional que se le aplicará a las FARC no es impunidad sino justicia. El Acuerdo de Paz con ella, sin embargo, prevé cárcel para quienes no digan la verdad o la digan tardíamente. Es un detalle que no quieren mirar los partidarios del No.

* Constituyente del 91

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