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Opinión

  • | 2017/02/09 08:14

    La revocatoria del mandato, Peñalosa y la libertad de prensa

    La caricatura de Chócolo en El Espectador del 7 de febrero merece rechazo de quienes defendemos la libertad de expresión porque abusar de esta libertad es una manera de conspirar contra ella.

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Es la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes, servidores públicos estos elegidos para un período institucional de cuatro años, uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el a.103 de la Carta. La Ley 741 de 2.002 previó que la revocatoria del mandato de estos dignatarios procederá sólo después de haber transcurrido un año de su posesión. En un año, sin embargo, no es posible mostrar una obra de gobierno. Sobre todo si, como en Bogotá, los retos son enormes por el considerable retardo que tenemos en salud, educación e infraestructura.

Quedan los departamentos y los municipios bajo una amenaza de inestabilidad que se agrava con la competencia del procurador general de la Nación para destituir e inhabilitar en razón de faltas disciplinarias, aun a servidores públicos popularmente elegidos. No me opongo a que la Procuraduría pueda sancionar a gobernadores y alcaldes, pero sí a que pueda destituirlos e inhabilitarlos. Distinto es si han cometido algún delito, pues en este caso deben ser perseguidos por la Fiscalía y juzgados por los jueces.

Un término de un año es demasiado estrecho para que proceda la eventual revocatoria del mandato. Y no sólo atenta contra la buena administración de las Entidades Territoriales, sino contra las finanzas de la Nación en razón del enorme costo que implica llevar a las urnas a la ciudadanía. Es una medida que carece de racionalidad administrativa y sólo se puede entender desde una óptica clientelista. Si gobernadores y alcaldes son generosos en puestos, contratos y prebendas, nunca se intentará su revocatoria.

Pero los gobernadores y alcaldes son gerentes de la cosa pública cuya labor, desde luego, debe ser evaluada en razón de sus resultados. Pero ello no es posible antes de que transcurran por lo menos dos años. Estos funcionarios bajo la Constitución de 1886 eran de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, los unos, y de los gobernadores, los otros. En 1986 el A.L. No.1 estableció la elección popular de los alcaldes para un período fijo de dos años. Disminuyó así la perturbadora inestabilidad en estos casos. Pues bien, esa amenaza de inestabilidad ha resucitado por la vía de la prematura posibilidad de revocatoria. Es algo que habrá que enmendar pronto en beneficio de las distintas ciudades y municipios si la indignación anticlientelista que parece despertar en el país triunfa en el futuro inmediato.

También habrá que acudir, por lo menos en Bogotá, al sistema electoral de la doble vuelta para elegir alcalde, como se hace para escoger presidente de la República, con el objeto de que los burgomaestres sean elegidos por lo menos por el 50 % más un votos de los sufragantes y no como ahora, que sistemáticamente lo son por poco menos de un tercio de la ciudadanía.

Mientras tanto debemos oponernos al intento de revocatoria de Enrique Peñalosa, quien, desde luego, no ha llegado a la Alcaldía de Bogotá con una varita mágica para arreglar en el santiamén de un año los enormes problemas que padece la ciudad en el área de seguridad, de educación, de salud, de vivienda, de ampliación de la oferta de transporte masivo a través de Transmilenio y la construcción de la primera línea del metro elevado, así como proyectar a Bogotá con visión de largo plazo lo que incluye su densificación allí donde las vías y la oferta de servicios públicos lo permita, así como la llamada “Ciudad Río” a orillas del Río Bogotá que se deberá convertir en el “eje de la región”. Empeñado afortunadamente en facilitar las salidas de Bogotá y las entradas a la capital con la ampliación de la ALO, de la calle 13, de la 63, de la carrera séptima, de la calle 127, de las ciclovías, de la Autopista Norte, aunque debemos recordarle, sin embargo, que la congestión no comienza en esta última en la calle 245 sino antes de la 100 hacia el norte y sí comienza por lo menos en la 245 hacia el sur. Sus programas son los que mejor consultan los intereses de los que habitamos esta gran ciudad. Y es que probablemente pocos conocen mejor que él los problemas de esta urbe atormentada de alrededor de ocho millones de habitantes.

Y como complemento de singular importancia en esta época dominada por la corrupción a todos los niveles y a lo ancho y largo del territorio nacional, vale la pena resaltar su probidad, su honorabilidad y su decencia. Los dineros públicos de Bogotá tienen “guardián en la heredad”.

Insinuar que un determinado servidor público –en este caso Peñalosa– no ha cometido acto de corrupción porque supuestamente no ha tenido oportunidad de hacerlo, y afirmar caprichosa y temerariamente que se lamenta por ello, es un intento de difamación que constituye un abuso de la libertad de prensa. La caricatura de Chócolo en El Espectador del martes 7 de febrero merece rechazo de quienes defendemos la libertad de expresión porque abusar de esta libertad es una manera de conspirar contra ella. Deberíamos tener siempre presente el deber constitucional de respetar los derechos ajenos, en este caso el derecho a la honra y al buen nombre, y no abusar de los propios, en este caso el derecho de expresión.
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Añadido: ¿Cómo entender la conducta del señor fiscal que un día ataca, de manera no por disimulada y hábil menos contundente y evidente, el proceso de paz y específicamente la JEP, y otro al Ppresidente y su campaña de reelección y da lugar a que se le pida la renuncia, en ambos casos sin fundamento probatorio controvertido y pleno?

Constituyente 1991 (*)
Febrero 9 de 2017

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